Montoro afirma que la ejecución de la sentencia de la Unión Europea sobre el céntimo sanitario «llevará tiempo»

En respuesta a la pregunta del senador Jesús Enrique Iglesias, del Grupo Mixto, durante la Sesión de Control al Gobierno en la Cámara Alta, Montoro señaló que el primero de estos factores es el criterio de la Comisión Europea sobre los niveles mínimos de imposición de hidrocarburos.

En este sentido, indicó que este lunes se remitió a la Comisión Europea una solicitud para que se pronuncie sobre la posibilidad de devolver todo este impuesto, pues de hacerse se podría entender que se conculca el derecho comunitario representando la devolución una ayuda de Estado.

Además, recordó que el impuesto era un gasto deducible en sociedades y en el IRPF, por lo que el ministro apuntó que «será necesario regularizar al mismo tiempo la minoración de los gastos necesarios para el ejercicio de la actividad por parte de los sujetos pasivos reclamados».

El responsable de Hacienda también señaló que la administración tributaria deberá hacer las comprobaciones oportunas para adecuación de los justificantes y las facturas, verificar que hubo ingreso efectivo de las cuotas, evitar devoluciones cruzadas entre vendedor y consumidor final, y evitar devolver cuotas ya devueltas, explicó.

El titular de Hacienda mostró la «mejor disposición» del Gobierno «para hablar con las comunidades autónomas para establecer los mecanismos para atender la ejecución de esa sentencia». También para «paliar y compensar el perjuicio económico que les ocasiona» la misma.

Junto a esto, Montoro advirtió de que la presentación de solicitudes «indebidas» para que se devuelva lo abonado por el céntimo sanitario puede ser «constitutivo de infracción tributaria y objeto de sanción, más si media la utilización de medios fraudulentos».

En cualquier caso, el ministro afirmó que cuando se estableció este impuesto se hizo con consulta a la Comisión Europea, y solo posteriormente abrió procedimiento de infracción. Además, destacó que la Comisión Europea no demandó al Estado español y subrayó que fue el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el que, a instancias de un recurrente, decidió plantear la cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea «por la posible incompatibilidad de este tributo con la normativa europea».

A escala nacional recordó que algunos Tribunales Superiores de Justicia fallaron recursos a favor del criterio de la Administración, como fueron los de La Rioja, Baleares y Castilla y León.

También dijo que al Cataluña quién decidió plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, su extensión a otros contribuyentes tiene que ser tramitado de forma individualizada.

Por su parte, Jesús Enrique Iglesias expresó que cuando la Comisión Europea alertó de una vulneración de una Directiva, «el Gobierno debería haber tomado una decisión alternativa al mantenimiento de la figura fiscal».

Asimismo, indicó que «sea cual sea la cantidad, corresponde al Gobierno, como interlocutor ante la Comisión Europea y autor de la norma, cualquier tipo de responsabilidad, porque las comunidades autónomas han actuado en el marco de las leyes orgánicas de financiación».

Finalmente, solicitó que la ejecución sea «lo más ágil, rápida y justa posible, para recuperar una parte del buen nombre de la imagen de España».