Mapa autonómico del fracking

Galicia: El Parlamento gallego, a través del consenso de los cuatro partidos con representación, aprobó frenar la llegada del fracking a Galicia hasta demostrar que no tiene consecuencias negativas para las personas y el medio ambiente. Precisamente fue el PP el que impuso una moratoria al fracking después de la proposición no de ley de Alternativa Galega de Esquerra, cuya intención inicial era la prohibición total de la técnica. Cabe señalar que desde la Xunta se había mostrado anteriormente cierto interés hacia el shale gas. En todo caso, el interés por el fracking en esta comunidad se ha enfriado tal y como evidencia que Trofagás, que explora el territorio nacional buscando yacimientos de gas no convencional, traslade su domicilio social de Vigo a Burgos.

Asturias: La Junta General del Principado aprobó una proposición de rechazo al fracking en la que instaba al gobierno autonómico a legislar en contra de esta técnica. Una respuesta menos contundente a la empleada en otras comunidades. Es más, desde el partido que gobierna en Asturias, el PSOE, lamentan que el Gobierno central no se haya adelantado al debate abierto a nivel territorial para establecer una normativa única para el país.

Cantabria: La comunidad cántabra, con unanimidad de sus fuerzas políticas, prohíbe el fracking por ley. Pero el asunto va más lejos: el PP de Cantabria se ha rebelado contra la dirección nacional y su consejero de Industria, Eduardo Arasti, fue el único entre sus 17 homólogos que se mostró plenamente en contra del fracking en la Conferencia Sectorial de Energía celebrada el pasado mayo ante el propio ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, al considerarla peligrosa para el medio ambiente y, particularmente, sus acuíferos. El presidente cántabro, Ignacio Diego, garantiza que la prohibición se mantendrá; resulta especialmente relevante ya que Cantabria está considerada como una de las comunidades con más potencial, con permisos de exploración concedidos con anterioridad a la prohibición.

País Vasco: Es la comunidad donde el debate sobre el fracking ha sido más intenso; primero, en 2011, el lehendakari socialista Patxi López apoyó el proyecto «Gran Enara». Después de las elecciones vascas de 2012, el nuevo lehendakari, el nacionalista Iñigo Urkullu, mostró rápidamente su rechazo y retiró el apoyo de las instituciones vascas. En los últimos meses, el Parlamento Vasco admitió a trámite la Ley de Conservación de la Naturaleza a petición de las Juntas Generales Alavesas. El objetivo de esta propuesta era prohibir el fracking en las zonas naturales protegidas. Su paso por el Parlamento vasco ha servido para desnaturalizar la ley original: los grupos parlamentarios de PNV, PSE (socialistas) y PP pactaron una modificación que elude la prohibición y lo único que establece son vetos puntuales a la técnica después de la pertinente evaluación de impacto ambiental. Cuando termine de tramitarse la Ley, podría reactivarse la vía de una iniciativa legislativa popular contra el fracking impulsada por la plataforma Fracking ez Araba y apoyada por EH Bildu.

Navarra: El Parlamento de Navarra aprobó el 3 de septiembre el proyecto de Ley Foral para prohibir el fracking como técnica de investigación y extracción de gas no convencional. Se trata de una iniciativa del PSOE. El PP se ha posicionado en contra de la prohibición; el partido en el gobierno, UPN, se ha abstenido y recuerda que hay comunidades en las que la técnica sí que se autoriza después de un estudio de impacto medioambiental.

Castilla y León: Hasta el momento se han concedido una veintena de permisos de exploración pero no de explotación. En las Cortes autonómicas, la oposición pidió en bloque declarar a la comunidad libre de fracking, sin éxito; en el PP hay división: el grupo parlamentario impidió la prohibición de la fractura hidráulica pero, como caso más representativo, la Diputación de Valladolid y de Soria declararon a su provincia como un territorio libre de esta técnica. Por su parte, el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, asegura que se están manteniendo todas las cautelas exigidas en materia medioambiental.

La Rioja: El Gobierno de La Rioja aprobó en mayo un anteproyecto de Ley para prohibir el uso del fracking como técnica de investigación y extracción de gas no convencional en el territorio riojano aplicado los principios de acción preventiva y cautela que propugna la Unión Europea en materia de protección ambiental. Después de la aprobación por parte de su parlamento, La Rioja se convirtió en la segunda comunidad, también del Partido Popular, en prohibir el fracking.

Aragón: Desde las Cortes de Aragón siempre ha existido unanimidad entre todos los partidos a la hora de rechazar el fracking. En mayo solicitaron la paralización del proyecto Aquiles, de investigación en el subsuelo de la provincia de Zaragoza con permiso concedido por el Gobierno central, mientras no se garantizara su seguridad con medidas avaladas por la UE. Al no ser una competencia autonómica, la oposición sí que ha criticado al Gobierno de Luisa Fernanda Rudi (PP) por no mostrarse en contra del fracking con la misma contundencia que las Cortes.

Cataluña: Después de una posición aparentemente favorable a la investigación con fracking, el Govern catalán ha descartado, según palabras de su consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig, el uso del fracking en el territorio catalán a la par que ha anunciado «diversas modificaciones normativas» para prohibirlo. Es la decisión a la que ha llegado el Ejecutivo de Artur Mas tras analizar las conclusiones de la comisión que debía estudiar la viabilidad del fracking en su territorio.

Comunidad Valenciana: Profunda división del PP, que ostenta el poder en las instituciones valencianas más importantes. En las Cortes el grupo popular ha rechazo prohibir el fracking en la comunidad; posición opuesta al Ayuntamiento de Valencia, que ha mostrado por unanimidad su rechazo a la técnica sin albergar ningún plan de extracción de gas en su término municipal. Más relevante es lo que sucede en Castellón: una empresa canadiense se ha interesado a través de su filial española, Montero Energy, en realizar investigaciones en la provincia. Después del apoyo inicial, el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner (PP), ha cambiado de opinión públicamente al consultar a una mesa de expertos y solicita al Consell que no otorgue a Montero Energy los permisos solicitados.

Islas Baleares: El Govern de José Ramón Bauzá (PP) presentará ante el Parlament balear una Proposición no de Ley para declarar al archipiélago como un territorio libre de fracking. Desde las Islas Baleares alegan que, dadas sus particulares características medioambientales y geográficas, la fractura hidráulica es una técnica inviable en su territorio.

Comunidad de Madrid y Extremadura: De momento no se ha producido debate alguno en torno al fracking por ser dos comunidades que los expertos consideran con escaso potencial para gas no convencional en su subsuelo.

Castilla-La Mancha: El pasado mes de abril, el partido en el Gobierno autonómico (PP) rechazaba una moratoria para el fracking presentada por la oposición alegando que no se han dado permisos de investigación que utilicen la fractura hidráulica sino que se utiliza «otro método sin consecuencias medioambientales». Desde entonces, el secretario autonómico del PSOE, Emiliano García Page, ha anunciado que llevarán una prohibición del fracking en Castilla-La Mancha en su programa para las autonómicas de 2015 mientras que Izquierda Unida trata de reunir las firmas necesarias para presentar una iniciativa legislativa popular contra esta técnica.

Región de Murcia: El partido que gobierna en la comunidad (PP) rechazó en mayo una moción presentada por los socialistas en la Asamblea Regional que solicitaba al gobierno de Ramón Luis Valcárcel prohibir el fracking en la región. Desde el PP se asegura que los permisos concedidos son para proyectos de exploración que no recurren a la fractura hidráulica ya que para la explotación mediante fracking consideran que sería necesaria otra autorización. Esta versión no ha calado en los municipios afectados, contrarios a las investigaciones a pesar de estar gobernados por el PP.

Andalucía: Propuso una moratoria en la utilización del fracking a nivel nacional en la Conferencia Sectorial de Energía celebrada en el pasado mayo advirtiendo de los aparentes riesgos de la técnica; no fue tenida en cuenta. A nivel regional, su Parlamento autonómico ha vetado la fractura hidráulica pidiendo al Gobierno regional que no conceda autorizaciones de investigación que impliquen el uso del fracking; eso sí, en esta ocasión con los votos en contra del Partido Popular.

Islas Canarias: El subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Enrique Hernández Bento, declaró en mayo que el fracking está descartado en el archipiélago canario debido a que esta técnica nunca se ha utilizado en aguas profundas y tampoco hay que ignorar el origen volcánico de las Islas Canarias.