Nuclenor no ha decidido todavía si pedirá la renovación de Garoña, algo que podría hacer en su Consejo de Administración del mes de junio

Según informó Elías Fernández, portavoz de la planta atómica, la solicitud estará «condicionada a lo que Nuclenor decida». Por ello, en la central nuclear está «a la espera» de que se reúna el Consejo de Administración.

Esta cita podría celebrarse en junio, cuando está prevista la reunión ordinaria, aunque «la fecha aún no está cerrada», o bien, se podría convocar un Consejo de Administración de carácter extraordinario, similar al que se celebró en diciembre de 2012, cuando se acordó extraer el combustible y dejar de producir electricidad.

Este lunes, el presidente de Endesa, Borja Prado, anunció la intención de la empresa de solicitar la renovación de la licencia de Santa María de Garoña, para que esta pueda reanudar su actividad.

Sin embargo, desde el reactor burgalés señalaron que «no hay novedades» porque el anuncio no cambia la situación, que estará condicionada a lo que Nuclenor –Iberdrola y Endesa a partes iguales– decida en Consejo de Administración y confían en que el titular actuará «en el momento oportuno».

En todo caso, la vuelta a la operación de la central no es solamente presentar la solicitud de renovación al Ministerio de Industria y éste, a su vez, pedir informe al Consejo de Seguridad Nuclear, sino que aún hay que hacer trabajos previstos y que están pendientes.

Hace dos semanas, Fernández informó que en lo que respecta a la central, toda la documentación para presentar la solicitud de renovación, previsiblemente hasta 2024, estaba preparada, a falta de dos meses para que el 6 de julio expire el plazo de un año posterior al fin de la licencia de operación anterior. En el momento actual, la planta se rige por una licencia de cese de explotación.

Sin embargo, el pasado mes de febrero, el Gobierno aprobó un real decreto en el que se modificaba el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas con el fin de que una central nuclear cuyo cierre no se deba a fines relacionados con la seguridad nuclear o la protección radiológica, es decir, por motivos económicos, dispondría de un año a partir de su cese de actividad para solicitar una nueva renovación de su permiso de explotación.

Así, el texto permite a Santa María de Garoña solicitar su renovación de la licencia y reanudar su actividad antes de esa fecha. La planta cesó su actividad y se desacopló de la red en diciembre de 2012 –siete meses antes de la caducidad de su licencia– por un nuevo impuesto aprobado por el Gobierno.

Castilla y León agradece a Endesa la petición de continuidad

Por su parte, el consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, agradeció a Endesa la petición de reapertura de la centrar nuclear, aunque.

Villanueva recordó que la postura de la Junta «ha sido clara» en defensa del mantenimiento de su labor siempre que la seguridad esté garantizada por el Consejo de Seguridad Nuclear, por lo que insistió en que es al Consejo de Administración de Nuclenor al que le corresponde realizar la solicitud de continuidad. «Si no lo solicita no nos queda otra que agradecer la petición a Endesa», aseveró.

ELA acusa al Gobierno de «anteponer los intereses de las eléctricas»

Por su parte, el sindicato ELA denunció que el Gobierno de Mariano Rajoy «antepone de nuevo los intereses de las grandes eléctricas por encima de la seguridad de las personas» en la central nuclear de Garoña. En este sentido, advirtió de que la central burgalesa supone «un riesgo para el medioambiente y las personas» y también «un sumidero de dinero público».

«Según Endesa, el cierre de la central fue por motivos económicos y ahora este obstáculo ha desaparecido, haciendo alusión al impuesto retroactivo al combustible nuclear gastado y a los residuos radiactivos», indicó ELA.

Durante los meses de cierre de Garoña, «Endesa e Iberdrola no han parado hasta que sus peticiones se han cumplido, el Gobierno ha dado marcha atrás y una vez más les ha dado lo que querían». Según advirtió, «la ciudadanía tendrá que pagar de su bolsillo el coste de gestión de los combustibles nucleares gastados y de los residuos radiactivos».

El sindicato de Adolfo Muñoz apuntó que el cierre de la central burgalesa «no fue por un simple motivo económico» y «las eléctricas no quisieron pagar las mejoras exigidas por seguridad por el Consejo de Seguridad Nuclear».

«Garoña no es segura y todas las personas que vivimos alrededor corremos un grave riesgo que, año tras año, gobiernos y empresas quieren ocultar», denunció.

Finalmente, anunció que hasta que se efectúe la petición de la licencia, cuya «fecha límite es el 6 de julio», ELA continuará «luchando para que esta central no se ponga en marcha nunca más» porque constituye «un riesgo para el medioambiente y las personas», además de «un sumidero de dinero público que no estamos dispuestos a pagar».

PSE-EE denuncia que el Gobierno de Rajoy «se ha entregado» a las eléctricas al facilitar la reapertura

El secretario general de los socialistas alaveses, Txarli Prieto, afirmó que el anuncio de Endesa sobre la reapertura de Garoña demuestra que el Gobierno de Mariano Rajoy «se ha entregado a los intereses de las eléctricas» al facilitar, «de forma opaca», la actividad de unas instalaciones «obsoletas e innecesarias». Además, propuso que el Parlamento vasco se pronuncie, «de forma urgente, contra la concesión de la nueva licencia».

El dirigente socialista aseguró que «los responsables de la eléctrica explicaron a los accionistas que las razones económicas que motivaron el cierre en 2012 ya no existen, debido al cambio en la legislación que concierne a la retroactividad de los impuestos a los residuos nucleares» y recordó que estos cambios vienen «derivados de las últimas modificaciones fiscales del Ejecutivo de Rajoy que permite a Nuclenor pagar 153 millones de euros menos que si hubiera mantenido la actividad hace dos años».

«Garoña es una central obsoleta que fue cerrada por un Gobierno socialista, que se ha demostrado que no es necesaria y cuya reapertura no sirve más que para alarmar a los ciudadanos por las dudas de seguridad que plantea», ha reprochado. Además, denunció la «falta de transparencia» del Ministerio de Industria.

Txarli Prieto registró una proposición no de Ley para su debate urgente en el Parlamento vasco, en la que recordó que «el conjunto de las instituciones vascas, con especial intensidad las alavesas, y la gran mayoría de los representantes políticos, vienen manifestando desde hace años su rechazo a la prolongación de la vida útil de unas instalaciones que forman parte de la primera generación de reactores nucleares, que fueron diseñadas para 30 años, y que ya han estado 40 funcionando».

De esta forma, precisó que «se ha cumplido con creces la rentabilidad económica diseñada por sus propietarios y ningún informe técnico puede avalar la seguridad de su continuidad».

Tras «constatar que esos argumentos son desoídos» por los propietarios de la central, «que parecen dar por amortizada la preocupación mundial que causaban los reactores de primera generación tras el desastre de Fukushima», y que «parece que han contado con las facilidades ofrecidas legalmente por el Gobierno de Rajoy», Prieto planteó «instar al Gobierno de España a no autorizar una nueva licencia para la reapertura de estas instalaciones».

El dirigente del PSE-EE quiere que este rechazo se exprese en junio, para que la posición de la Cámara «sea atendida antes de que el Consejo de Seguridad Nuclear y el Gobierno tomen ninguna decisión».

El PNV lamenta que Nuclenor vaya a solicitar la reapertura

Por su parte, el portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, lamentó que la empresa propietaria de la central nuclear de Garoña vaya a solicitar su reapertura, puesto que, según dijo, es una instalación atómica que está «obsoleta» y que no «aporta nada» a la generación eléctrica de España.

«Esto ha sido una mala noticia. Pensábamos que ya se había pasado página. Ha sido contestada por todos los partidos políticos, incluido el PP en Euskadi, y ahora nos enteramos de que Nuclenor va a solicitar la reapertura. No es una buena noticia y lo mejor que podemos hacer es cerrarla cuanto antes», sentenció el diputado vasco.

Denunció igualmente que el Gobierno «no se había dado cuenta de que era una central obsoleta, que no aporta nada a la generación eléctrica».

El Gobierno vasco está «absolutamente en contra» de la continuidad

También, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, aseguró que el Ejecutivo autónomo se encuentra «absolutamente en contra» de una posible continuidad de la actividad de la central nuclear de Garoña, tanto «por razones de seguridad» como de «obsolescencia».

El portavoz del Gabinete Urkullu recordó que, en Euskadi «en general y en Araba en particular» ha habido declaraciones del conjunto de las instituciones, entre ellas, el Parlamento vasco o las Juntas Generales alavesas, contrarias a la continuidad de Garoña.

Según el Gobierno autónomo, la central burgalesa «ha cumplido ya su vida útil» y «existen razones de seguridad y fundadas en la obsolescencia de la central» que justifican el mantenimiento de su cierre. «Por supuesto, el Gobierno está absolutamente en contra de la decisión de reabrir esta instalación energética», dijo.

Erkoreka no quiso especular sobre «los motivos o circunstancias» por los que el Gobierno central «haya podido tomar esta decisión». «Si ha habido o no presiones, o se ha encontrado en un contexto en el que la influencia de grandes empresas haya podido ser decisiva en la decisión, entra en el terreno de lo secundario y lo anecdótico», explicó.

A su juicio, «lo claro» es que «ya hay una posición institucional clara, casi unánime» de las instituciones vascas y las alavesas en contra de la continuidad de la central nuclear, «y continúan estando vigentes los motivos de obsolescencia y de seguridad que aconsejaban en el pasado y siguen aconsejando el mantenimiento del cierre». «El Gobierno vasco no puede estar más en contra de esta decisión del Gobierno central», puntualizó.

Para Erkoreka, los criterios «que deben prevalecer» en el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) deben ser «técnicos, relativos a la seguridad». A su juicio «no tiene lugar tomar decisiones con relación a la vida útil de una central nuclear que no se fundamenten estrictamente en motivos relacionados con la viabilidad de las instalaciones y, sobre todo, con su seguridad y las garantías que dan al entorno».

Además, reiteró que Garoña, con 43 años de explotación, ha agotado su «vida útil» y que ello, unido a «motivos de seguridad» hacen que el Gobierno vasco insista en que «no debería continuar abierta».

Los ecologistas ven «descabellado» la posible reapertura

Finalmente, Greenpeace y Ecologistas en Acción consideraron «descabellado» el anuncio del presidente de Endesa de que esta compañía e Iberdrola solicitarán al CSN la reapertura de la Garoña.

Greenpeace mostró su «gran preocupación» por este anuncio al tratarse Garoña de la central nuclear más antigua de la Unión Europea y la quinta del mundo. «Una nuclear envejecida presenta riesgos para la población y el medio ambiente completamente evitables, ya que la aportación de electricidad de Garoña al conjunto es muy pequeña y existen muchas alternativas más seguras como las energías renovables.», declaró Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de esta organización.

Señaló que los riesgos derivados del envejecimiento de Garoña son «insalvables» porque «siempre estaría a la zaga de las normas de seguridad que se establecen como aceptables hoy en día».

«Ciertas partes esenciales de los reactores nucleares no pueden ser sustituidas, los reemplazos y las actualizaciones introducen nuevos riesgos debido a las diferencias en la compatibilidad, la pérdida de personal experimentado (en especial, aquellos que conocen la planta desde el principio) conduce a la pérdida de unos conocimientos de vital importancia y el aumento del almacenamiento del combustible nuclear gastado también añade riesgos», añadió.

Por su parte, Ecologistas en Acción aseguró que «el gasto millonario en reparaciones no garantizaría la seguridad de una central obsoleta y llena de grietas, la zona continuaría en amenaza constante y los empleos pendientes de la siguiente avería y cierre».

Ecologistas en Acción recalcó que reabrir Garoña supondría una inversión de 150 millones de euros, lo que consideró «descabellado», y que «las reparaciones no despejan la incertidumbre en una central tan vieja». «Nuevas averías podrían producir la paralización de la planta o incluso un accidente con escape radiactivo incluido. El accidente de Fukushima, cuyo reactor número 1 es idéntico al de Garoña, ha puesto a las claras el riesgo de jugar con la energía nuclear», apostilló.