Manuel Marín confirma que el decreto ley de detracción de derechos de emisión de CO2 no podrá sufrir modificaciones
El presidente del Congreso, Manuel Marín, confirmó ayer, según señala Europa Press, que el decreto ley sobre la detracción de los derechos de emisión de CO2 concedidos gratuitamente a las eléctricas no se podrá convalidar como proyecto de ley por falta de tiempo, a pesar de que el Pleno del Congreso lo había pedido por amplia mayoría.
El decreto ley convalidado la semana pasada por las Cortes amplía a 2012 (inicialmente el período era el comprendido entre 2006 y 2008) las detracciones de los derechos de emisión a las eléctricas. Dicho decreto fue convalidado por el Pleno del Congreso, con la abstención del PP, de CiU y PNV. El Partido Popular pidió la tramitación del texto como proyecto de ley, lo que da opción a modificarlo. Este punto fue aprobado por amplia mayoría, pues el PSOE también lo aceptó.
Unesa, la patronal del sector eléctrico, confiaba en que la tramitación del decreto como proyecto de ley permitiese introducir algunos cambios de carácter técnico que suavizasen el texto inicial.
En este sentido, conviene recordar que el decreto de detracción de derechos de emisión resta a todas las instalaciones en régimen ordinario (pero no a las del régimen especial) los derechos de emisión otorgados. Eso incluye a las instalaciones de generación hidráulica y a las nucleares, que, por no emitir CO2, no han recibido derechos de emisión. Sin embargo, Industria ha encontrado la justificación a esta medida en el hecho de que todas las instalaciones se han beneficiado de unos más altos precios de la electricidad, debidos, según Industria, a la incorporación del valor de los derechos de emisión recibidos a la factura de la luz para el cliente final.
El Congreso había encargado un informe jurídico para decidir la manera en que debe abordarse la tramitación del proyecto de ley derivado del decreto, pero la legislatura termina el próximo 14 de enero. En estas circunstancias, Marín confirmó que no habrá tiempo para tramitar el proyecto ya que, con el calendario presente, la situación resulta «imposible».
«Probablemente no se pueda tramitar ya como proyecto de ley, pero debo cumplir la ley hasta el último momento y dejar resuelto el expediente de las tarifas eléctricas. No va a haber pleno extraordinario y vamos a intentar resolverlo», explicó. Y añadió que sería necesario otorgar al texto un procedimiento de urgencia, reduciendo a ocho días los plazos de enmiendas y un pleno extraordinario, con la vista puesta en la disolución de las cámaras el 14 de enero.
En cualquier caso, esta cuestión procedimental no afecta a la entrada en vigor de las medidas ya que, al tratarse de un decreto ley, se aplican desde aprobación por el Gobierno y la consiguiente publicación en el Boletín Oficial del estado.
El portavoz ‘popular’ de la Comisión de Industria del Congreso, Fernando Castelló, aseguró en declaraciones a Europa Press que su formación no había alcanzado ningún acuerdo previo con el PSOE para realizar esta solicitud.
A su juicio la medida, que restará 1.495 millones de euros a los beneficios de las eléctricas sólo en 2008, no llegó al Congreso por la vía adecuada, ya que «en circunstancias normales» debería haberse indicado por trámite de proyecto de ley mucho antes. En este sentido, recordó que su grupo pide «siempre» esta vía al considerar inadecuado el mecanismo del decreto ley.

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