Luis Albentosa desmonta el proyecto de reglamento para aumentar la protección del Gobierno al carbón nacional

El consejero Luis Albentosa considera que el Real Decreto propuesto por Industria no resuelve los problemas que pretende solucionar y genera nuevos problemas acumulados, al mismo tiempo que pide que se aborde esta cuestión de forma generalizada en el marco de los problemas globales que padece la actividad de generación eléctrica en un marco de una coyuntura recesiva en términos de demanda. Previamente recoge los efectos que se derivan de la propuesta de Real Decreto, tanto económicos como el aumento de las tarifas de acceso de casi el 19 % o los problemas derivados del aumento de las emisiones medioambientales.

Albentosa señala que el Real Decreto crea un procedimiento para resolver unas «desconocidas por inexistentes» restricciones por garantía de suministro, señalando que ni son «restricciones técnicas» (incidencias que impiden que se produzca el suministro de energía), ni existen problemas de garantía de suministro (existe más capacidad instalada y de generación que nunca).

El consejero clasifica los costes que produce este Real Decreto en tres tipos. Coste de la ineficiencia derivado de que las centrales de carbón nacional percibirán unos precios más altos que los resultados de la casación; coste por lucro cesante, como beneficio que dejan de percibir al ser sustituidas por carbón autóctono y los denominados daños emergentes, que se derivan del incumplimiento de los contratos de aprovisionamiento; y los costes de logísticas y costes asociados a los combustibles. El primero lo cifra la CNE en el Informe en 470 millones de euros. El segundo grupo en 300 millones de euros, y el tercero no se recoge. Mientras el coste de ineficiencia lo pagan las tarifas, el lucro cesante es soportado por las comercializadoras y los daños emergentes por las empresas generadoras.

¿Más desconexiones en los parques eólicos?

Albentosa señala otros efectos perjudiciales y menos conocidos, pero no por ello, menos importantes, entre los que destaca la rigidez que adquiere el sector energético español, que puede conllevar de facto a, por ejemplo, más desconexiones de parques eólicos al reducirse el denominado «hueco térmico», a incentivos a que las ofertas en el mercado que hagan los agentes sean menos competitivos.

En conjunto, el Consejero se muestra en contra del Real Decreto, dado que no existe un problema de garantía de suministro, y que nos encontramos en un momento en el que existe una muy excedentaria capacidad instalada (incluyendo las renovables) y concluye que el Real Decreto no se propone para resolver un problema de garantía o seguridad de suministro. En este sentido, disecciona la utilización del mecanismo de las restricciones técnicas, señalando que éstas se producen cuando el resultado del mercado es incompatible con el funcionamiento técnico del sistema y se producen congestiones o problemas que afectan al suministro, cuestión que, evidentemente, no se produce en esta denominación poco apropiada.

Finalmente, cuando señala las razones para estar contra este decreto, pone el dedo en la llaga, en cuanto que lo que pretende el Real Decreto en realidad es solventar los excedentes de carbón nacional por su menor competitividad, fruto de la necesidad de contar con derechos de emisión para funcionar y de la caída de consumo interno.

Hace una panorámica del sector de la minería español, que ha escapado a la tendencia continental de cerrar las explotaciones no rentables. «Mientras, más de treinta años después, en España funcionan explotaciones de la minería del carbón con manifiesta falta de rentabilidad que es sufragada por la sociedad a través de subvenciones y subsidios» y describe los mecanismos de apoyo (primas al carbón nacional y ayudas a la minería) y su finalidad, destacando que estas ayudas deberían reducirse cuando los precios del carbón importado a nivel internacional están altos, como el año pasado. Sin embargo, esto no ocurre así, puesto que el sistema de ayudas se mantiene fijo, dado que el objetivo de las primas debería ser exclusivamente conseguir que las centrales que utilizan carbón nacional sean competitivas respecto a las que usan carbón importado o para compensar la falta de competitividad del carbón nacional respecto al importado.

Irónicamente señala que se trata del único sector que puede elegir su régimen retributivo en función de las condiciones de cada momento, además de acogerse al más beneficioso de los dos por acumulación.

Albentosa aboga por que se proporcione una solución en el marco general de los problemas del sector eléctrico, que considera que deberá ser necesario abordar en pocos meses. El consejero entiende que con el Real Decreto, además de no resolver el problema, de intentarlo de forma ineficiente, se provocan otros problemas adicionales, y, además, no se afronta ni diagnostica el problema global existente hoy. En este sentido, destaca que estos problemas, que no son nuevos, se han presentado con mayor intensidad y simultaneidad ahora debido a la caída de demanda que, a su juicio, va a permanecer en el tiempo.

Especial interés tienen en el voto particular las alusiones a la Comisión Europea en el marco del señalamiento de la consideración de ayudas de estado que trasciende del propio proyecto y de cómo se están produciendo los mecanismos de ayuda al carbón cuya desaparición puede producirse incluso en 2010. Sobre todo porque todas estas fórmulas también entrarán al alcance de la fiscalización de Bruselas, cuestión que hasta ahora ha sido esquivada por nuestro país. Del mismo modo, la alteración que se produce del mercado, por innecesaria, se origina en un sector (minero) y se traslada a otro (eléctrico), cuestión que destaca no es nominalista o formal a ojos de las autoridades europeas, algo que puede traer más de un quebradero de cabeza al Gobierno y a esta propuesta.

Por último, Albentosa hace hincapié en cómo afectará el Real Decreto a la coherencia del sistema regulatorio energético español, además de la visión de que se trata de un problema generalizado que exige un diagnóstico y una solución global más que la atención concreta a un grupo social o colectivo concreto, pide que la solución que se adopte cuente con la aprobación de la Comisión Europea y aboga porque no se aborde mediante soluciones parciales, además de mostrarse contrario a que se eliminen los mecanismos de competencia y a que se aumenten las fórmulas de protección a sectores muy sobreprotegidos ya de por sí.

Más información: Voto particular de Luis Albentosa