Los valores de radioactividad en España continúan estables

Pese a que la crisis nuclear en la central japonesa de Fukushina provocó un aumento de los niveles normales en Islanda, el Ejecutivo español sostiene que aquí «no se esperan alteraciones significativas en estas mediciones en el continente europeo».

España cuenta con dos operativos que suman un total de unos mil puntos de medición radiológica ambiental, repartidos por todo el territorio nacional, que permiten medir los niveles de radiación en el aire, cuencas fluviales, puntos del litoral, suelos y productos alimentarios.

La Red de Vigilancia de Ámbito Nacional del Consejo de Seguridad Nuclear se compone a su vez de dos redes de vigilancia: la Red de Estaciones Automáticas (REA) y la Red de Estaciones de Muestreo (REM).

La red de estaciones automáticas (REA) está integrada por 25 estaciones de medición automática, que disponen de instrumentos capaces de medir continuamente variables radiológicas (tasa de dosis gamma, concentración de radón, radioyodos y emisores alfa y beta en aire), así como variables meteorológicas (temperatura, precipitaciones, humedad relativa, presión atmosférica, dirección y velocidad del viento).

La recepción, gestión y análisis de estos datos corresponde al CSN, donde también se reciben los datos procedentes de la red de Protección Civil. En la red de estaciones de muestreo (REM), la vigilancia se realiza mediante la toma de muestras (terrestres y/o acuáticas) y su posterior análisis radiológico. Este proceso lo realiza el CSN en colaboración con una serie de laboratorios e instituciones de investigación españolas.

El REM se compone a su vez de dos redes de mediciones radiológicas complementarias, la denominada «red densa» y la «red espaciada». La red densa esta compuesta por numerosos puntos de tomas de muestras repartidos por todo el territorio nacional, y la red espaciada consiste en la selección de un número limitado de puntos de muestreo, donde se realizan medidas de muy alta sensibilidad y especialización.

Con estas dos redes se elaboran estudios e informes para dos programas, el programa de vigilancia de la atmósfera y el medio terrestre, y el programa de vigilancia del medio acuático continental y costero.

El programa de vigilancia de la atmósfera y el medio terrestre tiene como objetivo medir la radiactividad en suelos, aire, agua potable, leche y dieta tipo (alimentos básicos). El CSN desarrolla este programa mediante acuerdos de colaboración suscritos con 20 universidades y organismos de investigación repartidos por toda España.

El programa de vigilancia del medio acuático continental y costero tiene como objetivo vigilar la calidad radiológica de las aguas fluviales de las distintas cuencas hidrográficas, así como del agua de mar en diferentes puntos del litoral. Este programa se lleva a cabo por el Centro de estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) en colaboración con el CSN.

La red de alerta de radiactividad (RAR), dependiente de la Dirección General de Protección Civil, la forman 903 estaciones medidoras, repartidas por todo el territorio nacional y dotadas de tecnología capaz de detectar cualquier nivel de radioactividad ambiental superior a lo normal. Los datos recogidos en estas estaciones son enviados al Consejo de Seguridad Nuclear, que es el organismo encargado de evaluar y gestionar los datos.

El PSOE se compromete a mantener reuniones «al más alto nivel» con Greenpeace

Por su parte, el PSOE se comprometió a «abrir las líneas de interlocución al más alto nivel» con Greenpeace, después de reunirse con los representantes de la organización que participaron en Ferraz en una acción de protesta antinuclear.

Según informó el PSOE, los socialistas explicaron a Greenpeace durante el encuentro que la posición del partido sobre la energía nuclear «no se ha modificado» después de los sucesos de Fukushima.

El Partido Socialista aseguró «entender» que «el planteamiento de los ecologistas sea llevar a cabo acciones de este tipo», y afirmó que «no ha habido ningún inconveniente en recibirlos en la sede de Ferraz».

Los socialistas recordaron a los ecologistas que la posición del partido sigue siendo «que las centrales después de 40 años tienen que cerrar, a no ser que por una serie de circunstancias o informes favorables del Consejo de Seguridad Nuclear pueda abrirse una prueba extraordinaria», y reiteraron que «Garoña va a cerrar en 2013».

«La relación del Partido Socialista con Greenpeace en los últimos años ha sido fluida y constante y siempre las puertas del PSOE han estado abiertas a esta organización», aseguraron.

Greenpeace cambia los logos de las sedes del PP y del PSOE para exigirles el fin de la nuclear

Activistas de Greenpeace escalaron las sedes del PSOE en Ferraz y del PP en Génova para cambiar sus logotipos y reclamar un «compromiso claro y rotundo con el fin de la energía nuclear en España».

Así, reclamaron que tras el accidente nuclear registrado en Japón a raíz del tsunami que siguió al terremoto de 9,1 grados de magnitud en la Escala Richter, «adopten una actitud responsable en materia de energía y promuevan activamente el abandono de la energía nuclear en España».

Concretamente, en el PSOE los escaladores cambiaron el logo por otro que hace alusión a su apoyo a la energía nuclear. Mientras, en la sede del PP trabajadores del partido trataron de impedir el desarrollo de la protesta pacífica. Los activistas desplegaron pancartas con el lema «No más Fukushima. Nucleares, cierre ya» e hicieron sonar una alarma que dice «Atención, atención, se declara alarma nuclear».

Greenpeace cuestionó la actitud del PP y del PSOE hacia la energía nuclear y se planteó hasta qué punto seguirán defendiendo este tipo de energía y los intereses económicos de la industria nuclear.

«La situación de la central nuclear de Fukushima sigue descontrolada después de casi dos semanas y ya se han emitido grandes cantidades de radiactividad. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los partidos políticos para defender la energía nuclear? ¿A qué están esperando? Si ha pasado en Japón perfectamente puede pasar en España, pues tenemos el mismo tipo de reactores», declaró el responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo.

Finalmente, recordaron que Greenpeace pide al Gobierno y a los partidos políticos un plan de cierre progresivo pero «urgente» de las centrales nucleares españolas, comenzando por Santa María de Garoña (Burgos) y Cofrentes (Valencia) porque disponen de reactores similares a los de Fukushima Daiichi; al tiempo que reclaman un 50 por ciento de electricidad renovable en 2020 y hasta un 100 por ciento de renovables antes de 2050.

Por su parte, la organización Ecologistas en Acción lanzó una ciberacción que consiste en que los ciudadanos envíen correos electrónicos al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, y a la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, para que inicien un plan de cierre de las centrales nucleares españolas que acabe en 2020 y que paralicen el proceso del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares.

En la carta que llegará a los destinatarios se esgrime que la seguridad es uno de los principales elementos para exigir sus objetivos, una vez que consideran que el accidente nuclear de Japón «ha demostrado que, por improbables que se presenten, los accidentes nucleares acaban ocurriendo» y que un accidente nuclear es «potencialmente de muchísima mayor gravedad que uno en la industria renovable».

Además, añadieron que el tema de los residuos nucleares sigue sin estar resuelto y que son activos durante miles de años, al tiempo que insistieron en que las nucleares entorpecen al desarrollo de las renovables.

Asimismo, se basaron en su carta en la sobre capacidad de producción eléctrica de España y aseguraron que el país ha sido en los últimos años un «exportador neto» de electricidad.

IU-ICV quiere que se establezca por ley el calendario de cierre de las centrales nucleares

También, los portavoces de IU y de ICV en el Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares y Nuria Buenaventura, respectivamente, registraron en la Cámara Baja una iniciativa parlamentaria para que el Gobierno presente «un proyecto de ley que establezca el cierre de las centrales nucleares de acuerdo con su vida de diseño y sin posibilidad de renovación extraordinaria de las concesiones por encima de 30 años», comenzando por la clausura «inmediata» de la de Garoña. Se trata de una proposición no de ley, presentada para su debate en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio de la Cámara Baja.

Asimismo, reclamó al Gobierno que presente otro proyecto de ley que establezca la creación de un fondo «que se nutrirá del total de los beneficios de las centrales amortizadas». De ese fondo, proponen IU-ICV, un 20% se destinará al mantenimiento y seguridad de las centrales, un 15% al gestor de la central, otro tanto a la dinamización social y económica de las zonas afectadas por el cierre de las centrales, y un 50% «al impulso y la inversión en planes de energías renovables y de mejora del ahorro y la eficiencia energética«.

En la exposición de motivos, los proponentes alegaron que la catástrofe de Fukushima demuestra que la energía nuclear «ni es la solución al cambio climático, ni es una energía barata, ni existen recursos ilimitados ni tampoco elimina la dependencia energética exterior».

Tras recordar que Alemania anunció que cerrará temporalmente sus siete centrales más antiguas, que operan desde antes de 1980, IU e ICV trajeron a la memoria los «accidentes de distinta gravedad» que se han producido en algunas centrales españolas.

En este sentido, destacaron «los escapes y fugas radiactivas en Ascó en 2007 o los problemas de funcionamiento sin resolver como la rotura por corrosión del sistema de refrigeración de la central de Vandellós-II».

«Es necesario limitar a 30 años la vida útil de las centrales nucleares eliminando cualquier posibilidad de renovación extraordinaria de las concesiones y fijando por ley los criterios para adelantar su cierre», sostuvieron ambas formaciones.