El presidente del Comité de Empresa precisó que les han indicado que en ese momento se iniciará el proceso de una parada ordenada para sacar del núcleo del reactor el combustible atómico que será depositado en la piscina de almacenamiento nuclear de la instalación. Para ello, se están estudiando diferentes escenarios pero, según subrayan, todavía no se ha tomado una decisión.

El objetivo de la empresa propietaria de la central, Nuclenor, es que la actividad haya cesado totalmente antes del 1 de enero, de manera que no tenga que pagar la nueva fiscalidad recogida en la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, actualmente en trámite parlamentario en el Senado, y que gravaría el volumen de metales pesados depositado en las plantas nucleares que permanezcan activas en esa fecha.

González afirmó que según las estimaciones de la empresa esa nueva fiscalidad supondría el pago de 150 millones de euros, una cantidad que Nuclenor consideró que no sería asumible cuando el cierre de Garoña está previsto por orden ministerial para el 6 de julio de 2013.

En cualquier caso, Nuclenor precisó que esta decisión no tiene necesariamente por qué significar el cierre de la planta antes de julio de 2013, fecha hasta la que la compañía tiene autorización para operar, porque se podría tomar la decisión de volver a arrancar la central en enero.

La nueva normativa establece un impuesto por la producción de residuos nucleares que se cifra en 2.190 euros por kilogramo de uranio y plutonio del combustible nuclear gastado.

El presidente del Comité de Empresa insistió en que «todavía hay tiempo para que la empresa de marcha atrás y Garoña siga funcionando», dado que Nuclenor les comunicó que podría cambiar de postura si se modifica en el trámite parlamentario el citado impuesto que gravaría los metales pesados.

En este sentido, González expresó su confianza en que se pueda introducir algún cambio vía enmienda al proyecto de Ley, que aún no está aprobado. El presidente del Comité tiene intención de mantener una última reunión con la empresa una vez que concluya el citado trámite en las Cortes generales.

Almaraz pospone su recarga

La futura normativa está generando decisiones empresariales en otras centrales nucleares. Así, la Central Nuclear de Almaráz (Cáceres) decidió posponer la recarga de combustible de su unidad I, que tendría que haberse producido «el 7 de diciembre», una decisión «empresarial» adoptada ante la discusión del Proyecto de Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

Se trata de una recarga de combustible que tendría que haber finalizado el 23 de diciembre de 2012, y cuya fecha de culminación se desconoce ahora. En concreto, la recarga supuso la contratación de 1.100 trabajadores adicionales desde el 10 de noviembre, cuando comenzó la recarga.

El portavoz de la central, Aniceto González, explicó que las modificaciones introducidas en el proceso de tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley, prevista para 1 de enero de 2013, «tendrían un impacto considerable sobre la gestión del combustible de la Unidad 1».

A este respecto, informó de que las modificaciones legislativas que se discuten en las Cortes «afectan en términos económicos», de manera que «cargar el combustible antes o después de la entrada en vigor supone una cantidad económica interesante e importante, que las empresas propietarias están analizando y evaluando el llevar a cabo o no», según explicó.

Una reforma legislativa que las empresas propietarias de Almaraz creen que «tendrá enmiendas en el Senado y que probablemente tendrá que volver al Congreso», según González, que insistió que esta decisión se mantiene a la espera de la concreción de la norma.

A este respecto, informó de que, una vez que se haya concluido el estudio, se producirá «una replanificación del programa de recarga» de la unidad 1, «que estaba previsto que se acoplará en la red eléctrica el 23 de diciembre», pero que se verá retrasado sin fecha, de momento.

Por otro lado, el representante de la central informó de que la planificación de trabajo se desarrolla «respetando los adecuados niveles de seguridad y de protección radiológica en todos los trabajos».

Según detalló, conllevará, «en caso de posponer más allá de la próxima semana las tareas de carga del núcleo, una «replanificación» que obligará a no poder contar con parte de los trabajadores que ahora mismo están ejerciendo su actividad en la planta.

Aniceto González reconoció que es «condición indispensable el tener cargados los 157 elementos de combustible en el núcleo del reactor», así como «tapada la vasija del reactor para poder iniciar de nuevo el ciclo de producción de 18 meses», por lo que hasta que eso no suceda «no se podrá conectar de nuevo a la red».

Del mismo modo, el portavoz de la Central Nuclear de Almaraz especificó que «no se trata de ningún aspecto técnico en absoluto», y que el resto de actividades se desarrollaron «con total y absoluta normalidad», llegando hasta «las 8.500 órdenes de trabajo de revisión de los equipos y componentes de la planta».