Ayer conocíamos la ampliación de plazo para el cumplimiento del déficit público español ligada a las recomendaciones de la Comisión Europea respecto del Programa Nacional de Reformas, en la que nos fijan un calendario mucho menos lábil y con menos vacilaciones que la trayectoria que sigue el Gobierno español hasta el momento en su ejecutoria, sobre todo en los costes políticos que acarrea para el Ejecutivo.

En dicho informe, la consideración decimosexta y la octava recomendación se centran en el déficit de tarifa eléctrico. Hasta el momento, en estos documentos, esta cuestión aparecía de una forma mucho más lacónica, en forma simplemente de una frase o alusión. Parece que el Consejo Europeo se ha hecho mucho más consciente de los riegos macroeconómicos que incurre un país que decide conjuntamente incrementar el coste del suministro, el aumento de los costes regulados por miles de razones y decisiones políticas, combinado con el control de precios por motivos electorales y de opinión pública. Por tanto, las autoridades europeas han decidido pasar a mayores, a la vista de lo inane de lo actuado en cuestión por el Gobierno español.

Hay que reconocer que el déficit de tarifa eléctrico nace en 2002, bajo los auspicios del entonces secretario general de Energía y hoy presidente de Red Eléctrica de España, José Folgado. La teoría de entonces, con una intensa demanda y burbuja inmobiliaria y un consumo galopante de energía, era que la energía no podía crecer más que el IPC. Luego, el volumen principal del mismo se genera en los sucesivos gobiernos socialistas. Pero, en la actualidad, este gobierno ha cerrado ya su primer ejercicio con 5.800 millones de euros de deuda y puede generar, él solito en estos dos años, entre 2012-2013, cerca de 9.000-10.000 millones de euros de déficit tarifario. Por tanto, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.

Por otra parte, hay que reconocer a favor del actual secretario de Estado de Energía que el problema del déficit tarifario eléctrico es un problema muy difícil, su alargamiento lo ha ido complicando más y que, en la actualidad, están todos los ojos puestos encima de él. Máxime cuando la Unión Europea le va a vigilar muy directamente. Los agentes internacionales también, los fondos de inversión, los agentes sectoriales, los mercados de financiación, de deuda, las instancias judiciales. Por tanto, la responsabilidad es mucho mayor para Álvaro Nadal y la necesidad de emplearse a fondo en términos gestores, negociadores, de respeto a la legalidad internacional y a la estabilidad jurídica y regulatoria, es mucho más elevada y exigente.

Y, evidentemente, esto suscita nuevas preguntas, referidas al déficit tarifario. Abstrayéndonos de la reducción de grados de libertad que tiene ya el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, aunque él no los acepte. ¿Cómo se va a hacer, cambia en algo la forma de proceder esta atención de realidad aumentada? Y, en términos concretos, ¿cómo se compadece esta recomendación con la adicción al déficit y la aparición de nuevos déficit tarifarios en el sector gasista y en el butano? ¿Seguiremos con estimaciones posibilistas y justificaciones ex post ante la aparición de los mismos para justificar controles de precios en el consumo corriente?

Asimismo, y atendiendo a la recomendación de reformar el sector y el suministro eléctrico, garantizando la separación de actividades y, esencialmente, el funcionamiento del mercado de generación, ¿cómo conciliar esta recomendación con la garantía del cumplimiento de la Ley del Sector Eléctrico y las Directivas Europeas en la medida que obviamente las instituciones comunitarias no van a renunciar ni van a tolerar ningún atisbo de profanación, como de vez en cuando insinúan los globos sondas de Industria? ¿Cómo ve la Unión Europea el castigo a los sectores empresariales, financieros, inversores, de suministro, los sectores y los mercados, derivado de decisiones políticas que va anunciando el gobierno para evitar coste político o negociación? ¿Seguiremos con distorsiones en el mercado de generación por decisiones políticas?

En lo que se refiere a la garantía de la separación de actividades contenida en las Directivas Europeas, ¿cómo hacer coherente esta obligación con la intentona del Gobierno de que Red Eléctrica de España pase a la generación por bombeo, inicialmente en Canarias, vulnerando la separación de actividades que establecen las normas europeas? ¿O con las previsiones de revisar las funciones de REE invadiendo las actividades de distribución en donde están sondeando caminos diferentes?

Seguimos. En dicho documento hay una importante alusión, hasta ahora inédita, al maná español que es la construcción a las inversiones. El documento habla de reducir el pasivo contingente de las finanzas públicas derivado de las infraestructuras de transporte no rentables, requiriendo la revisión de un organismo evaluador independiente de las mismas, dada la tendencia a la sobreinversión y más si es retribuida de forma regulada. ¿Afectará esto a la retribución de REE y Enagás? ¿Cómo casar esta recomendación en materia de inversiones con la intención del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de achatarrar instalaciones útiles de generación en Canarias? ¿Qué señales enviamos con estos comportamientos? ¿Qué pasa con Castor?

Hay cambios relevantes. Ahora la Comisión Europea pasa al marcaje. Vigilancia estrecha. Y, van a ser evaluadas, tanto las políticas generales, de existir, como las medidas que envían señales contradictorias con todo lo anterior y con la ortodoxia energética y económica. Como les decíamos, a la luz de nuestra propia audiencia, en las instituciones europeas, nos están mirando y muy de cerca. Cuidado con las chapuzas. Repórtense.