Narbona discrepa de la decisión del CSN de plantearse analizar una licencia de operación por 17 años para la central nuclear de Garoña

A juicio de Narbona, que el CSN se plantee analizar una solicitud de operación por 17 años vulnera las «buenas prácticas asentadas» en el regulador atómico español que desde 1999 considera como habitual estudiar las solicitudes de renovación de licencia por diez años, coincidiendo con la Revisión Periódica de Seguridad que se debe hacer a toda central cada diez años y que va asociada a la solicitud de nuevo permiso.

Narbona especificó que no es que discrepe de la información que se ha pedido a Nuclenor, que considera «una lista muy completa» sino que se trata de una cuestión previa de debate, porque los técnicos del regulador deben saber con qué horizonte trabajan, si diez o diecisiete años. «Hay que saber qué va a evaluar el CSN de antemano, antes de iniciar el proceso», opina. En su valoración, la ITC aprobada no va acompañada de ninguna argumentación que justifique la disociación entre la evaluación de 10 años y la concesión de autorización por 17 años. «Ello significaría que Nuclenor podría disponer de una autorización para operar la planta hasta 2031 con un análisis de seguridad limitado a diez años», advirtió.

En su voto particular, Narbona expone que la asociación de las revisiones periódicas de seguridad y las autorizaciones de explotación fue resultado de «numerosas y prolongadas deliberaciones del pleno de ese año», tal y como reflejan las actas de 1999 cuando se concedió una autorización de explotación, «precisamente a Garoña». Por eso, argumenta que la solicitud de Nuclenor, que quiere generar electricidad hasta el 2 de marzo de 2031, cuando cumpla 60 años de explotación comercial, es «inédita» porque «nunca» un titular había presentado al CSN una renovación de una autorización de explotación más allá de diez años y porque «nunca» un titular había solicitado operar hasta los 60 años.

Al mismo tiempo, entiende que el sector privado solicite «cosas», pero recordó que es el sector público el que establece las reglas y advirtió que, en esta cuestión, se está observando a España, tanto desde dentro como desde el exterior y por eso «el organismo regulador tiene que estar a la altura del reto». Por ello, critica que la mayoría del pleno, sin que haya mediado ningún «debate en profundidad» acepta tácitamente la petición, contraviniendo una buena práctica «bien consolidada» en España en materia de seguridad nuclear y radiológica. «Se trata de una decisión que disminuye potencialmente las exigencias reguladora a favor de la empresa que opera la planta«, expone.

Además, la exministra socialista de Medio Ambiente aclara que «no aprueba la rapidez» con que se está tramitando este expediente de solicitud de renovación de Garoña, que está bajo orden ministerial de cese de explotación y recuerda que «no hay ningún plazo técnico o legal en el horizonte que obligue al CSN a tomar decisiones con celeridad, máxime habiendo permanecido la central nuclear sin operación por decisión unilateral de Nuclenor», parada desde diciembre de 2012.

Narbona advierte de que la práctica de vincular las revisiones a las autorizaciones «parece querer ser alterada por el pleno del CSN de forma tácita, sin que exista ningún argumento técnico que así lo recomiende» y añade el examen de la situación reguladora realizado por el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) que explicita que la autorización en España se otorga por periodos de 10 años. Por eso, cree que la ITC aprobada por el Pleno del CSN «supondría una ruptura con esta buena práctica reconocida por la OIEA en el caso de que el CSN informase favorablemente una renovación de Garoña hasta 2031«.

«Esta consejera no puede aceptar, sin mayor debate, iniciar la evaluación de una solicitud de autorización de explotación por 17 años», señala el voto particular, porque no introduce nuevas garantías ni existe ningún motivo técnicamente justificado en materia seguridad, para propiciar un cambio en el tiempo en este sentido. A su juicio, el CSN no debería anteponer los intereses económicos de Nuclenor respecto a las buenas prácticas bien consolidadas. De hecho, Narbona confiesa que cree que Nuclenor aspira a que la autorización se conceda antes de concluir esta legislatura para tener a qué agarrarse en caso de que antes de 2031, si finalmente se concede la licencia, pueda reclamar daños o compensación por lucro cesante si se decretase su cierre.

En el voto particular, la exministra de Medio Ambiente estima que esta forma de proceder del pleno no beneficia a la neutralidad, a la independencia y a la credibilidad del organismo regulador y, en ningún caso debe «dejarse instrumentalizar por el Gobierno para alcanzar un objetivo político» como es llevar la vida útil de los reactores hasta los 60 años, a consecuencia de la negociación del Ejecutivo con las empresas del sector eléctrico. Sobre las posibles presiones a los consejeros del CSN por parte del Gobierno u otros, defendió que ella no recibe «ninguna presión».

Ante esta exposición de motivos, Narbona emite una serie de propuestas sobre cómo debería actuarse en esta cuestión que se basan en que «no hay inconveniente jurídico» para que Garoña pida una renovación de su autorización por diez años y que el CSN evalúe su idoneidad de acuerdo a las buenas prácticas. Así, recuerda que Garoña no ha realizado aún las mejoras requeridas ni aplicado las instrucciones técnicas complementarias tras el accidente de Fukushima y propone que su extensión de vida se realice de acuerdo a los procesos de consulta pública establecidos por el Convenio de Espoo como la Convención de Aarhaus, ratificados por España.

Finalmente, Narbona reclama al Pleno del Consejo que examine la renovación de la autorización de explotación de Garoña de acuerdo con la última Directiva de Euratom, aprobada en el Consejo de la Unión Europea del 8 de julio de 2014, que considera que es «de suma importancia que la autoridad reguladora competente tenga la capacidad de ejercer sus competencias con imparcialidad, transparencia y libre de cualquier influencia indebida en la toma de decisiones para asegurar un alto nivel de seguridad.

«No es momento» de debates

Cuatro de los cinco consejeros que componen el pleno del CSN consideran que «no es el momento de introducir» en el proceso abierto de la solicitud de renovación de licencia de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) debates sobre práctica regulatoria que, siendo muy convenientes y necesarios deben producirse «en otro momento» y que «no tienen cabida en el motivo de la resolución adoptada«. Así se pronunciaron el presidente del CSN, Fernando Martí (PP), la vicepresidenta, Rosario Velasco (PSOE), y los consejeros Antonio Gurguí (CiU) y Fernando Castelló (PP) tras el voto particular de la consejera socialista Cristina Narbona, respecto a la ITC aprobada por el pleno.

El resto de consejeros del CSN estiman que en este momento no se debe condicionar la posición favorable o contraria a la resolución adoptada en la necesidad de manifestar o difundir un mensaje sobre cuestiones de práctica regulatoria. Además, estos consejeros manifiestan su «enérgico rechazo» a argumentos que, partiendo de criterios políticos o económicos, pretenden «desprestigiar el trabajo serio y riguroso» del CSN en general y en particular de las decisiones del Pleno cuando no se comparte el posicionamiento mayoritario.

A su juicio, el CSN «ni es competente, ni debe, ni puede, entrar a valorar posibles o hipotéticos planteamientos económico-financieros», ni le deben influir estrategias más o menos explícitas que quedan fuera de su ámbito de actuación. «El rigor en su comportamiento es clave por la materia que tiene conferida por ley: la seguridad nuclear y la protección radiológica«, concluye.

En las mismas alusiones al voto de Narbona, los firmantes se reafirman en que no hay nada más garantista que observar un procedimiento administrativo «ordenado y reflexivo, donde no se anticipen debates que no corresponden a su oportuno momento y, mucho menos sin contar todavía con los elementos de juicio adecuados«. En todo caso, añaden que cuando se disponga de toda la documentación e información suficiente, se iniciará el proceso de evaluación técnica de detalle, durante el cual se analizará la solicitud, a la luz de toda la regulación y normativa aplicable. Asimismo, apunta que en ese proceso de evaluación se podrán programar inspecciones para verificar datos y demás información aportada por el titular, e incluso solicitar nueva información adicional.

De momento, valoran que el conjunto de requisitos adicionales exigidos por acuerdo del pleno constituyen un «elevado nivel de exigencia» respecto al objetivo del CSN de velar por la seguridad nuclear y la protección radiológica. A ese respecto, estiman que este «exigente» paquete de requerimientos es «compatible con cualquier posicionamiento» que en el momento adecuado el regulador adopte en relación con los aspectos de seguridad incluidos en la solicitud, entre ellos, el plazo de vigencia de una eventual nueva autorización.

En cuanto a la independencia del regulador atómico, el voto particular, entregado 24 horas después del entregado por Narbona, los cuatro consejeros insisten en que ésta debe preservarse de opiniones políticas, económicas o de coyuntura social o mediática que «no deben influir» en la toma de decisiones del regulador que, según la normativa debe ejercer sus competencias sin prejuicios, suposiciones previas, juicios de valor, criterios ideológicos o políticos. Igualmente, recuerdan que, en caso de un dictamen favorable a la solicitud de Garoña, recuerdan que serán establecidos los «límites y condiciones de la autorización para la explotación de la central» pero que la decisión última del plazo de renovación de licencia hasta 2031 corresponde al Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Los firmantes estiman que condicionar la ITC al debate sobre si la licencia debe ser para 10 o 17 años es inadecuado y supone introducir retrasos y dilaciones absolutamente innecesarios en el procedimiento, en la medida en que los requerimientos de la ITC son independientes de dicho plazo. En la explicación de su voto, agregan que no se puede confundir el acuerdo adoptado con el pronunciamiento final del Pleno o sobre su posicionamiento sobre asuntos que tienen relación con el proceso de licenciamiento pero que no están en el ámbito de este requerimiento y que, «sin duda» tendrán que contemplarse en otro momento del proceso.

Finalmente, sobre las «apreciaciones» hechas por Cristina Narbona de que el expediente de Garoña se está tramitando con «demasiada rapidez insinuando precipitación» los cuatro consejeros valoran que «están fuera de lugar» teniendo en cuenta el asunto y apostillan que «precisamente» sería «rápido y precipitado» y podría generar inseguridad jurídica «anticipar debates que están fuera del alcance de la decisión adoptada» y sobre los que no se han requerido informes técnicos.

El PSOE reclama el desmantelamiento

La secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, Pilar Lucio, reclamó el cierre «definitivo» y el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña. Así lo manifestó tras conocer el voto particular de Narbona, por lo que Lucio reclamó al CSN que «informe negativamente» sobre una posible prórroga a la actividad de la central y «mantenga» una situación de cese que «debería haberse producido» el 6 de julio de 2013. «Es incomprensible que el CSN esté barajando la posibilidad de conceder una prórroga a Garoña hasta que cumpla 60 años en el 2031 cuando sus informes de autorización sólo le permitirían, en el mejor de los casos, producir energía nuclear hasta el 2024», añadió Lucio.

En este sentido, la secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad ha denunciado el «mercadeo poco serio» del CSN y Nuclenor que, a su juicio, «deja al margen cuestiones básicas» como la seguridad, la transparencia y la participación en la toma de decisiones. Asimismo, reivindicó la postura contraria del PSOE hacia una energía nuclear que «no es una energía de futuro, ni limpia, ni barata, ni segura» y anunciado que su grupo «no prorrogará» la vida útil de las nucleares «más allá» de los 40 años.

El CSN «facilita» la reapertura

Izquierda Unida (IU) denunció que el CSN «sigue facilitando» la reapertura de la central nuclear de Garoña. El responsable federal de Energía de IU, Adolfo Barrena, acusó a Nuclenor de estar «empeñada en reabrir Garoña» pese a los «graves problemas de seguridad que entraña la obsoleta y anticuada» instalación burgalesa. Según IU, el CSN se está equivocando al dar un nuevo plazo a Nuclenor para que, hasta el 30 de septiembre, complete la documentación requerida y está «siguiendo las directrices del ministro Soria», que «quiere facilitar la reapertura de Garoña»,

A juicio del dirigente de IU, hay temas de seguridad que Nuclenor todavía no ha resuelto y que, a su juicio, «deben ser suficientes para cerrar definitivamente la central de Garoña», como la seguridad relacionada con la protección contra incendios, las actuaciones frente a accidentes severos para el almacenamiento de agua contaminada o el refuerzo de la capacidad de extracción de calor residual en caso de pérdida de refrigeración total. Por último, insistió en que Garoña «representa una amenaza real para la ciudadanía, para la salud de las personas, para el medio ambiente, para la flora y la fauna y para todas las poblaciones de la cuenca del Río Ebro».