Marti Scharfhausen ve presiones en lugar de responsabilidad en la resolución del déficit tarifario

Marti Scharfhausen, el secretario de Estado de Energía, desde su comparecencia con motivo de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado 2012 en el Congreso, ha mantenido un prudente silencio. Se acentuó su protagonismo con la crisis de los mineros ya que fue, en gran medida, el encargado de la negociación con este sector, dada su experiencia como Ingeniero de Minas, abandonando la escena pública una vez sofocado momentáneamente este conflicto.

El hecho es que Marti Scharfhausen ha estado muy ausente de todo el proceso conducente a la elaboración de este Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales en Materia Medioambiental y Sostenibilidad Energética, incluso también ha estado muy ausente en otras decisiones energéticas como las revisiones tarifarias eléctricas trimestrales o los encontronazos entre el ministro a cuenta de la evolución de los precios de los carburantes. Todo ello por decisión y precauciones propias, por cuestionamientos alrededor de su figura, por reparto de funciones en el Ministerio o por estar detrás de una estrella política. Y, en justa correspondencia, también su ausencia, ese silencio atronador, se ha podido percibir en las declaraciones públicas al respecto de la actualidad de lo energético en estos meses.

Quizá la propia ritualización de la presentación de los Presupuestos Generales de 2013 ha hecho que Marti Scharfhausen vuelva a salir del armario de la sede la Secretaría de Estado al ruedo público, volviendo a no dejar indiferente a nadie. Y, entre sus declaraciones, afirma que «hay presiones impresionantes para acabar con el problema del déficit tarifario». Partamos del hecho de que es normal que existan presiones por parte de muchas instancias para acabar con esta aberración: que un país se endeude para pagar un consumo corriente porque no acepta los precios que producen sus decisiones regulatorias. Presiones de los mercados financieros, presiones desde la Unión Europea, presiones desde los financiadores obligados, presiones desde los sectores energéticos. Pero, en realidad, no es un problema de presiones: es un problema de responsabilidad con una política de precios realista que es la mejor forma de proteger al consumidor en lugar de engañarlo.

Lo segundo a resaltar de sus declaraciones, a falta de un análisis pormenorizado, y que llama poderosamente la atención, es la afirmación de que en Industria habrían escuchado a todo al que había querido acudir a esta sede, a su seno (el otro, no teta) para ser oídos. Y reclama un pacto de todos. Hay muchos hechos y datos que invalidan esta afirmación. El primero es la propia lamentación del secretario de Estado, en círculos mucho más íntimos de una Comisión Parlamentaria, en relación al ostracismo al que había estado sometido el sector eléctrico en este proceso y su equivocación en no contar con ellos.

Segundo, es el hecho de que, probablemente, más allá de un encuentro en un cóctel o una toma de contacto (una devaluación del concepto de diálogo, una medianía insoportable), o un cierto pastoreo de los agentes económicos, no se ha llevado a cabo un proceso profundo de diálogo coherente con la importancia, relevancia y gravedad del problema del déficit tarifario, con un descenso a nivel técnico, económico y gestor profundo, máxime cuando desde el Ejecutivo se desconfía hasta de la contabilidad financiera auditada de las empresas y se teme entrar en serio en la cuestión y en profundidad. Esa no es la forma de elaborar y requerir un pacto.

Tercero, porque en la mesa de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, sólo han aparecido unos informes y proceden de una parte actoral diferente, dejando en evidencia quién ha tenido el acceso real.

Cuarto, porque toda la operativa política del Gobierno ha estado dirigida a formalizar un modelo de distribución de perdedores y ganadores, coherente con los intereses de las élites extractivas y, en ningún caso, pensando en el modelo de liberalización de mercado y de suministro eléctrico.

Y, quinto, por sus obras les conoceréis. Por las propias consecuencias graves y nefastas que se han descrito en estos días y que se derivan de este anteproyecto de ley. El hecho es que si hubieran hablado, esto no hubiera ocurrido. Aceptando la hipótesis de que hubieran hablado, otra posibilidad es que no hayan escuchado. Y, definitivamente, si supuestamente han hablado y han escuchado, quiere decir que no han entendido nada.