En el texto de su voto particular, registrado en el CSN este lunes a raíz del informe favorable que el organismo emitió el viernes pasado respecto a la solicitud de Nuclenor a Industria para tener un año más de plazo en el que pueda pedir la renovación de su licencia, que expira el 6 de julio próximo, Narbona criticó la presión y la urgencia a las que se sometió al CSN.

Así, en el voto particular, la consejera y ex ministra de Medio Ambiente recordó que la solicitud de renovación debe presentarse un año antes del vencimiento del periodo de validez y que, en el caso de Garoña se dispuso que la fecha límite para este trámite fuera el 6 de septiembre de 2012. A su juicio, esta fecha ya implicaba «un inusual periodo de tiempo menor que el año normalmente requerido por el CSN» para este supuesto. En ese sentido, recordó que Nuclenor no presentó en ese plazo solicitud alguna, por lo que ya expiró su plazo legal para solicitarla.

Al mismo tiempo, subrayó que cuando se votó la solicitud del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para que se pronunciara sobre la petición de Nuclenor, el CSN ya tenía redactado el informe relativo a la declaración del cese de explotación de la central e iba a ser remitido de forma inminente al Ministerio.

De este modo, Narbona argumentó que la petición de Nuclenor imposibilita al CSN a cumplir los plazos y procedimientos de buenas prácticas aplicadas y desarrolladas por el organismo regulador durante los últimos años.

Por otro lado, criticó que ni el Ministerio ni tampoco el titular de la planta atómica justificaron con precisión la finalidad concreta de esta solicitud, ya que no se solicita para cumplir con el objetivo de la central, que es producir energía eléctrica de manera segura y consideró que esto se debe al «único fin de ganar tiempo» para poder preparar otra renovación de licencia.

«El CSN, como consecuencia, ha recibido una inédita solicitud de autorización de explotación de una central para que esté en situación de parada y por el periodo de un año», lamentó.

En este contexto, denunció que la petición del Ministerio, en los términos en que se formuló y en los tiempos que se cursó, obligó a someter al cuerpo técnico del CSN a una «presión inaceptable». De hecho, se celebraron cuatro reuniones del pleno en una semana para analizar la prolija documentación e informes técnicos y jurídicos requeridos «con urgencia», algo que Narbona consideró «del todo injustificado».

En definitiva, la consejera subrayó que «no comparte» el informe favorable aprobado puesto que, en su opinión, el CSN no debe en ningún caso ser «instrumentalizado por el Gobierno para alcanzar objetivos que son consecuencia de una negociación» en curso entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y diferentes empresas del sector público. «Esta evidencia atenta contra la independencia del organismo regulador, cuya única misión es la de garantizar la seguridad nuclear y la radiológica, de acuerdo con la normativa vigente y las buenas prácticas», añadió.

Al mismo tiempo, estimó que la decisión adoptada supone reducir al mínimo los plazos y las condiciones de revisión, evaluación e inspección del CSN para examinar las solicitudes de renovación de autorizaciones de explotación.

Asimismo, acusó al Gobierno de que la decisión adoptada, por tres votos a favor y dos en contra, establece «un proceso inédito y ad hoc, para ampliar la operación de una central, no para generar electricidad» ya que se mantendrá en parada fría durante un año con el objetivo de facilitar una alternativa legal para que el titular pueda presentar, más adelante, una solicitud de renovación de la autorización de explotación hasta 2019″.

Por ello, lamentó que la decisión del pleno sienta un precedente que genera incertidumbre sobre la aplicación en el futuro de criterios y de buenas prácticas en próximas solicitudes de renovación de autorizaciones de explotación de reactores nucleares.

Narbona recordó también que los procesos y procedimientos ya establecidos y practicados para las renovaciones de licencia en las centrales nucleares son «inherentes y co-sustanciales a las garantías de seguridad, ya que la seguridad requiere de una visión integral e integrada de la misma.

Finalmente, manifestó que aún no se han implantado las mejoras emanadas a raíz de las pruebas de resistencia practicadas a las centrales nucleares tras el accidente de Fukushima (Japón) y que sigue pendiente la ampliación de estudios e inspecciones a la vasija de Garoña, tras detectarse en julio de 2012 defectos «aparentemente similares» a los identificados en la central nuclear belga de Döel 3.

«El PSOE y el PNV tomaron decisiones para que Garoña siga abierta»

Por su parte, y tras la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear de prorrogar la actividad de Garoña, el portavoz del PP de Álava, Carmelo Barrio, afirmó que el PSOE y el PNV tomaron las decisiones oportunas para que la central nuclear, ubicada a 45 kilómetros de Vitoria, siga funcionando en la actualidad.

El portavoz del PP alavés dijo que la posición de su partido se va a basar en las razones «técnicas» y se mostró seguro de que ninguna administración va a tomar decisiones sobre el futuro de esta central «en contra de esos criterio técnicos».

Tras recordar que Garoña es una central de características similares a otras a las que se prorrogó su vida útil hasta los sesenta años, Barrio arremetió contra el PSOE y el PNV por su postura actual cuando tomaron decisiones, dijo, que permitieron que siga abierta.

Recordó que fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el que en 2009 pudo decidir el cierre de Garoña y aprobó su prórroga de explotación y ahora los socialistas se colocan «en la pancarta con un planteamiento simplista de cara a la galería».

Del PNV afirmó que mantiene esa misma postura «buenista sustentada en la falsedad» y se preguntó si hay un PNV político, que critica a la central, y otro económico, que apoya su funcionamiento.

En este sentido, explicó que el PNV gobernó la BBK, accionista de Iberdrola, eléctrica que, a su vez, es propietaria, junto con Endesa, de Nuclenor, dueña de Garoña y que en los ámbitos económicos en los que tuvo oportunidad no adoptó ninguna decisión favorable al cierre de la central.

Apoyó la posición del diputado general de Álava, Javier de Andrés (PP), de pedir información al Gobierno de España sobre las razones que llevaron al CSN a otorgar un plazo de un año para que se pueda replantear el permiso de explotación y se mostró seguro de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy dará esas explicaciones.

El PSE pedirá a Urkullu «un papel activo a favor del cierre»

El PSE pedirá en el Parlamento vasco que el lehendakari, Iñigo Urkullu, asuma «un papel institucional activo a favor del cierre» de la central nuclear de Santa María de Garoña. Además, llevará al próximo pleno una moción «para que toda la Cámara pueda pronunciarse» sobre la posible continuidad de la central.

En un artículo colgado en su blog, Txarli Prieto se mostró convencido de que «el cierre o no» de la central burgalesa «ya no es consecuencia de la finalización de su vida útil de explotación más la prórroga de dos años» ni de «una opción energética», como tampoco de «una necesidad de garantizar el suministro energético para la población».

«Tampoco es consecuencia de una decisión sobre la situación de su seguridad. La decisión del Gobierno socialista anterior de cerrar en 2013, y la de éste de continuar de momento hasta 2014 tiene otra clave«, advirtió.

Para el dirigente socialista, la decisión de Nuclenor de solicitar el mantenimiento de su explotación «se reduce a las expectativas de lucro que hace meses creyeron no tener y hoy acarician recuperar». Además, cree que «el escándalo se multiplica cuando el Gobierno de España del Partido Popular se apresura de forma irresponsable a alentar esta pretensión de Nuclenor».

«Obviamente no estamos ante un concurso de coincidencias entre Nuclenor y el Gobierno. Aquí hay una expectativa de negocio propiciada por el Gobierno Rajoy, mediante una necesaria promesa de revisar y cambiar la política fiscal prevista para las centrales nucleares, que en su día le llevó a decir a Nuclenor que no a la central por su aparente escasa rentabilidad, y que hoy vuelve a tener expectativa de lucro», aseguró.

En su opinión, «el escándalo se multiplica» al conocerse que a los técnicos que estaban trabajando «en el cierre, desmantelamiento y tratamiento de los residuos radioactivos», se les pidió un pronunciamiento sobre su continuidad «por sorpresa, de manera premeditadamente precipitada, sin tiempo y sin medios para hacerlo».

Por otro lado, destacó el «espectáculo» del Consejo de Seguridad Nuclear, «totalmente dividido», al convocar «aceleradamente reunión tras reunión, presionado por el Gobierno y las eléctricas», para pronunciarse sobre «este más que temerario cambio político del Gobierno de España y de Nuclenor». «Es un reflejo clave de improvisación, inseguridad e insensatez a raudales», manifestó.

En opinión de Prieto, «el escándalo se sigue multiplicando cuando todo se hace con ocultación a la sociedad vasca, a sus instituciones, a sus intereses, de espaldas a las instituciones alavesas y a toda su ciudadanía». «Porque prefiero pensar que ni el alcalde de Vitoria y parlamentario, ni el diputado general de Álava, están al tanto de esto, que Rajoy no ha contado con ellos».

En opinión del dirigente del PSE de Álava, la «insensible e insensata propuesta al alimón del Gobierno Rajoy y de Nuclenor merece respuesta, un rechazo unitario a esta barbaridad, a este riesgo, de quedar atrapados por una central nuclear caducada, que tiene todos los procedimientos y requisitos para ser cerrada» y adelantó que los socialistas están «trabajando para que se dé» mediante su oposición a la nueva prórroga de Garoña en el CSN.

«La seguridad frente a los riesgos radioactivos y las opciones energéticas alternativas, limpias, de Álava y de Euskadi, no pueden quedar a merced de los beneficios económicos de Nuclenor», reprochó antes de anunciar que el PSE participará «en los actos que sean necesarios hasta conseguir su cierre».