Montañas de carbón sin quemar y dilemas abiertos

La caída de la demanda de electricidad ha vuelto a poner encima de la mesa nuevos-viejos problemas. Y uno de ellos es el que se deriva de la generación de electricidad en las centrales térmicas que queman carbón nacional. El problema es múltiple y parte del hecho de que se ha reducido la demanda de carbón nacional por parte de las plantas de generación de electricidad. Todo ello en un contexto internacional de fuerte presión a la baja de los precios del carbón. La caída de actividad de las centrales y la reducción de su suministro están en la palestra.

En primer lugar, y como punto de partida, hay que tener en cuenta la existencia de una industria extractiva de carbón, que poco a poco se ha ido reconvirtiendo y redimensionando. Hoy, la minería del carbón, ha reducido considerablemente su peso con respecto a la economía española y con respecto a la generación de electricidad, si tomamos como referencia hace dos décadas. El carbón tuvo también una enorme trascendencia en la configuración de una parte del movimiento sindical español, sobre todo en el norte de España. Por otra parte, el Estado sensible con la realidad de las cuencas mineras ha ido realizando este ajuste de manera paulatina instrumentando mecanismos de ayuda y medidas de sostenimiento de la demanda. De hecho, aunque de forma decreciente, siempre genera una fuerte reacción.

Por otra parte, la diferencia entre carbón nacional e importado estriba, en detrimento del oriundo propio, en dos cuestiones. La primera, el poder calorífico (mayor del foráneo). Y, la segunda, los precios (comparativa más caro el interno). Los precios del carbón importado, incluyendo algo tan costoso como su transporte son más bajos y competitivos. Además, el coste de los derechos de emisión (la energía térmica es una tecnología contaminante), ha agrandado más esta brecha si cabe, dejándola en muchos casos fuera de mercado por rentabilidad. Todo ello hace que la producción de electricidad por esta vía sea costosa y que en la casación de precios de oferta y demanda del mercado eléctrico, los precios resultantes (más baratos en este contexto) impidan que estas centrales participen en el mismo por sus costes.

El Gobierno ha arbitrado una medida coyuntural, que ha sido la creación de una reserva estratégica de carbón gestionada por Hunosa, para almacenar carbón nacional en espera de tiempos mejores y de que se recupere la demanda. Pero, es insuficiente a este fin porque se está llegando al límite de su capacidad. Sobre todo porque la demanda no se recupera y los precios tampoco. Y, segundo, porque además hay un cierto cuestionamiento sobre la naturaleza de esta decisión en la medida que puede ser considerada ayuda de estado.

Hay que recordar otros mecanismos que se articularon en su momento para compensar la necesidad de utilizar carbón nacional de cara al proceso de liberalización del mercado eléctrico. Los Costes de Transición a la Competencia (CTCs) eran un instrumento creado específicamente a este fin. Curioso es que los detractores de este instrumento hoy aboguen por aumentar las ayudas al carbón nacional en esta coyuntura, por la vía de la internalización de las pérdidas.

Por otra parte, empiezan en ese entorno a aparecer las suspicacias entre tecnologías de generación, sobre todo por las que se han abaratado relativamente por los costes internacionales o las que entran en el mercado de forma directa como son las renovables y lo hacen al precio medio de casación. Y, todo ello, con un fuerte deterioro de los márgenes como ocurre en las centrales de ciclo combinado (gas). Hoy, los autores materiales e intelectuales del Informe de Costes y Precios, por ejemplo, no aparecen a los precios del mercado eléctrico para señalar las brechas. Los ha desautorizado la realidad.

En todo caso, seguramente habrá que plantearse la resolución de este problema desde distintas ópticas, pero ninguna que entrañe la intervención en el mercado eléctrico, o se fuercen regulatoriamente los procesos de generación (obligando, por ejemplo, a “quemar carbón” como sea) de forma que se adulteren los mecanismos de mercado o se altere el mecanismos de formación precios de forma que se distorsione el funcionamiento eficiente del mismo. Seguramente porque en juego están los precios del carbón nacional, la rentabilidad de las explotaciones, pero también los de la electricidad y que el mercado recoja todas las señales. Absorbiendo ineficiencias o sindicando los problemas ‘a la búlgara’ no llegamos a ningún sitio y menos, si la forma de tratar los problemas: enmascarándolos o mezclándolos. Y en esto es preciso diferenciar: una cosa es la política industrial relativa a la minería y otra la energética. Eso no quiere decir que no se aborde de forma conjunta el desarrollo económico y de actividad en las cuencas mineras, incluso el reforzamiento de la protección social asociada a las consecuencias de este escenario.

Finalmente, en esta descripción, entra un cierto deseo de recuperar el tiempo perdido por esta tecnología, pero el progreso técnico en esta tecnología va más lento que esta crisis sobrevenida y prolongada. Existe una industria extractiva ansiosa de que determinados procesos industriales de generación como las tecnologías de carbón limpio, captura de carbono o procesos híbridos como el de Elcogas avancen a mayor velocidad.