«Son instalaciones de pequeñas dimensiones, que se pusieron en funcionamiento a través de financiación por parte de la banca que, como es habitual, reclama los pagos bajo amenaza de embargar tanto las instalaciones como los bienes de los propietarios de estas plantas», afirmó la asociación, que comparó la situación de estas familias con la de las preferentes.

Anpier anunció además que, como parte de sus esfuerzos para defender esta tecnología, se reunirá este martes con el adjunto al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, para ponerle al corriente de la situación del sector fotovoltaico y pedirle amparo ante el «hostigamiento» que sufren sus productores.

La fotovoltaica, aseguró la asociación, está viéndose sometida a una «vulneración de principios esenciales del orden constitucional, como son la tutela judicial efectiva, la irretroactividad de las normas desfavorables, la seguridad jurídica y la confianza legítima«.

En España, indicó, más de 55.000 instalaciones fotovoltaicas se encuentran «gravemente afectadas por dos normas retroactivas», que son el real decreto 1565/2010 y el real decreto ley 14/2010.

Estas dos normativas implican una pérdida media de hasta un 30% de los ingresos de estas plantas, a los que, desde enero, se suma la nueva carga impositiva del 7% a la producción de electricidad.

Anpier consideró que los particulares que invirtieron en fotovoltaica sufrieron una «estafa de Estado maquinada con la intención de aproximarse a los objetivos energéticos Europeos de 2020 y cumplir con los compromisos de Kioto a costa de la inversión privada de decenas de miles de familias españolas».

Estos inversores dejaron de obtener el «retorno prometido» a través del BOE, lo que supone «una maniobra más escandalosa que la estafa de las preferentes, puesto que en el caso de las inversiones en fotovoltaica no existía letra pequeña, sino que se cambiaron las condiciones del contrato una vez realizadas la inversiones, y con la agravante de ser el propio Estado el que las garantizaba», aseguró.