Preguntado en una rueda de prensa en la sede del PP si pensaba que la limitación de velocidad que permanecerá vigente hasta el próximo 30 de junio surtió los efectos deseados, Montoro contestó rotundamente: «No».

«Estábamos ante una medida económica de ahorro, que no ha ahorrado lo que pretendía el Gobierno, y por lo tanto no ha cumplido ese objetivo», señaló Montoro.

El coordinador de Economía del PP hizo esta consideración después de que el Gobierno anunciase que vuelve a fijar el límite de velocidad en autopistas y autovías en 120 kilómetros por hora a partir del próximo 1 de julio.

Asimismo, la vicesecretaria de Organización y Electoral del Partido Popular, Ana Mato, calificó de «tomadura de pelo» la decisión del Gobierno de recuperar el límite de velocidad en 120 km/hora.

«Como siempre, el Partido Socialista practica una política de las improvisaciones y, cuando rectifica, es cuando acierta«, aseguró la dirigente popular, quien pidió al Ejecutivo, que, por este motivo, «rectifique pronto» y convoque elecciones «para que los españoles podamos tener un futuro mejor».

Mato enjuició que, con esta medida, el Ejecutivo «nos ha hecho perder seis meses a los españoles en las carreteras y resulta que ahora volvemos a los 120 kilómetros. Un camino muy largo para volver a donde estábamos», lamentó.

El pasado 7 de marzo, el Gobierno redujo a 110 kilómetros por hora la velocidad máxima con carácter temporal -inicialmente hasta el 30 de junio-, para rebajar la factura energética de España por los elevados precios del petróleo, consecuencia de la crisis en varios países del norte de África.

Por su parte, las asociaciones de conductores mostraron su conformidad sobre la decisión del Gobierno de no prorrogar el límite de 110 kilómetros por hora en las autopistas y autovías más allá del próximo 30 de junio.

El presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, afirmó que esta decisión terminará «con una situación de estrés en la conducción a la que se había sometido a millones de conductores habituados a circular con seguridad a un límite de 120».

«Esa situación de inadaptabilidad estaba provocando situaciones de monotonía en los conductores, al tener que invertir más tiempo en los trayectos a los que estaban acostumbrados», añadió.

El director de Seguridad Vial del Real Automóvil Club de España (RACE), Tomás Santa Cecilia, se alegró de «la rectificación del Gobierno» y le pidió que si vuelve a tomar una decisión similar de reducir el límite de velocidad «tenga en cuenta la opinión de los conductores, asociaciones de automovilistas, fabricantes y concesionarias de autopistas».

Santa Cecilia abogó por una «revisión» de los límites de velocidad, de manera que sean más flexibles y variables en función del tipo de carretera, la climatología y el estado del tráfico.

Por su parte, la portavoz del Comisariado Europeo del Automóvil (CEA), Nuria Alonso, declaró que el límite a 120 kilómetros por hora es «una buena velocidad» para circular por autopistas y autovías.

Además, apostó por «abrir el debate» de revisar los límites de velocidad y defendió que en las autopistas y autovías pueda circularse a 130 kilómetros por hora, lo que consideró «una velocidad óptima».

Sin embargo, los cinco principales grupos ecologistas españoles protestarán por la «marcha atrás» que supone restaurar los 120 kilómetros por hora como velocidad máxima en autovías y autopistas a partir del 1 de julio. Por ello, mantendrán una reunión el próximo jueves, 30 de junio, con los ministros de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, y de Medio Ambiente y Medio rural y Marino (MARM), Rosa Aguilar.

Así, respecto a la medida anunciada por el Ejecutivo, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Luis González, explicó que entre los temas que se prevé abordar en la reunión con sendos ministros, las organizaciones «protestarán por esta medida».

A su juicio, el Gobierno «demuestra que no se mueve por términos científicos sino al albur de cómo sopla el viento, porque pensar que la Agencia Internacional de la Energía haya puesto en circulación parte de sus reservas estratégicas haya acabado la crisis energética y del petróleo en la que estamos, es no conocer la realidad».

Desde esta perspectiva, subrayó que la valoración de Ecologistas en Acción sobre esta decisión es «muy negativa» porque la medida estaba permitiendo ahorrar en combustible, mejorar la calidad del aire y además estaba bajando la siniestralidad de los accidentes.

González calificó de «incongruente» esta vuelta atrás y criticó que la decisión «no casa nada, una vez más, con los discursos del Gobierno» sobre la lucha contra el cambio climático, de que va a atenerse a los límites de los recursos del planeta, sin embargo, da «marcha atrás» con las pocas medidas que había hecho de forma positiva.

La portavoz de cambio climático y transporte de Greenpeace, Sara Pizzinato, lamentó esta decisión del Ejecutivo a la que califica de «gravísimo error que vuelve a hundir (a España) en la dependencia del petróleo»

A su juicio, los 110 kilómetros por hora como límite en autovías y autopistas debía ser «el primer paso» hacia el abandono del petróleo con medidas de eficiencia, medidas energéticas, ahorro de renovables, sin embargo criticó que se ha quedado en «un gran titular y nada más» cuando «ya nadie más lo pedía», vuelve a los 120 kilómetros por hora a pesar de los beneficios económicos, ecológicos y sobre los accidentes que la medida había demostrado.

«No nos vamos a quedar quietos», advirtió Pizzinato, que añadió que Greenpeace pensará qué hacer, ya que para la ONG un aspecto que debía haber tratado el Gobierno es establecimiento en España de un objetivo vinculante de reducción del consumo energético del menos un 20 por ciento sobre los niveles de 2005. Con ese marco como fondo se habría impedido, en su opinión, que medidas como esta «tomadas por condiciones puntuales puedan hacer al país volver atrás».

Además, recordó que el precio del petróleo sigue alto y que la volatilidad de los mercados del petróleo sigue vigente, por lo que criticó que España siga siendo un país «extremadamente vulnerable y con un problema enorme de emisiones de gases de efecto invernadero». «Eso no se soluciona aumentando la velocidad», sentenció.

Pizzinato insistió en que es una medida contraproducente y claramente equivocada porque «en vez de tomar medidas valientes, el Gobierno, de forma descontextualizada, toma decisiones en contra de su propio discurso». «Aumentar la velocidad, otra vez, es una decisión que nos va a costar muy cara, porque hace que ahora las petroleras estén entrando a perforar el Ártico», ha concluido.

Por su parte, varias asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico censuraron la decisión del Gobierno de no prorrogar el límite de velocidad de 110 kilómetros por hora para autopistas y autovías, con lo que en estas vías se podrá volver a circular a 120 kilómetros por hora.

Stop Accidentes consideró «muy acertada» la limitación de 110 kilómetros por hora, que comenzó el pasado 7 de marzo y concluirá el próximo 30 de junio, porque supone «un ahorro energético» y es «una medida de reducción de la contaminación absolutamente necesaria».

Además, señaló que se trata de «un ahorro para los bolsillos de los conductores» y, sobre todo, «un ahorro de vidas humanas» porque, según añadió, lleva aparejada «menos siniestralidad, menos accidentados graves, una importante disminución de los gastos asociados a los sistemas públicos de seguridad y seguridad social que pagamos todos los españoles».

Por su parte, la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes DIA lamentó la vuelta a los 120 kilómetros por hora porque «menor velocidad es siempre sinónimo de menos accidentes» y abogó por «encontrar un equilibrio entre velocidad, fluidez del tráfico y mejora de la seguridad vial».

DIA tildó de «precipitada» la decisión de no seguir con el límite a 110 kilómetros por hora, ya que, según agregó, «a falta de datos concluyentes o de estudios rigurosos sobre su incidencia en la siniestralidad, no se puede concluir de ninguna manera que esta reducción ha sido una medida negativa».