Nuclenor asegura que Garoña entraría en pérdidas si mantuviese la actividad con el nuevo gravamen
En declaraciones al Diario de Burgos, Torralbo señaló que «sin la aplicación de la fiscalidad contenida en el proyecto de ley, Nuclenor no preveía pérdidas ni en este ejercicio, ni en los siguientes hasta 2019».
Ante ese horizonte, la empresa manejaba unas inversiones de 120 millones de euros para la renovación del permiso de funcionamiento y las mejoras derivadas de las pruebas de resistencia, a la vez que insistió en que no se había planificado un extra en el coste medio de dieciséis euros por cada megavatio producido, como el que contempla la nueva ley.
Asimismo, señaló que la empresa manejaba un nivel de pérdidas cercano a 24 millones de euros en julio de 2013, a causa del cese de explotación y como consecuencia de las amortizaciones y dotaciones extraordinarias, a las que ahora hay que sumar los efectos del cese anticipado.
Además, afirmó que Nuclenor planteaba un lucro cesante de 950 millones de euros en el escenario de la operación hasta 2029 y de 385 millones de euros para 2019, de acuerdo al informe que la consultora NERA realizó en el periodo 2008/2009.
Por otro lado, aseguró que la nueva legislación planteada perjudica especialmente a la generación hidráulica y nuclear, «justamente los dos sistemas de generación que garantizan la seguridad de suministro, evitan las importaciones energéticas y las emisiones de CO2».
En cuando a las sucesivas enmiendas que el PP aplicó sobre el proyecto legislativo, señaló que aumentaron las «exigencias» a las nucleares, a la vez que aseguró que el proyecto de ley afecta a todas las centrales nucleares españolas, de forma directa o indirecta.
Finalmente, dijo que la voluntad de la empresa es mantener la actividad generando electricidad, aunque reconoció que esta postura es inviable con la legislación planteada, que supondría para Garoña 153 millones de euros, por lo que «no creo que pueda hablarse de chantaje en estas circunstancias».
Garoña reconoce 732 empleos en noviembre
La central nuclear de Santa María de Garoña contaba el mes pasado con 732 empleados en su planta, según reconoció en el que puede ser su último boletín mensual de funcionamiento, correspondiente a noviembre.
La mayoría de los trabajadores, 435, pertenecen a 73 empresas colaboradoras radicadas en el área de influencia de la planta mientras que 297 son personas contratadas por Nuclenor, empresa propietaria de la central.
En el boletín se aseguró que la planta funcionó el mes pasado al cien por cien de su capacidad y no realizó ninguna emisión contaminante a su entorno.
Además, se incluyó el comunicado que Nuclenor emitió la semana pasada tras al reunión de su consejo de administración, en el que se anunciaba la parada de la planta para vaciar el combustible del reactor y llevarlo a la piscina de la central, de manera que se evitará el pago de la nueva tasa que gravará la generación de residuos de alta actividad.
La central está desde el pasado domingo desenganchada de la red eléctrica y comenzó ya el vaciado del uranio del reactor, un proceso que se prolongará durante toda esta semana.
La empresa propietaria de la planta anunció su intención de que la actual parada se convierta en el cese definitivo de actividad, aunque reconoció que la planta podría volver a operar si finalmente se retira o modifica sustancialmente la nueva tasa, que previsiblemente recibirá el visto bueno en el Congreso este jueves.
La Diputación de Burgos cree que la planta es «viable» económicamente
Por su parte, el presidente de la Diputación de Burgos, César Rico, aseguró que la central nuclear burgalesa es «viable» económicamente, pese al nuevo gravamen al sector energético, con el que pretende justificar el cierre anticipado la empresa Nuclenor, propietaria de la planta.
«Garoña todavía es viable económicamente y, por consiguiente, estamos ante una decisión empresarial«, aseveró Rico, antes de reiterar que el cierre anticipado de la infraestructura es una decisión del ámbito privado.
Al respecto, destacó la importancia del «compromiso con el territorio», teniendo en cuenta la trayectoria de la central y los puestos de trabajo que dependen de ella, de forma directa o indirecta e insistió en que el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética afecta a todo el sector y no solo a la planta burgalesa. «No es una tasa contra la central de Garoña, sino del sector energético» concluyó.
Valle de Mena reclamará al Gobierno inversiones en la zona
Asimismo, el Ayuntamiento del Valle de Mena aprobará este viernes en una Junta de Gobierno extraordinaria una moción a favor del cierre de la central nuclear de Garoña en la que además se reclamará que se retome el el Plan de Dinamización Económica y Medidas de Empleo de la zona aprobado por el Consejo de Ministros del 20 de noviembre de 2009.
La moción, presentada por el Equipo de Gobierno, ratificará otras iniciativas similares aprobadas e instará al Gobierno de España a que ordene el cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña, «como máximo en julio de 2013», al finalizar la licencia de explotación en vigor, «o anteriormente con las garantías de seguridad correspondiente».
Además, se pedirá al Ejecutivo central que «desista de cualquier nuevo intento de revocación de la fecha de cese definitivo de la explotación de la central nuclear», fijada para el 6 de julio de 2013, por la Orden del Ministerio de Industria OITC/1785/2009.
En la moción también se reprobará la actitud de un Gobierno de España que, «al anunciar que está abierto a que nuevos operadores mantengan operativa Garoña, constata que no contempla, en ningún caso, el cese definitivo de la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña en 2013, fecha establecida por la OITC/1785/2009 de 3 de julio».
Por otra parte, se considerará «igualmente reprobable» la actitud de Nuclenor, que al dejar la puerta abierta a una posible reapertura en el supuesto de no aprobarse finalmente la tasa, «demuestra su intención de utilizar la parada como medida de negociación, aún a sabiendas todas las partes, que los plazos legales están vencidos irreversiblemente».
Renace la demanda de un parador en los alrededores de la central
El alcalde de Oña (Burgos), Arturo Luis Pérez, pidió al Gobierno que retome la idea de construir un parador en los alrededores de la central nuclear de Santa María de Garoña y defendió que esa debería ser una de las medidas contempladas en un plan de reactivación de la zona, plan, que «vistas las circunstancias no se debería haber paralizado».
A este respecto, consideró que aunque el Gobierno pretendía demorar el cierre hasta 2019 (frente al 2013 fijado por el anterior Ejecutivo), podía haber mantenido el plan previsto, relajando en todo caso los plazos establecidos.
«Ahora no tenemos central y no tenemos plan», prosiguió este alcalde socialista, que «afirmó que pese a la situación económica y a mala situación de Paradores «hay que hacer algo en la zona».
En la misma línea, denunció que «fue una grave irresponsabilidad» parar el Plan Garoña, porque «un plan no se hace ni se pone en marcha de la noche a la mañana».
Oña ofreció el Monasterio de San Salvador para albergar un parador. En 2003 ya pidió que entrara a formar parte de la red de la cadena pública hotelera pero su propuesta fue rechazada.
San Salvador de Oña es un antiguo monasterio benedictino fundado en el año 1011 por el conde de Castilla Sancho García que estuvo poblado por monjes hasta 1835. Desde entonces ha tenido otros usos como el de psiquiátrico o el de geriátrico. Actualmente, este edificio, declarado bien Cultural Protegido por Patrimonio Nacional, está abandonado. En 2010, dejó de acoger una residencia de ancianos.



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