Más de 1,2 millones de familias españolas no tienen acceso a la energía, según María Irigoyen

Durante la presentación de un dictamen de iniciativa sobre pobreza energética del Comité Económico y Social europeo en la sede de las instituciones europeas en Madrid, Irigoyen consideró «inaceptable que mientras las empresas obtienen beneficios se esté cortando la luz a 1.200.000 familias españolas».

«Las compañías, el gobierno y competencia deberían ponerse de acuerdo en por qué hay que subir el precio, dar una información veraz, contrastada de si existe o no esa necesidad», alegó.

Sobre todo, teniendo en cuenta que «nuestro país es el segundo de la Unión Europea que tiene el precio más elevado» de la energía, lo que supone «que no se pueda atender porque el recibo de la luz o del gas se llevaría más de la mitad de los ingresos de la población».

Mientras en Europa más de 60 millones de personas sufren «pobreza energética», de acuerdo con Irigoyen, el precio de la electricidad se incrementó un 6,6% en la Unión Europea entre 2011 y 2012.

«La iniciativa del Comité Económico y Social es interesante y debería ser recogida por las autoridades europeas para presentar un fondo para atender las necesidades de la población que hoy en día sufre pobreza energética» propuso Irigoyen.

La eurodiputada añadió que de dicho fondo podrían salir también «ayudas para renovar y reformar las viviendas y que estén mejor protegidas para que no se dispare el recibo de la luz».

Preguntada por el papel que las comunidades autónomas desempeñan en este asunto, la eurodiputada insistió en que «deben vigilar que los fondos europeos para el periodo 2014-2020 se ajusten a programas que beneficien a todos los ciudadanos».

«Tienen que poder saber qué problemas tienen o cómo están sus ciudadanos y pueden utilizar parte de los fondos de desarrollo regional para atender estas necesidades», concretó.

La eurodiputada recordó que «las próximas elecciones al Parlamento Europeo van a ser cruciales para recuperar esa Europa social que teníamos, la de los derechos», y añadió «que siempre que hay un incumplimiento de los derechos fundamentales tenemos el tribunal de derechos humanos que va defender a los ciudadanos frente a los abusos».