Según el consejero Luis Albentosa, «el Gobierno no debe aprobar un real decreto que incorpore el conjunto de disposiciones que afectan a la retribución de estas fuentes de energía hasta que no se cumplan dos condiciones».

Según Albentosa, la memoria que acompaña al real decreto debe incorporar un detallado análisis sobre el impacto económico del cambio de retribución, así como su impacto sobre las tarifas de acceso para cada una de las diferentes energías renovables.

Del mismo modo, «debe quedar fehacientemente comprobado si existen o no importantes anomalías de algún tipo en determinadas instalaciones productoras de electricidad en régimen especial (energías renovables y cogeneración) y cuáles son las consecuencias que se derivarían de tales anomalías».

El consejero de la CNE argumenta su voto particular en que «por razones legales y por las distorsiones inducidas a las expectativas de las empresas, es casi imposible, y poco conveniente, cambiar al régimen retributivo de una actividad productiva regulada a lo largo de la dilatada vida de sus instalaciones. Por eso, cuando se comprueba que los incentivos son cuantitativamente excesivos es preciso establecer otros más reducidos para las nuevas instalaciones«.

Albentosa se muestra favorable a la medida propuesta por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de recortar los incentivos de las futuras instalaciones, puesto que en la actualidad se están estimulando «más de lo estrictamente necesario».

De hecho, el consejero recalca que «parece que la mayoría del consejo de administración de la CNE parece desconocer que la gran acumulación de proyectos de instalaciones fotovoltaicas no es un problema», cuando existen 1.347 proyectos en espera de ser preinscritos con una potencia total de 1.465 MW, algo que para Albentosa es «el síntoma más palmario de que los incentivos son excesivos».

Además de considerar que las primas «están sobredimensionadas», alerta de que parece que «los 1.347 proyectos que esperan a la puerta del MITyC transmiten el mensaje de que el correspondiente registro entrega duros a cambio de cuatro pesetas».

Para Albentosa el inconveniente de todo esto es que los consumidores son los que soportan finalmente este coste derivado de la existencia de un exceso de capacidad productiva.

Sin embargo, para la presidenta del organismo, Maite Costa, la propuesta del real decreto que afecta a las renovables «no merece sino un juicio favorable».

Asimismo, el consejero Sebastiá Ruscalleda votó «afirmativamente el informe mayoritario porque entiende que la aportación del mismo al proyecto de real decreto mejora la propuesta de las primas que se deben aplicar en cada caso y la garantía de retribución en el futuro», aunque aseguró que «el principio de «first come, first served», no debe ser el que se aplique para la determinación de las instalaciones que tienen derecho a tener primas».

Supuesta existencia de una repotenciación «fraudulenta y costosa»

Según Albentosa, el Real Decreto 661/2007 estableció que el número máximo de horas con las que pueden retribuirse las instalaciones fotovoltaicas fijas es de 1.358 horas.

Sin embargo, el consejero de la CNE denuncia que «en 2009 muchas instalaciones han superado este número», puesto que el número medio de horas para este tipo de instalaciones fue de 1.650 horas, un 20% superior a lo estipulado. «Es evidente que esto es consecuencia de la repotenciación» de las plantas solares fotovoltaicas.

Hay que recordar que «la repotenciación es un proceso consistente en instalar paneles en número tal que la potencia instalada sea superior a la potencia inscrita en el correspondiente registro administrativo» y que se consigue mediante la sustitución de unas placas solares por otras más modernas (más eficiones y/o de menor coste) o añadiendo a las autorizadas placas antiguas, nuevas placas más eficientes.

Por este motivo, Albentosa denuncia que «las nuevas placas estarían siendo retribuidas como si fueran de las antiguas, provocando un aumento considerable del coste del régimen especial». Un coste que ha estimado en 1.700 millones de euros en un plazo de dos años. Por todo ello, el consejero defiende el sistema de un número de horas retribuíble, «un límite efectivo a la existencia de comportamientos fraudulentos».

Sobre esta cuestión, Maite Costa advierte en su voto particular que «factores como las mejoras en el rendimiento de las instalaciones o proyectos de repotenciación de las mismas (…) han ocasionado un mayor número de horas de funcionamiento y, por ende, mayores rentabilidades económicas, superiores a las consideradas como razonables en su momento».

Por ello, Costa estimó conveniente «una medida encaminada a limitar el número de horas de utilización con derecho a prima, como la prevista en la propuesta de real decreto para otras tecnologías, pudiera ser oportuna a la hora de recuperar los niveles de rentabilidad razonable de los proyectos previstos incialmente y por consiguiente generar ahorros económicos a los consumidores«.

También, y en la misma línea que Albentosa, se manifestó otro de los consejeros. Jaime González recordó que en el año 2009 se alcanzaron las 1.776 horas medias aproximadas de superiores a las estimadas, por lo que «la tarifa fijada en 2007 debería haber sido inferior. Al no haber sido así, las mayores horas de utilización resultantes llevan a una rentabilidad superior a la considerada como razonable», que la tarifa original fijó en el 7,9% y el 9,2%. De este modo, González estimó que se deberían aplicar unos límites con los que «se podría ahorrar anualmente unos 370 millones de euros para el consumidor».