Un vistazo a la legislación del sector eléctrico desde 1997 muestra un prolijo conjunto de normas de todo tipo que no lograron ajustar un sector económico clave: 36 reales decretos, 14 reales decretos-ley y 2 leyes, a los que se suman alrededor de media docena de ordenes y reglamentos técnicos y varios planes y adaptaciones de directivas comunitarias.

Aunque el desfase venía de antes -el déficit comenzó a crecer con fuerza en 2005- el aluvión normativo fue especialmente intenso desde 2007 tras el fuerte impulso a las renovables y los posteriores intentos de tumbar al «monstruo» del sector: el déficit de tarifa, un desfase generado al ser los ingresos del sistema insuficientes para cubrir costes.

Una de las claves está en la entrada en vigor del Real Decreto 661 que fijaba las primas para el régimen especial y que supuso el inicio del «boom» para algunas tecnologías como la fotovoltaica o la termosolar.

Apenas habían pasado dos años cuando se comenzaron a tomar distintas medidas para intentar atajar el fuerte incremento en los costes regulados por el aumento de las primas que cobran estas instalaciones por su producción.

En ese sentido, se crearon sistemas de pre-registros para algunas fuentes, se recortaron retribuciones y se limitaron las horas de funcionamiento pero el déficit de tarifa seguía creciendo.

A partir de 2011 se intensificaron los esfuerzos para intentar acabar con este problema.

En enero de 2012 entró en vigor la moratoria para las energías renovables (las nuevas instalaciones ya no recibirían primas) y en marzo se aprobó un nuevo paquete de medidas con recortes a la distribución, los pagos por capacidad y otros costes reconocidos a las empresas por unos 1.700 millones.

Unos recortes que fueron acompañados de un incremento del 7% en el recibo de la luz que tampoco logró atajar definitivamente el problema y que obligó a modificar los límites legales fijados para esta deuda.

En septiembre de 2012 llegó el anteproyecto de ley con medidas fiscales, siete nuevas tasas o impuestos, con el que se previa recaudar unos 2.700 millones de euros y que entró en vigor en enero de este año. A esto hay que añadir los cambios en la retribución del régimen especial y la ley para impulsar la competencia en los sistemas extrapeninsulares.

Según los cálculos del Gobierno, sin las medidas tomadas desde 2012 el déficit ascendería este año a 10.500 millones de euros pero aún con estas medidas seguían quedando 4.500 millones de euros para este año.

Con el nuevo marco para el sector presentado ahora y que el Gobierno calificó de «definitivo» se intentará acabar de una vez con este problema que ya ha cumplido una década pendiente de resolución.