Murcia presentará un recurso de inconstitucionalidad por el nuevo decreto de energía

Según ha informado el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, que ha participado en la Asamblea de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anper), esta norma pone en peligro las inversiones de 20.000 agricultores murcianos y acarrea la pérdida de centenares de puestos de trabajo.

Además, se estima que unos 500 trabajadores dedicados al mantenimiento de estas instalaciones perderían su empleo y se dejarían de ingresar unos 83 millones de euros anuales debido al recorte.

La modificación del Real Decreto-Ley 14/2010 que realizó el Gobierno Español el pasado mes de diciembre conlleva la limitación de las horas de producción, que no tienen en cuenta la zona climática de la instalación y que «perjudica especialmente a comunidades como Murcia, con mayor capacidad de producción por su índice de radiación solar», al tiempo que se impone un peaje para cualquier productor, ha explicado Valcárcel.

Valcárcel ha indicado que un estudio realizado por la consejería de Universidades, Empresa e Investigación pone de manifiesto la «incertidumbre creada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en este sector, así como la contradicción existente con las políticas de la Unión Europea».

En este sentido ha dicho que la normativa comunitaria especifica que los gobiernos deben «asegurar que toda reforma del sistema de apoyo a las energías renovables garantice a las inversiones unas condiciones estables, evitando unos cambios retroactivos».

«La regulación en materia eléctrica es un claro ejemplo más de la improvisación continua y constante del Gobierno de Zapatero, ya que no se pueden cambiar las normas poniendo en jaque los ahorros y la forma de vida de miles de personas», ha denunciado.

A este respecto, el jefe del Ejecutivo murciano ha solicitado el desarrollo de un «mix energético nacional» con una regulación estable y continuada, que «sea beneficiosa para el conjunto de la sociedad y de la industria».

«Se debe fomentar un desarrollo económico sostenible del sector de las eléctricas, para que las familias y empresas no tengan que pagar continuamente los errores de la improvisación ‘vía tarifazo’ en la factura de la luz», ha apuntado.

En la actualidad, en la Región existen unos 350 megavatios de energía solar fotovoltaica instalados, la mayoría huertos solares de pequeños agricultores que podrían obtener, a largo plazo, los beneficios de estas inversiones. A ello hay que sumar, sin embargo, el efecto generado por el cierre, en los dos últimos años, del 90 por ciento de las empresas creadas para el desarrollo de este sector productivo incipiente.