Morales dispone expropiar la filial de Red Eléctrica Española en Bolivia

«Hoy día nuevamente, como justo homenaje a los trabajadores y al pueblo boliviano que ha luchado por la recuperación de los recursos naturales y los servicios básicos, nacionalizamos la Transportadora de Electricidad» (TDE), dijo Morales en un acto del Día del Trabajo en el Palacio de Gobierno de La Paz.

El mandatario hizo el anuncio de la expropiación de la TDE pocas horas antes de inaugurar con el presidente de la petrolera española Repsol, Antonio Brufau, la segunda planta procesadora de gas del campo Margarita, en el sur de Bolivia, que permitirá aumentar las exportaciones a Argentina.

El decreto aprobado establece la «nacionalización» de «la totalidad de las acciones que conforman el paquete accionario que posee la sociedad Red Eléctrica Internacional-SAU», filial de REE, e instruye su registro a nombre de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), estatal.

Morales justificó la expropiación asegurando que «esa empresa internacional española en 16 años apenas ha invertido 81 millones de dólares, una inversión en término medio de cinco millones al año», que consideró insuficiente.

Tras leer el decreto, el gobernante pidió al comandante de las Fuerzas Armadas, general Tito Gandarillas, «hacer la toma correspondiente de las instancias de administración y operación de la TDE». «Es obligación de las Fuerzas Armadas recuperar la electricidad para el pueblo boliviano», agregó.

La eléctrica española adquirió el 99,94% de las acciones de la TDE en 2002, mientras que el 0,06% restante está en manos de los trabajadores de la firma boliviana.

La TDE es propietaria y operadora del Sistema Interconectado Nacional boliviano de electricidad, que atiende el 85% del mercado nacional y posee el 73% de las líneas de transmisión en Bolivia.

Morales expropió en 2010 las acciones de cuatro empresas generadoras de electricidad, incluidas dos filiales de la francesa GDF Suez y la británica Rurelec, que inició un arbitraje a Bolivia en la Corte de La Haya por esa acción.

Además de las eléctricas, el mandatario ha nacionalizado una quincena de empresas de hidrocarburos, cementos y minas, entre otras, desde que llegó al poder en 2006.

Morales promete reconocer las inversiones realizadas por REE en la firma expropiada

El presidente boliviano, Evo Morales, dijo que su Gobierno reconocerá las inversiones realizadas por Red Eléctrica Española (REE) en su país, tras expropiar sus acciones en la Transportadora de Electricidad (TDE) y tomar con militares sus oficinas en la ciudad central de Cochabamba.

«Somos responsables con las empresas. Si lo que corresponde es devolver, hay que devolver. Si una empresa ha hecho inversión, reconocemos la inversión y siempre vamos a reconocer la inversión«, señaló Morales en un acto en Cochabamba ante los trabajadores de la TDE, militares y partidarios suyos.

No obstante, el mandatario insistió en que REE y su predecesora, Unión Fenosa, «en 16 años apenas habían invertido 81 millones de dólares» en la transportadora de energía, a un promedio de «cinco millones por año».

Morales justificó la presencia de militares en las instalaciones de TDE en Cochabamba al asegurar que «es una obligación del presidente, del vicepresidente, organizar estos operativos para recuperar lo que es nuestro».

«Saludamos al mando militar por haber organizado este lindo operativo, no solamente acá sino en toda Bolivia, donde tenemos otras estaciones. En La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz y acá, en la estación principal, que tomamos dignamente y soberanamente para que esta empresa pase a manos de los bolivianos», señaló.

Red Eléctrica, sorprendida por la expropiación, pedirá una compensación adecuada

Red Eléctrica lamentó la decisión del Gobierno de Bolivia de la expropiación de la empresa Transportadora de Electricidad (TDE) de la que posee casi el 100%, cuyas intenciones desconocía hasta la fecha, y aseguró que pedirá una compensación adecuada.

Red Eléctrica espera alcanzar un acuerdo con el Gobierno boliviano para una compensación adecuada por esta expropiación que se traduzca en un justiprecio que exigen todos los accionistas de esta empresa, con un 20% de capital público y una mayoría de inversores de otro países, indicaron fuentes de la compañía.

Según el grupo español, acciones de este tipo «van en contra de las reglas de juego de libre mercado y la seguridad jurídica que debe presidir las inversiones internacionales».