«En un periodo de dos años estamos tratando de poner orden en la sostenibilidad económica. Es responsabilidad de todos y somos conscientes de que no es nada fácil, pero los esfuerzos que estamos haciendo son tremendos porque las presiones son tremendas, no se lo oculto a ustedes, porque se trata de sectores con un impacto tremendo en la economía». Pero «merece la pena este esfuerzo», apostilló Marti Scharfhausen ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados, antes de aludir al «impacto enorme» del déficit de tarifa sobre la economía y las empresas.

En este sentido, el secretario de Estado de Energía recalcó que España tiene como gran «fortaleza» su parque energético, ya que tiene «muchísima generación», así como un «buen desarrollo» de renovables. Por ello, abogó por ayudar a las empresas para continuar con esta senda, pero de manera ordenada.

Respecto al proyecto de ley de reforma energética presentado por el Gobierno, que está actualmente en discusión parlamentaria, Martí Scharfhausen señaló que se trata del resultado tras «muchos estudios internos» con «todos» los colectivos del sector.

En la lucha contra el déficit de tarifa, aseguró, su departamento recibió «a todas las personas que lo han querido», entre ellas las asociaciones Unesa, APPA y «todas las asociaciones de renovables». «Hemos hablado con todos y visto todas las posibilidades, pero las posibilidades no eran muchas cuando hay un déficit galopante» con un acumulado de 24.000 millones de euros, afirmó.

Marti Scharfhausen insistió en que «no es fácil la solución» y que el Gobierno ha acabado diseñando un anteproyecto de medidas fiscales con las mejores opciones que ha encontrado para reactivar el sector y cumplir con el déficit, cuyo contenido está siendo analizado ahora por el Congreso.

«Deberíamos tratar todos los ciudadanos de tener un modelo energético único pactado entre todos. Ojalá. Es un tema que no depende de mí, sino de la Cámara», afirmó el secretario de Estado de Energía, antes de defender la importancia de pactos de este tipo.

Junto a esto, anunció que el Gobierno ya ha transferido a la tarifa eléctrica 640 millones de euros del «exceso de recursos» del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), lo que elevará los ingresos del sistema eléctrico y aliviará el déficit de tarifa de 2012. Esta medida forma parte del real decreto ley 13/2012 aprobado por el Ejecutivo en marzo para acabar con la deuda eléctrica.

Exceso de fotovoltaica y termosolar

En alusión al desarrollo de un nuevo plan de energías renovables, Marti Scharfhausen aseguró que la prioridad es contener el gasto ante una situación caracterizada por «un exceso» de la implantación de parques renovables respecto a lo que se planificó, fundamentalmente de termosolar y fotovoltaica, mientras que la eólica se encuentra «en la senda correcta».

Además, indicó que «los objetivos de 2020 de la Unión Europea están salvados» y que «hay margen de maniobra» en este sentido, por lo que el Gobierno debe centrarse en la sostenibilidad económica del sistema, a la vista de que las primas a las energías renovables ascienden a «7.500 millones» al año «e irán creciendo poco a poco porque la termosolar irá entrando hasta 2014».

Marti Scharfhausen también aludió al «excesivo coste» de la actividad eléctrica extrapeninsular y explicó que su departamento trabaja en una «revisión específica» para los sistemas insulares aislados, en la que se analizará el caso «isla por isla» para que «la eólica y la fotovoltaica también puedan desarrollarse más en estos territorios».

Carbón

Asimismo, en su comparecencia para explicar la cuantía correspondiente a Energía en los Presupuestos Generales del Estado para 2013, Martí Scharfhausen señaló que se ha «reducido» la dotación global destinada a esta área, de manera que el total asciende a 401 millones de euros.

De este monto, dijo que la partida más importante fue para el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, que asciende a un total de 540 millones de euros para el año 2013, de los que 168 millones corresponden a remanentes y excesos de tesorería.

Estos 540 millones de euros se desglosan de manera que para las prejubilaciones se destinan 292 millones de euros, 42 millones de euros para la reactivación de las cuencas mineras e infraestructuras del sector, 45 millones de euros para proyectos empresariales y 153 millones de euros para ayudas a las empresas, que se han incrementado porque «la finalidad es dar apoyo al cierre de las no rentables».

En esta línea, aseguró que los recortes en los presupuestos de los programas del carbón son inferiores a lo que reflejan los números y justificó la reducción de esta partida en que en los años anteriores se presupuestaba más dinero de lo que se gastaba y «no se utilizaron todos los recursos». «Ha habido reducción, pero sobre algo menor, ya que no todo el presupuesto anterior fue ejecutado», explicó.

Además, señaló que Bruselas está exigiendo un plan de cierre completo de las minas de carbón deficitarias de manera «urgente» y, por ello, ya están «sentándose» con las empresas del sector minero para diseñar un nuevo plan del carbón para el periodo 2013-2018.

Por otra parte, el secretario de Estado de Energía dijo que Industria está convocará la comisión de seguimiento del plan del carbón «cuando sea oportuno» y «en breve», en la que participan los sindicatos y las empresas, y sostuvo que su departamento trabaja con «urgencia» en este ámbito porque sabe que Bruselas «exige el cierre» en 2018 de instalaciones no rentables.

Martí Scharfhausen también dijo haber «tratado de negociar por todos los medios» con los sindicatos y las empresas una solución a los problemas del carbón y negó que se levantara de una reunión de forma airada.

«Hemos hecho más comisiones de seguimiento que antes», afirmó, antes de asegurar que el desplante del que se le acusa se produjo «a las once de la noche» y «después de haber preguntado durante más de media hora si alguien quería intervenir». «En ningún momento las reuniones fueron hostiles», afirmó.

En este sentido, el portavoz del PSOE en la Comisión de Industria, José Segura, le pidió la convocatoria «urgente» de la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón para que el sector pueda contar con una hoja de ruta para el periodo 2013-2018. Segura dijo actuar «como intermediario» de los sindicatos y trasladar la petición en tono «positivo».

Junto a esto, lamentó que entre 2011 y 2013 los programas destinados al sector minero hayan caído cerca del 50%, de 1.079 millones de euros a 540 millones de euros, lo que supone «un descenso superior al pactado con la Unión Europea, los sindicatos y las empresas».

La partida dedicada a ayudas a empresas, señaló, descendió en dos años de 319 millones de euros a 153 millones de euros, mientras que la dotación para el desarrollo alternativo de las comarcas pasó de 145 millones de euros a 45 millones de euros. Los fondos mineros se redujeron de 189 millones de euros a 42 millones de euros, mientras que el presupuesto de formación lo hizo de 25 millones de euros a 2 millones de euros. Por todo ello, Segura criticó las cuentas y afirmó que «es de torpes mirar hacia atrás constantemente».

Por su parte, el diputado de IU, Jesús Yuste, señaló que con estos PGE el Gobierno lleva al «abandono» a algunas cuencas mineras y que la aportación es más para el «cierre» y no como planes alternativos.

El diputado PP, José Antonio Erias, indicó que hay que convocar a los agentes sociales para que «entre todos» se cierre el plan 2013-2018 y lograr así «sacar entre todos el sector» para adelante y que recupere su competitividad, gesto que también se reclamó desde la bancada socialista.

En respuesta a los parlamentarios, el secretario de Estado reiteró que la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) cumplirá con los requisitos que les exige el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) hasta el cese de su actividad, prevista para el 6 de julio de 2013.

Reconoció también que es un «tema importante» lo sucedido porque el Gobierno había procurado que la empresa gestora, Nuclenor, pudiera prolongar la vida útil de la central hasta 2019 y añadió que el Consejo de Seguridad Nuclear es ahora la entidad vinculante en todas las decisiones, ya que «como Ministerio y Gobierno no estamos en ninguna posición».

Sobre el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), el secretario de Estado apuntó que se va a hacer un «nuevo plan estratégico» que recoja la nueva financiación de esta institución, que para 2013 va a ser de 150 millones de euros, lo cual, señaló, ya es «muchísimo» dinero, pese a que antes disponía de 250 millones de euros.

Por último, Erias indicó que estos PGE están centrados en el cumplimiento del déficit y un reajuste del gasto público para «recuperar la confianza perdida». Reflejan el «fracaso» que llevaron las políticas del PSOE, apostilló.