Malestar en el sector eléctrico ante un posible recorte unilateral en la retribución de la distribución

Según han publicado varios medios de comunicación durante los últimos días, la intención del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, es sacar adelante un real decreto ley que recoja un recorte en la retribución de la actividad de las redes de distribución, de hasta 500 millones de euros, lo que supondría meter el tijeretazo a la actividad regulada de las compañías eléctricas (grandes y pequeñas) y, por tanto, la merma de sus ingresos. Una propuesta que también fue recogida por la Comisión Nacional de Energía (CNE) en su reciente informe para acabar con el déficit de tarifa, que ya supera los 24.000 millones de euros.

Y es que la que tendría que ser una relación fluida entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y las grandes compañías eléctricas integradas en Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC Energía y E.ON España) es en la actualidad inexistente, según ha podido confirmar Energía Diario.

En un momento como este, de máxima importancia para el sector, ante la reforma energética anunciada por el Gobierno, y cuyo primer paquete de medidas se prevé que se apruebe este próximo viernes en Consejo de Ministros, las empresas han puesto el grito en el cielo ante la falta de negociación sobre el asunto en cuestión y ya dan por hecho que la medida se aprobará de forma unilateral por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El propio presidente de Unesa, Eduardo Montes, ha considerado que sería un «auténtico crimen» que el Gobierno recortara la retribución de las eléctricas, ya que estas deben dedicar grandes inversiones a este área para, entre otras cosas, desarrollar las redes eléctricas inteligentes.

Para las eléctricas, el retorno del 7% que obtienen de sus inversiones en la red de distribución no soportaría un recorte, puesto que redundaría directamente en la calidad del suministro y, algo que da seguridad de suministro «no se puede tocar», según ha afirmado Montes.

De hecho, esta decisión puede alterar mucho a las Comunidades Autónomas, las más susceptibles a la hora de que haya un buen suministro a los consumidores. Ellas y sus responsables de energía sufrirán los efectos secundarios del empeoramiento en la calidad de suministros.

Lo que ha llamado la atención de este planteamiento es que el recorte no afectará, presumiblemente, a la retribución de las redes de transporte que explota Red Eléctrica (REE), participada en un 20% por el Estado a través de la SEPI.

Al formar parte de los costes del sistema, estas redes también deberían ser revisadas, según han advertido las eléctricas y tal y como ya recomendó la CNE en su propuesta para reformar el mercado de la energía, por lo que ya han avisado que, en caso de que esto no fuera así, llevarían esta situación ante los tribunales para que sopesen el conflicto de intereses que supondría favorecer una empresa que cuenta con tres miembros estatales dentro de su consejo.

A todo ello, se une la anunciada subida del recibo de la luz a partir del 1 de abril y durante el próximo trimestre y que aún está por decidir. Este aumento de la tarifa tendrá que recoger el coste real de la actividad eléctrica tras las recientes sentencias del Tribunal Supremo que obligan a refacturar los consumos de cerca de 22 millones de clientes desde octubre del año pasado. Todo ello a pesar de que la decimoctava subasta Cesur, celebrada la semana pasada, cerró con bajadas de alrededor del 7% en el coste de la energía.