México aumenta su capacidad de generación eléctrica en 2.000 MW

En el marco del 76 aniversario de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), Peña Nieto inauguró la segunda y tercera etapas de la potenciación del complejo termoeléctrico Manuel Álvarez Moreno, en el puerto de Manzanillo (océano Pacífico), que aumentó su capacidad de generación en 1.413 MW.

Con una capacidad total de 2.754 MW, que equivale a la demanda de energía eléctrica de la capital mexicana, esta central ocupa el segundo lugar en capacidad instalada a nivel nacional, destacó.

Además de esta obra, este miércoles comenzaron las operaciones de tres nuevas centrales generadoras de energía eléctrica; una de combustión interna en Baja California Sur, otra de ciclo combinado de gas natural en Chihuahua y una geotérmica en Puebla, indicó.

En Chihuahua también se puso en marcha el Gasoducto Tarahumara, apuntó el mandatario, quien mencionó además la construcción de ocho subestaciones y 11 nuevas líneas de transmisión.

«En suma, estas obras representan una inversión cercana a los 25.500 millones de pesos (unos 2.003 millones de dólares)» y un aumento «en 1.938 MW de capacidad instalada del sistema eléctrico nacional», expuso.

En el evento, el gobernante mexicano volvió a defender la iniciativa de reforma energética que envió esta semana al Senado, que busca modernizar el sector energético e impulsar el crecimiento económico del país.

El objetivo de la reforma, que abarca el sector eléctrico y también el petrolero, es generar energía más barata que beneficie a las familias, pero también a las pequeñas y medianas empresas, las cuales generan tres de cada cuatro empleos en el país, dijo.

En el apartado de la electricidad, la iniciativa prevé la participación del capital privado en la generación, antes sólo permitida a las grandes compañías para su autoconsumo, con el fin de aumentar la oferta y disminuir sensiblemente el coste. La idea es que «tanto la CFE como terceros generen más electricidad y más limpia», indicó Peña Nieto, quien inició su mandato el 1 de diciembre pasado.

Reiteró que la CFE «ni se vende ni se privatiza» y que, al contrario, el propósito es «fortalecerla para que sea una empresa más eficaz, de vanguardia» y «motor del desarrollo nacional».

Además, destacó que su propuesta «respeta y afianza» los derechos de los trabajadores de la CFE, a quienes brindará nuevas oportunidades de capacitación y desarrollo.

La iniciativa energética, que plantea reformas a dos artículos de la Constitución, también prevé la participación de la iniciativa privada en la exploración y extracción de crudo a través de los contratos de utilidad compartida, y en refinación, petroquímicos, transporte y almacenamiento vía permisos.

El Gobierno de Peña Nieto sostiene que se requiere de más empresas, tecnología e inversión para desarrollar la industria petrolera y convertirla en un motor del crecimiento económico, sin que la nación renuncie a la propiedad de los hidrocarburos.

Sin embargo, el tema es muy sensible para los mexicanos, que desde la expropiación petrolera de 1938 ven este recurso como un símbolo de soberanía nacional.

BBVA cree un «avance significativo» el proyecto de reforma energética

Por su parte, el área de análisis económico del Servicio de Estudios Económicos del BBVA calificó de «avance significativo» y «cambio estructural de la mayor importancia» la iniciativa de reforma energética de México, presentada el lunes pasado por el presidente Enrique Peña Nieto.

«La propuesta de reforma constituye, sin duda, un avance significativo respecto a la situación actual en materia energética en México«, indicó el análisis.

Agregó que sugerir una enmienda a uno de los artículos fundamentales de la Constitución mexicana representa un cambio crucial en este país, que «de aprobarse redituará en importantes beneficios para la economía«.

La iniciativa de reforma energética de Peña Nieto propone cambiar el artículo 27 de la Constitución para eliminar el monopolio de la empresa estatal Pemex en la producción de hidrocarburos y permitir su asociación con empresas privadas bajo el esquema de utilidades compartidas.

Actualmente, la ley permite la participación limitada en este sector mediante contratos de servicios múltiples, que fueron aprobados en la reforma de 2008.

No obstante, los expertos del BBVA aclararon que para tener una valoración más completa y adecuada de la reforma «habrá que conocer las leyes secundarias que la acompañarían, en las que se definirán varios aspectos fundamentales que quedan abiertos».

«En particular, habrá que conocer qué forma pueden tomar los contratos de utilidad compartida«, indicó este estudio.

El documento señaló que aunque algunos inversionistas esperaban una apertura mediante el esquema de concesiones para atraer inversión privada, la propuesta de contratos «no representa, necesariamente, una desventaja». Aseguró que estos contratos pueden ser diseñados para que tengan una eficacia similar a la de las concesiones, e incluso podrían dar mayor seguridad jurídica.

Para atraer la inversión privada, las normas y regulaciones de esta reforma deberán «brindar términos de contratos internacionalmente competitivos ante el costo de oportunidad de las empresas energéticas de invertir en otras regiones del planeta», precisó.

El BBVA consideró que únicamente con estos incentivos México tendrá acceso al capital, a la tecnología y al capital humano especializado en los «retos que representan la explotación de los recursos petroleros no convencionales y en aguas profundas».

Por otro lado, los analistas consideraron una debilidad de la reforma que la empresa no quede expuesta a una competencia en igualdad de condiciones con otros participantes, lo que hará que los cambios para mejorar la operación de Pemex sean más lentos.

La iniciativa calculó que de aprobarse la reforma se alcanzaría una producción de petróleo de tres millones de barriles diarios en 2018 y 3,5 millones en 2025.

«Sin embargo, los mayores costos de producir petróleo de más difícil extracción podrían constituir serios obstáculos para el cumplimiento de esas metas», aclaró el estudio.

También señaló la necesidad de una regulación efectiva para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pueda cumplir con la meta de lograr tarifas competitivas en este sector, así como promover la inversión en energías renovables para cumplir con el compromiso de desarrollo sustentable y cambio climático.

Para alcanzar las metas de lograr un aumento de un punto porcentual adicional del PIB en 2018 y de dos puntos en 2025, se requiere de un incremento anual de 5.000 millones de dólares adicionales en las inversiones como resultado de la reforma, precisó.