Así se desprende de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sobre el proyecto de la empresa Petroleum Oil & Gas España, filial de Gas Natural Fenosa, en el término municipal de Almonte (Huelva).

La compañía ya disfrutaba de las concesiones de explotación de yacimientos de hidrocarburos en los parajes de Marismas A, B-1 y C-2, si bien ahora logró, además, la autorización de almacenamiento subterráneo de gas, según adelantó el diario «Huelva Información«.

El proyecto y constará de tres fases: la construcción, la operación y el abandono o desmantelamiento y su objeto es la dotación de infraestructuras, adecuación y desarrollo de los emplazamientos gasíferos que conforman la zona de Saladillo, para el manejo adecuado y seguro de los caudales de producción de gas y posterior utilización de los yacimientos como almacenamientos subterráneos de gas, en caso que dicho almacenamiento resultase viable.

Con ese objetivo, a medida que se vayan agotando los yacimientos, el promotor contempla la reconversión de los mismos en almacenamientos subterráneos de gas, llevándose a cabo ciclos de inyección y extracción en función de la existencia de un exceso de oferta o demanda en el mercado. Así, se utilizarán como pozos de inyección-extracción los yacimientos de Asperillo 2, Peladillo 1, Saladillo 1 y Saladillo 2, actualmente en explotación, Asperillo 3, ya autorizado pero pendiente de perforarse, y los cinco nuevos sondeos objeto de este proyecto.

El proyecto prevé la realización de cinco nuevos sondeos de gas desviados desde los emplazamientos ya existentes de Saladillo y Asperillo, con las instalaciones de superficie asociadas, así como la instalación de un gasoducto de interconexión de 18.169 metros que sustituirá al que hay entre los emplazamientos de Saladillo y Rincón, cuya traza discurrirá principalmente por el antiguo trazado, aprovechando los caminos y pistas existentes.

Durante el periodo de consultas previas se recibieron alegaciones por parte del Parque Natural de Doñana, la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, la Dirección General de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales de la Consejería de Medio Ambiente, y la Delegación Provincial de Huelva, entre otros y gracias a estas aportaciones se lograron determinados blindajes medioambientales para garantizar la preservación de la fauna y las especies protegidas.

Las alegaciones fueron tenidas en cuenta para lograr que las afecciones al medio ambiente en una zona de especial protección como Doñana y su entorno «no sean significativas».

Entre los condicionantes establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental, destaca que antes del comienzo de las obras, la empresa deberá obtener el certificado de no afección a la Red Natura 2000, que será emitido por la Dirección General de la Red de Espacios Naturales y Participación Ciudadana de la Junta de Andalucía.

Además, deberá comprobar que en la zona de las obras no existan nidos de milano real y águila imperial ibérica, ni presencia de lince ibérico.

Asimismo, tal y como se recoge en el BOE, el promotor señalizará la pista de trabajo para su visualización con el objetivo de evitar que los trabajos se desarrollen fuera de sus márgenes; procederá a la plantación de especies autóctonas, y en la fase de operación, las afecciones sobre la fauna son consideradas por el promotor como poco significativas.

En España, la práctica totalidad del gas consumido procede de la importación. En este sentido, según recogió el BOE, en septiembre de 2002 se aprobó el Plan de los Sectores de Electricidad y Gas y el Desarrollo de las Redes de Transporte para el periodo 2002-2011 en el cual se prevé la necesidad del desarrollo de infraestructuras de almacenamiento de gas natural en diferentes localizaciones. Entre los proyectos de infraestructuras considerados en la revisión del 2005 del citado Plan se encuentra la adecuación del yacimiento de Marismas como almacenamiento subterráneo. La última revisión de este Plan corresponde al documento «Planificación Estratégica de los Sectores de la Electricidad y el Gas 2008-20160«, de octubre de 2007, donde se mantiene la propuesta de utilización de este yacimiento como almacenamiento.

La DIA cuenta con «informes favorables»

Por su parte, la Subdelegación del Gobierno en Huelva aseguró que la DIA, aprobada por el Ministerio de Agricultura para la utilización del subsuelo de Doñana para la producción y almacenamiento de gas natural, cuenta con «informes favorables necesarios y preceptivos para que sea así», incluidos el de la Junta de Andalucía.

Según informaron desde la Subdelegación, la DIA es «positiva tras la realización de todos los estudios pertinentes» e insistió en que cuenta con «los informes favorables necesarios».

En este sentido, destacaron que «no se pone en riesgo ningún ecosistema, ni mucho menos el Parque Nacional de Doñana», a lo que añadieron que esta DIA se elaboró con «la misma exigencia y rigurosidad» que todas las declaraciones de impacto ambiental que está dictando el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Los ecologistas denunciarán el proyecto ante la Unión Europea

Por último, el portavoz de Ecologistas en Acción en Doñana, Juan Romero, se pronunció sobre este asunto y aseguró que su grupo «no se quedarán de brazos cruzados» y denunciará ante la Unión Europea porque el almacenamiento es «incompatible» y está al margen de los planes de ordenación del enclave natural.

Romero señaló no entender «cómo no se ha obligado a la empresa a buscar lugares alternativos para el almacenamiento de gas», porque, según añadió, «Doñana es Patrimonio de la Humanidad y es lugar de interés comunitario».

El portavoz de Ecologistas en Acción recordó que en noviembre de 2011 hubo una reunión de todos los grupos de trabajo de Doñana y ya las organizaciones ecologistas «dijeron no al visto bueno para este proyecto», destacó Romero.

Por su parte, en representación de WWF, Juan José Carmona, aseguró que «la mayor preocupación» del grupo ecologista es conocer si las prospecciones afectarán al acuífero, ya que, aunque «la teoría dice no, tenemos el ejemplo de la Mina de las Cruces, y una cosa es lo que pone en el papel y otra la realidad».

En esta línea, aseguró que desde el Consejo de Participación de Doñana van a exigir que todo el proceso «se lleve con la máxima transparencia posible», indicando además que ahora están estudiando la DIA, concedida por el Gobierno para el proyecto, para comprobar si incluyeron alegaciones solicitadas por el grupo ecologista como «la realización de un estudio completo de todo el impacto agregado de los proyectos».

A su vez, aseguró que habrá que ver las compensaciones económicas que se deben exigir a la empresa, como «la compra de fincas en el entorno y que sean de interés para Doñana, las restauren y las pasen a la gestión pública».

Equo critica que el Gobierno permita que Doñana se convierta «en un campo de almacenamiento de gas subterráneo»

Equo ha expresado su oposición al proyecto aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente y ha criticado que se permita que esta zona se convierta «en un campo de almacenamiento de gas subterráneo».

Para la formación ecologista, este aprovechamiento es «incompatible con la máxima protección nacional y europea de Doñana y provocará afección al acuífero del que depende todo el ecosistema marismeño y a muchas especies amenazadas, incluido el endémico lince ibérico, que encuentra justamente en la zona afectada una de sus principales áreas de dispersión».

«Los pozos tienen necesariamente que atravesar el acuífero para acceder a los yacimientos de gas (a unos 1.000 metros de profundidad) con el riesgo que supone de contaminación, dado que la perforación se realiza con un fluido compuesto por agua a presión y productos químicos«, denuncia en un comunicado.

Con todo, Equo asegura que «lo más preocupante del proyecto consiste en la futura utilización del yacimiento para el almacenamiento subterráneo posterior de gas de origen desconocido». «Esto supondría una afección permanente del Espacio Natural de Doñana completamente incompatible a nuestro juicio con los objetivos de espacios naturales y parques nacionales», ha señalado el coportavoz federal, Juan López de Uralde.

Por su parte, la coportavoz de Equo Andalucía, María Merello, ha señalado que «esta posible utilización del yacimiento para el almacenamiento subterráneo de gas coincide con el creciente interés de las compañías por la extracción de gas no convencional por el método de fractura hidráulica (fracking), lo que nos hace sospechar de la conexión de unos proyectos con otros«.

Además, la formación avisa de que «se da la circunstancia de que la empresa concesionaria es una filial de Gas Natural Fenosa, en cuyo consejo de administración se sienta el expresidente Felipe González, que recientemente dimitió como presidente del Consejo de Participación de Doñana». «Son demasiadas coincidencias», ha apostillado Merello.

A juicio de EQUO, este proyecto necesitaría la autorización expresa de la Comisión Europea por afectar directamente a la Red Natura 2000, por lo cual elevará la correspondiente pregunta a través de sus representantes en el Grupo Parlamentario Verdes-ALE.