Nadal dice que habrá que esperar las alegaciones de Iberdrola y no prevé que el Gobierno tome medidas en cuanto a regulación

Durante su intervención en el curso «La Europa que deja la crisis«, organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la UIMP de Santander, Nadal defendió que la competencia en este asunto es de la CNMC y que en todo caso el Gobierno puede plantearse cambios regulatorios para acabar con estas malas prácticas cuando se observan casos «reiterados» de manipulación de precios.

Además, recalcó que Competencia «está cumpliendo su labor de inspección y vigilancia» y apuntó que «sólo se ha incoado un expediente» y que «habrá que ver el resultado y las alegaciones» presentadas por la compañía a dicho expediente.

La CNMC abrió un expediente sancionador a Iberdrola Generación por «manipulación fraudulenta» en la alteración de precios, mientras que Iberdrola negó «rotundamente» cualquier manipulación de los precios ofertados al mercado de generación y anunció la presentación de alegaciones por parte de los servicios jurídicos de la sociedad.

Preguntado en este punto por si el Gobierno va a adoptar medidas, Nadal reiteró que «lo que hay que hacer es confiar en los órganos reguladores y si se observa alguna práctica repetitiva ver si hay que cambiar o no la regulación».

Nadal aclaró que las funciones del Gobierno y la CNMC son «diferentes», al encargarse el organismo presidido por José María Marín Quemada de la emisión de informes en la parte referida a regulación e inspección de mercados.

«Todo mercado, regulado o no, es susceptible de que se puedan realizar prácticas anticompetitivas y para eso tenemos instituciones, para que la competencia sea efectiva. Otra cosa es que la regulación lo facilite y sobre eso estamos continuamente. Pero no porque un mercado esté regulado implica que haya prácticas anticompetitivas«, remachó.

«No es posible saber qué va a ocurrir con Castor»

El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, señaló que no es posible saber que va a ocurrir en el futuro con el almacén submarino de gas Castor, aunque recordó que en esta plataforma se han invertido más de 1.000 millones de euros, porque el proyecto en su momento «parecía que iba a tener una importancia fundamental», y que ahora sigue siendo una instalación que podría funcionar.

El problema es que se producen movimientos sísmicos, y los informes confirman que existe una relación causa efecto entre ambas cosas, según indicó.

No obstante, cancelarlo definitivamente no es una buena idea si en el futuro pudiera ser necesaria, pero está claro que no se puede inyectar ni un metro cúbico más sin saber si va a haber movimientos sísmicos; hay que tomar una decisión «sensata y ponderada» sobre qué hacer con la instalación, dijo Nadal, teniendo siempre en cuenta que «la población de Castellón y el sur de Tarragona no puede correr riesgos»

El secretario de Estado recordó que el sistema de financiación de Castor se fijó en la pasada legislatura, y «con unas garantías que vinculan al Gobierno siguiente».

El almacenamiento de gas Castor, promovido por Escal, sociedad controlada por ACS, tiene suspendida su actividad desde septiembre del pasado año tras registrarse cientos de pequeños seísmos en la zona.

Un «reparto adecuado» de la renta de hidrocarburos

Finalmente, el secretario de Estado de Energía aseguró un «reparto adecuado» de la renta que se obtiene de los hidrocarburos en caso de hallarse petróleo a través de las prospecciones frente a las costas de Canarias, y avanzó que el Gobierno trabajará para «clarificar» las normas de imposición de hidrocarburos antes del fin de legislatura.

«En todos los países del mundo que se ha encontrado, se hace un reparto de la renta de hidrocarburos», indicó Nadal, que avanzó que el Ejecutivo tiene previsto «clarificar» las normas de imposición en este ámbito antes de que finalice la legislatura el próximo año.

Nadal abogó por desarrollar un «reparto adecuado» de la renta que se obtiene de hidrocarburos, de forma que «una parte» iría destinada a los municipios «afectados» por las prospecciones, otra a la comunidad autónoma, otra a la Administración General del Estado (AGE) y otra a la empresa encargada de realizar los sondeos y las prospecciones, así como al propietario del territorio.

En este sentido, Nadal explicó que no sería «nada distinto» a lo que sucede en el resto de estados europeos, y puso el ejemplo de Italia, cuyo impuesto del 8% sobre el valor de hidrocarburos, que se reparte entre distintas administraciones, ha elevado al 10% la cantidad de hidrocarburo que se obtiene en territorio italiano.

Trasladado a España, esta cifra podría suponer «4.000 ó 5.000» millones de euros anuales que se podrían disminuir en importaciones, indicó Nadal.