Maite Costa afirma que la «Ley de Economía Sostenible es un avance para los organismos reguladores»

Estas declaraciones figuran en un voto particular emitido por Maite Costa con motivo del informe sobre el proyecto de Ley de Economía Sostenible aprobado por el Consejo de la CNE el pasado 27 de enero y que ha sido publicado ahora.

En el voto particular, Costa considera que el informe es demasiado «parco» a la hora de subrayar la «dimensión» de la reforma de los organismos reguladores.

El informe, bastante crítico con el proyecto de Ley, pidió al Gobierno que el texto reconociera a la CNE potestad tarifaria y capacidad sancionadora directa, además de subrayar la necesidad de reforzar, dentro del ámbito energético, la posición del regulador.

Por su parte, Costa señaló en su voto particular que la Ley no es un cambio menor, sino una «reforma de hondo calado» que transpone al ordenamiento español algunas medidas recogidas en el tercer paquete energético de la Unión Europea en lo que respecta a la organización y el régimen jurídico de la CNE.

En concreto, indicó que el texto avanza en el reforzamiento de la independencia de los entes reguladores, en el fortalecimiento de sus atribuciones y competencias y en el desarrollo de un modelo interno de gobernanza más eficiente.

Costa reivindicó en su voto particular la necesidad de que la CNE participe en la planificación de las redes de distribución eléctrica, como ya hace con las líneas de transporte, un aspecto que figuró entre las propuestas del informe del Consejo del regulador.

Esta necesidad, añadió, se deriva de los recientes avances en la gestión de la demanda, el desarrollo de las redes inteligentes y el fomento de la generación distribuida.

La introducción de estos nuevos elementos en el sistema eléctrico va a otorgar un papel más «activo» a las redes eléctricas de distribución, por lo que, según Costa, deberían figurar dentro de la planificación que elabora la CNE.

Además de Maite Costa, cuatro consejeros de la CNE presentaron sendos votos particulares al informe, Francisco Javier Peón Torre, Luis Albentosa Puche, Jorge Fabra Ultray y Sebastiá Ruscalleda i Gallart.