El viernes conocíamos un conjunto de medidas relevantes en lo que se refiere a la tarifa eléctrica y el déficit tarifario: la solicitud de ampliación de crédito presupuestario de hasta 2.200 millones de euros al Ministerio de Hacienda para sufragar conceptos incluidos en las tarifas de acceso (peajes), la adecuación del sistema de actualización de la retribución de las tarifas de acceso utilizando la inflación subyacente (sin energía y sin alimentación) y sin impuestos frente al IPC (lo que supone un ahorro de 340 millones de euros) y la supresión del régimen de elección entre mercado más prima y tarifa regulada de las instalaciones renovables que tenían esa posibilidad al amparo del R.D. 661/2007 (sobre todo, la eólica). En total 800 millones de euros de ahorro que tienen su compensación parcial con el incremento de los complementos por interrumpibilidad en 250 millones de euros.

Y previa, pero casi inmediatamente, conocíamos la Orden Ministerial de determinación de las cantidades y precios de generación de electricidad con carbón nacional, el ya famoso sistema de restricciones por garantía de suministro. La novedad de la propuesta estriba en que Industria pretende la absorción del céntimo verde y del impuesto a la generación por parte de las empresas eléctricas en el precio que trata de imponer para garantizar la paz social en las cuencas mineras, aunque manipule el mercado de generación.

Son las primeras decisiones de la era Nadal. Decisiones que tendrán y se merecen un comentario específico, pero que nos dejan varios mensajes. El primero es que Nadal está en la mesa del relojero, tras haber desmontado pieza a pieza un problema enorme. El segundo, que el nuevo secretario de Estado ha podido comprobar lo inane y la pérdida que ha supuesto el período anterior, el año 2012, con Marti Scharfhausen al frente, ascendido al reino de los cielos del Consejo de Seguridad Nuclear.

El tercero, que el secretario de Estado ya sabe que el problema lo tiene en las tarifas de acceso y, por ello, en los costes regulados y sus componentes, algo que es evidente y que cualquiera que se siente, con un poco de sentido común y una calculadora, lo comprueba. Y, el cuarto, que ahora, sí que sí, Hacienda ha acabado por aceptar la necesidad de su participación en la resolución del «sudoku» de los costes de acceso. Quizá la finta de los hermanos Nadal ha sido providencial en esta novedad, que no sabemos si será suficiente.

En sentido contrario, también se puede comprobar la persistencia de determinados tics propios de la era anterior. Ausencia de diálogo y sorpresa para los agentes sectoriales y empresariales en el afán de rebañar con ansiedad de cada decisión que se pone por delante. Tendencia temeraria a meterse en líos jurídicos y litigiosidad. Comportamientos protocolarios en la atención directa a las empresas y sectores, que luego se resuelven vía Real Decreto Ley y acción sin previo aviso. La teoría de los mundos paralelos.

Dos cuestiones preocupantes añadidas: intervención política en el mercado, con la consideración de ser un sector muy intervenido. Que el objeto de ajuste en las renovables concentre su acción en las tecnologías más eficientes, más empresarializadas y próximas al mercado, es decir, la eólica. ¿Será porque la moratoria termosolar puede esperar o se encarga de ella la sequía de financiación internacional y el vencimiento de los proyectos congelados en el registro de preasignacion o por indicaciones de los titulares de estas instalaciones?

Ah, y se mantiene el argumento de comunicación política impoluto al que acuden sin pudor. «Hacemos todos los desmanes y enjuagues para evitar la subida de luz y proteger a los consumidores», en lugar de hacerlo bien, actuar globalmente y habérselo pensado antes. No falla.