Así, la empresa reiteró que el cese de su actividad se debe «exclusivamente a razones económicas y no técnicas ni de seguridad». de este modo, afronta la declaración de cese definitivo, o de pre-desmantelamiento, conforme a lo previsto en el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas.

En este contexto, subrayó que la declaración de cese llega como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, puesto que su aplicación suponía un aumento de los costes de la planta atómica burgalesa en más de un 30%.

De este modo, el titular reconoció que «a partir de este momento» la situación administrativa de la central es la de cese de actividad» e inicio de la fase de pre-desmantelamiento de la instalación que añade que tendrá una duración «aún no definida».

Por ello y como consecuencia de este cambio, el titular añadió que la organización y las actividades «se irán adaptando progresivamente a lo requerido por la nueva situación».

Sin embargo, anunció que en el periodo de transición «no tomará decisiones irreversibles para la operación de la central», por lo que mantendrá la plantilla de la empresa y se seguirá desarrollando un conjunto de actuaciones de planificación y mantenimiento «adicionales» a las de las actividades de cese.

Asimismo, añadió que continuará adoptando «todas las medidas necesarias que garanticen la seguridad» de la central «como ha hecho hasta el momento» e insistió en que «no renuncia a la posibilidad de solicitar una renovación de la autorización de explotación de la central en caso de que las condiciones así lo permitiesen.

«Desde Nuclenor queremos destacar el trabajo serio y riguroso que tantas personas, empresas e instituciones están haciendo para encontrar una solución que beneficie a todos y que pueda suponer una oportunidad para el futuro», concluyó el titular.

Por este motivo, explicó que se intenta mantener «plenamente operativa» a Garoña, de la que dice que está «plenamente integrada en el entorno y cuya actividad contribuye activamente al desarrollo socioeconómico de la provincia de Burgos».

Además, el titular elogió la «enorme profesionalidad» con que afrontaron «todo el proceso» los trabajadores y de todas las empresas colaboradoras que apoyan el funcionamiento de Santa María de Garoña y destacó que mantuvieron el «buen funcionamiento de la central», lo que permitió la «buena situación de la planta de forma incuestionable».

En este contexto recordó que en septiembre de 2012, Nuclenor tomó «la difícil decisión» de no pedir la renovación del permiso de funcionamiento al «presuponer, como luego se confirmó», que la nueva Ley de medidas Fiscales que entraría en vigor «hacía inviable económicamente» el funcionamiento de Garoña, a pesar de que la planta invirtió 7 millones de euros en 2012 en proyectos «exclusivamente destinados a la continuidad».

Igualmente, reiteró que «también» en 2009 y 2012 a pesar de tener un «horizonte incierto», Nuclenor invirtió 50 millones de euros e incorporó 25 nuevos profesionales. De este modo, defiende que la «apuesta por la continuidad» del titular fue «clara e incuestionable».

Por otro lado expuso que el pasado 16 de mayo, solicitó a Industria la posibilidad de que se le concediera un año de prórroga, en el que se mantendría sin producir electricidad y en el que pudiera evaluar si solicitar una prórroga de su vida útil. Entonces, el departamento que dirige José Manuel Soria solicitó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que estudiara la cuestión y concluyese en un informe si este supuesto sería posible antes del 1 de junio.

El organismo regulador avaló dicha posibilidad y remitió en plazo y forma el informe a Industria que, sin embargo, no modificó la orden ministerial que permitiría este supuesto antes de la fecha autoimpuesta, según explicó el propio Soria por que no había dado tiempo administrativo a cambiar dicha orden.

«Esta modificación no ha podido ser concedida por el ministerio por la imposibilidad del cumplimiento de los plazos previstos en la ley que regula el procedimiento administrativo», señaló.

El ministro confirmó que en el momento actual, conforme a lo previsto en el reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, y con anterioridad al 6 de julio, el Ministerio de Industria deberá declarar mediante orden ministerial el cese definitivo de explotación de esta central.

De este modo, y cumpliendo los tiempos establecidos, el CSN remitió el 4 de junio a Industria el informe relativo a la declaración del cese definitivo de explotación de Garoña.

En dicho informe, el organismo regulador establece el cese definitivo de la licencia que permite al titular realizar las actividades previas al desmantelamiento, de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones Nucleares Radiactivas; poseer y almacenar elementos combustibles de uranio ligeramente enriquecido; y poseer, almacenar y utilizar los materiales radiactivos, las sustancias nucleares y las fuentes de radiación necesarias para la explotación de la instalación.

No obstante, Soria apuntó una puerta abierta al indicar que se estaba analizando la cuestión respecto a los aspectos relacionados con la regulación de ese cese definitivo y de explotación, ya que el cese no se produce por razones de seguridad nuclear, «sino única y exclusivamente» responde a razones económicas. «Es lo que está estudiando el ministerio», apostilló.

No obstante, la central lleva sin producir electricidad desde el 28 de diciembre de 2012, cuando a raíz de la inminente entrada en vigor de un nuevo impuesto al combustible nuclear, el titular decidió dejar de operar al considerar que le supondría un coste adicional de unos 152 millones de euros, algo que consideraba inasumible.

El 28 de diciembre pasado Nuclenor remitió una carta al Ministerio de Industria en la que le precisó que el cierre se debía a «motivos exclusivamente económicos» y no técnicos o de seguridad, por lo que «si se produjesen cambios normativos que así lo permitiesen» la empresa consideraría «la posibilidad de solicitar una renovación de la autorización de explotación», mostrando así su voluntad de continuidad.

El PSOE «no tolerará ninguna intromisión» del Gobierno

El secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán, advirtió al Gobierno de que su partido «no tolerará ninguna intromisión» en la central de Garoña tras firmarse la Orden Ministerial de cese definitivo de la explotación.

Asimismo Morán recordó que Garoña pasa a estar bajo el control del Consejo de Seguridad Nuclear e instó al Ejecutivo a «abandonar la actitud de mangoneo» sobre este organismo en defensa del interés general en una materia tan sensible como la energía nuclear.

El secretario aseguró que si el actual presidente del regulador atómico, Fernando Martí, no se ve «capacitado para preservar» su independencia del Gobierno «debería pensar en ceder su puesto a alguien que estuviese en condiciones de mantenerla».

Como conclusión, Morán, dijo que no le cabe duda de que «el Ejecutivo seguirá desplegando su sorprendente capacidad creativa, sin que los límites que marcan la independencia del CSN puedan suponer ningún freno a la misma» y remarcó una vez más que el PSOE no «tolerará esta intromisión».

PNV, PSE y Bildu defienden el cierre y critican su posible reactivación

PNV, PSE-EE y EH Bildu defendieron el cierre de la central nuclear de Garoña y criticaron el anuncio del Ejecutivo central de impulsar las «modificaciones normativas necesarias para que pueda volver a la actividad» en un futuro al tratarse de un cierre por «motivos económicos y no de seguridad».

La parlamentaria del PNV María Eugenia Arrizabalaga consideró que lo que sucede con la central burgalesa raya «la tomadura de pelo a la ciudadanía», ya que se está «ante un culebrón que debería hoy finalizar, aunque parece que hay quien tiene intención de que no sea así».

Tras incidir en que se está ante la central más vieja del Estado, está «obsoleta y es peligrosa», defendió que si funcionara, la electricidad generada supondría un 1,5% de la producida en el Estado. «Está amortizada la inversión y casi todos llevamos muchos años exigiendo el cierre de la central», recordó.

Asimismo, afirmó que la instalación afecta a una población de 2 millones de personas y si sucediera algo similar a lo acaecido en Fukushima (Japón) «habría que sacarnos a todos de donde estamos, por lo que hay razones sobradas para su cierre».

«El Partido Popular desde que llegó al Gobierno ha expresado su voluntad de mantenerla abierta y yo creo que es una cuestión más de ideología… Ahora vemos un cambio de normativa que dice que si el cierre es por motivos económicos es reversible», criticó, para añadir que no es optimista respecto a un cierre total, aunque «tampoco es fácil continuar con la actividad».

Por último, remarcó que los jeltzales apuestan por un ideal de «soberanía energética y autoabastecimiento» y, en este momento, «eso no pasa porque Garoña siga funcionando».

El parlamentario de EH Bildu Dani Maeztu subrayó que hace meses que Garoña dejó de suministrar energía a la red eléctrica y tampoco ha pasado nada. «Con su cierre se está ante una novela en la que lo más triste es que se plantee el cierre por motivos económicos, no por motivos de seguridad», ha criticado.

En este contexto, defendió que se puede prescindir de la energía nuclear «en su totalidad», aunque subrayó que se está ante un debate que va más allá de cuestiones económicas sino que es sobre todo «un modelo energético». «Hay un oligopolio de cinco empresas que curiosamente tienen en sus plantillas a ministros y expresidentes», denunció.

Por ello, remarcó que la coalición soberanista rechaza la continuidad de la central de Garoña y del uso de la energía nuclear, al tiempo que abogó por recurrir a las energías renovables.

El secretario general del PSE alavés, Txarli Prieto, subrayó que lo que se está haciendo es lo que ya dejó en marcha el Gobierno socialista anterior, que anunció que en 2013 se cerraría la instalación. «Es la única hoja de ruta que, a día de hoy, se está poniendo en marcha», indicó.

«También se está demostrando que la energía nuclear no es una necesidad, algo con lo que vivir obligatoriamente sino una opción», manifestó.

A su juicio, con el cierre de la central burgalesa y su posible reactivación en el futuro se está ante una «cadena de despropósitos y mentiras» en la que el Gobierno del PP «se arrastra y humilla ante Nuclenor».

«Hay mentiras demasiado peligrosas en torno a esto porque no es cierto que el problema sea solo económico. Nuclenor debería invertir cientos de millones de euros para que la central pudiera volver a funcionar según las exigencias de la Unión Europea», indicó, para añadir que la central debería haber sido clausurada en 2011.

Por su parte, la parlamentaria del PP Laura Garrido reconoció no saber si habrá un cambio de normativa que permita la reapertura de la instalación en el futuro y advirtió de que si se produce ésta deberá estar sujeta a la «tramitación correspondiente». Asimismo, defendió la validez de la energía nuclear «en base a criterios de seguridad.

«A día de hoy tenemos en una orden de cierre de la explotación. El cierre obedece a razones económicas y no de seguridad», indicó, para añadir que la instalación pudo estar cerrada desde 2009, pero PSOE y PNV «pactaron en la Ley de Economía Sostenible prorrogar la vida útil de las centrales a 40 años».

En este contexto, denunció que el Partido Socialista, cuando tuvo responsabilidades de gobierno, prolongó «la vida útil de las centrales», además de haber «implantado e impulsado las centrales que están en España».

Por último, el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, señaló que, actualmente, la energía nuclear es «indispensable», aunque posiblemente en el futuro se pueda ir prescindiendo de ella.

«Las centrales, para que puedan seguir funcionando, deben cumplir los requisitos técnicos indispensables y en el caso de Garoña debían haber realizado las inversiones necesarias para seguir siendo segura», consideró.

A su juicio, aquellas instalaciones que sean seguras no deberían tener problemas para seguir funcionando y subrayó que «no es verdad que Garoña se caiga a pedazos». Por último, consideró que se está ante un «vodevil inaceptable por parte del Gobierno de España que incluso llegó a reunirse con Endesa e Iberdrola en privado y en secreto».

El alcalde del Vitoria-Gasteiz (Álava), el popular Javier Maroto, reclamó un cierre «definitivo» de la central nuclear de Santa María de Garoña, instalada en la localidad burgalesa de Valle de Tobalina, a unos 60 kilómetros de la capital vasca.

Maroto manifestó que está «a favor del cierre definitivo de Garoña, sin condiciones ni aplazamientos».

Greenpeace dice que modificar las normas es «delictivo»

Por su parte, Greenpeace anunció que tomará las acciones legales oportunas para que no prosperen medidas que pretendan evitar el cierre total de la central ya que eso sería «delictivo».

La organización ecologista advirtió de que con esta orden de cierre el Gobierno «favorece» los intereses de una compañía energética por encima de la seguridad de la ciudadanía, puesto que «ha obviado todas las exigencias del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)».

Por este motivo, Greenpeace animó a la ciudadanía a sumarse a la concentración ante Garoña que se celebrará este domingo a las 12.00 horas.

El grupo ecologista recordó que la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que el Gobierno realizará las «modificaciones normativas necesarias para que pueda volver a la actividad», por lo que exigió «transparencia y legalidad» en los procesos iniciados por el Ejecutivo puesto que ya «ha iniciado» esas modificaciones al introducir la posibilidad de renovar un permiso después del cese en el proyecto de Real Decreto para la gestión de residuos nucleares.

Para la organización, los «motivos económicos y no de seguridad» que expresa la orden de cierre «son los que permitirían» reabrir la central amparándose en el citado proyecto de Real Decreto para la gestión de residuos nucleares.

«Esto no sucedería si el cierre hubiera estado basado en las razones de seguridad reconocidas por el CSN, además de que el proyecto de RD prohíbe expresamente la reapertura en este caso», aseguró la organización.

Por otro lado, la responsable de la Campaña Nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, recordó que los actos administrativos que se dictan «a sabiendas» de favorecer intereses particulares se definen, según el artículo 404 del Código Penal, como prevaricación, al tiempo que advirtió que el ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Manuel Soria, «debería saber» que escribir normas que favorezcan el interés particular «es un delito grave».

Finalmente, Greenpeace añadió que lo que sucedió este viernes es una prueba «más» de la connivencia existente entre el Gobierno y las grandes eléctricas en España y un caso «más» para el estudio de la Fiscalía General Anticorrupción.

Asimismo y según Carlos Bravo, anterior responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace, Industria está intentando poner en marcha la central, basándose en que su clausura no responde a motivos de seguridad nuclear, sino económicos.

Para ello, según Bravo, ahora en el grupo ecologista Salvia, se está estudiando la normativa relativa al cese de explotación de las instalaciones nucleares.

«Y probablemente esté pensando también en algún cambio al respecto en la legislación nuclear, que bien podría conocerse en los próximos días» cuando el Gobierno anuncie su reforma energética.

IU participa en la marcha contra la Nuclear de Garoña

Una amplia delegación de Izquierda Unida (IU), encabezada por el responsable federal de Políticas Energéticas y coordinador general de IU-Aragón, Adolfo Barrena, participará el próximo domingo, día 7, en la Marcha contra la Nuclear de Garoña (Burgos).

Esta marcha está organizada por la Coordinadora contra Garoña, integrada por Ecologistas en Acción y diversas asociaciones sociales y políticas de la cuenca del Ebro. Se trata de una cita que se repite anualmente desde hace más de tres décadas.

La Marcha contra la Nuclear de Garoña partirá a las 12.00 horas desde la localidad burgalesa de Barcina del Barco y finalizará frente a las puertas de la central nuclear ubicada en la cabecera del río Ebro.

Barrena, responsable Federal de Políticas Energéticas de IU, manifestó que la federación espera que «ésta sea la última vez» que haya que manifestarse contra Garoña.

El dirigente federal de IU criticó que el ministro de Industria, José Manuel Soria, haya «forzado» al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a votar si Garoña se mantiene un año más en parada fría (sin operar ni producir electricidad, a baja temperatura), como quiere la empresa Nuclenor o se produce el cierre definitivo.

«Lo curioso es que nuestro ministro tardó menos de 24 horas en convocar al CSN una vez le llegó la petición de Nuclenor», dijo Barrena, al tiempo que criticó la actitud del ministerio «posicionándose del lado de los intereses de la empresa propietaria, dejando patente el interés que tiene el Gobierno del PP de prorrogar de forma efectiva la vida de la central nuclear más antigua de España».

El responsable federal de Políticas Energéticas de IU denunció también «el cinismo y la demagogia que está utilizando Soria» en este caso al argumentar, entre otras razones para no cerrar Garoña, «que hay que mantenerla para acabar con la dependencia energética de nuestro país».

«Lo dice el mismo responsable del Gobierno que está impidiendo el desarrollo de las energías renovables, que son recursos endógenos, que contaminan menos, que evitan la dependencia energética, que crean empleo y que rompen el monopolio de las multinacionales de la energía», apostilló.

IU exigió una «aclaración definitiva de lo que va a pasar con Garoña a partir del sábado, sin rodeos y sin que queden abiertas ‘puertas falsas'». De igual forma, Barrena reclamó el comprometido Plan de Reindustrialización para el Valle de Tobalina.

«Es urgente para evitar que, otra vez, sean el empleo y los trabajadores y trabajadoras quienes paguen las consecuencias de la irresponsabilidad y de la falta de planificación económica y energética del Gobierno del PP», dijo.

Señaló que «hay argumentos más que suficientes para abandonar el uso de la energía nuclear de índole ambiental, económico y de salud pública». «A estas alturas están sin definir los límites de las reservas de uranio y cada vez es más evidente que la energía nuclear no aporta medidas para evitar la emisiones de gases efecto invernadero ya que, dada su implantación dentro del sistema eléctrico global, son un freno real para el despliegue, a gran escala, de las renovables», apuntó.

Por su parte, el Gobierno Vasco se mostró convencido de que Garoña no cerrará de forma definitiva y volverá a la producción cuando sea rentable para sus propietarios (Nuclenor está participada al 50% por Endesa e Iberdrola).

«Creo que esa central todavía no se va a cerrar definitivamente, puede quedar ahí y, en determinado momento, volver a ser rentable y volver a abrir si las inversiones son asumibles por Nuclenor», dijo la consejera vasca de Desarrollo Económico, Arantza Tapia.

Por su lado, la Junta de Castilla y León confió en que se autorice una prórroga para Garoña y «todavía tiene esperanzas», en palabras de su consejero de Economía, Tomás Villanueva.