Los usuarios se ahorrarán hasta tres euros mensuales con el nuevo recibo de la luz, según dice Nadal

Nadal, en declaraciones a RNE, aseguró que el Gobierno ha intentado hacer un sistema «transparente, sencillo y que produzca ahorros al consumidor final» tomando como referencia el precio medio de la electricidad en el mercado y no el resultante de una subasta.

El secretario de Estado de Energía señaló que el sistema de subastas era «excesivamente caro» e insistió en que si no se hubiera anulado la última, los españoles habrían pagado 500 millones de euros más. Tras anular la subasta, el Gobierno estableció un precio fijo, que fue superior al precio del mercado, por lo que los consumidores recibirán unos 300 millones de euros en concepto de devolución.

Según explicó Nadal, los consumidores no tendrán que hacer nada para cobrar la devolución, porque las compañías eléctricas la efectuarán de manera automática «en el primer recibo del nuevo sistema». En este sentido, recordó que las eléctricas tienen un máximo de tres meses, a partir de mañana, para facturar la luz en función del nuevo sistema, por lo que, dependiendo de la empresa contratada, habrá consumidores que reciban antes la devolución y otros que la cobren después.

El secretario de Estado detalló también los componentes de la factura de la luz para que los consumidores entiendan mejor lo que están pagando. De los 50 euros mensuales que paga de media un consumidor, entre 22 y 23 euros corresponden a la parte regulada por el Gobierno (redes de transporte y distribución, primas a energías renovables, deuda anterior); 10 euros a impuestos, y entre 17 y 18 euros es el precio de la electricidad, que era lo que incidía en la subastas y que es lo que se modificó ahora.

Sobre la parte regulada del recibo, recordó Nadal, se actuó en la primera parte de la legislatura con las reformas que adoptó el Gobierno. El secretario de Estado indicó que esta parte, la regulada, es necesaria porque la electricidad no puede llegar a ningún sitio «sin los cables» que la llevan y no se puede apostar por las renovables, como hace Europa y España, «sin pagarlas».

Las primas a las renovables, precisó, suponen 7.600 millones de euros (antes de la reforma eran 10.000 millones de euros), es decir, «lo que gasta el país en universidades o un tercio del gasto en desempleo».

Nadal afirmó que en España se quiso ser «el primero de la clase» con las energías renovables y entre 2008 y 2009 se introdujeron esas energías «en cantidades industriales», a precios «carísimos», muy distintos de los de ahora. Así, por ejemplo, España colocó casi toda la energía fotovoltaica en 2007 y 2008, pagando primas de 480 euros por megavatio hora, cuando ahora mismo el precio normal son 40 euros. «Esto es, lo pagamos 12 veces más caro, y eso se traslada al recibo de la luz», apuntó.

Sobre los contadores inteligentes, cuyo despliegue se producirá hasta 2018, Nadal reconoció que miden mejor, por lo que cuando se resuelvan los problemas técnicos que existen actualmente, el consumidor podrá pedir la facturación por horas, «ahorrándose así unos duros». Estos contadores se pueden comprar (con un coste de unos 40 o 50 euros) o alquilar, pero para su instalación hay que esperar a que se haya producido el despliegue en la misma zona.

En cambio, los consumidores que no quieran facturación por horas y prefieran un precio fijo, podrán tenerlo, aunque será un poco más caro que el del mercado, si bien a cambio disfrutarán de un precio estable.

Nadal se reunió tanto con las asociaciones de consumidores, como con las eléctricas, para hablar del nuevo sistema. Las primeras, dijo, creen que el sistema crea confusión, mientras que con las segundas el diálogo es «óptimo». En todo caso, avanzó que posiblemente en el mes de junio se hará una campaña de prensa para informar al consumidor sobre el nuevo sistema.

El secretario de Estado subrayó que cuando el PP llegó al Gobierno había un «agujero» de 10.000 millones de euros en el sistema eléctrico, porque se ingresaban 13.000 millones de euros y se gastaban 23.000 millones de euros. Cargar esos 10.000 millones de euros a los Presupuestos Generales del Estado para «descargar» el recibo de la luz «encantaría» a las eléctricas, pero obligaría al Gobierno a subir impuestos, según Nadal, que se negó a adoptar una medida así.

Bruselas pide que se haga una intensa campaña informativa

Por su parte, la Comisión Europea consideró necesario que el Gobierno español acompañe la implantación del nuevo sistema de tarifa eléctrica con una «campaña de información intensiva» para los usuarios, teniendo en cuenta que «la gran mayoría no estarán equipados con los sistemas de medición inteligente apropiados», que pueden proporcionar información sobre el consumo de electricidad y su coste en cada franja horaria, hasta 2019.

La Comisión Europea destacó que el nuevo mecanismo pretende eliminar la regulación de los productos básicos en las facturas eléctricas de los hogares en España establecida en 2009 y en vigor hasta ahora a través de las subastas Cesur, según indicó un portavoz comunitario.

De esa manera, Bruselas consideró que «acerca a los consumidores de los hogares a los mercados competitivos, lo que debería traer cambios positivos». Además, estimó que podría elevar el interés de los consumidores en la medición precisa del consumo en las frecuencias horarias.

También indicó que la medida «no afecta a los consumidores vulnerables», que serán facturados con precios regulados especiales.

El Gobierno español aprobó el viernes el nuevo sistema para fijar el coste de la energía en la tarifa eléctrica regulada, a la que están acogidos unos 16 millones de consumidores, a partir del 1 de abril y que la vinculará a la evolución del mercado mayorista.

Aunque la entrada en vigor «oficial» será el 1 de abril, las empresas dispondrán de un máximo de tres meses, hasta el 1 de julio, para comenzar a facturar con el nuevo sistema que sustituye a las anuladas subastas Cesur y que, según el Gobierno, va a suponer «claro ahorro» para todos los consumidores.

El sistema va a crear «confusión» sin beneficiar a los consumidores

Asimismo, Comisiones Obreras (CCOO) denunció que el nuevo sistema de facturación de la electricidad, aprobado el pasado viernes por el Gobierno, «va a crear confusión sin beneficiar a los consumidores».

El sindicato consideró que el nuevo método, si bien elimina «el sobrecoste especulativo» que era la subasta Cesur, «ni soluciona, ni pone freno» al elevado coste de las tarifas eléctricas al no abordar los problemas estructurales del sistema eléctrico.

CCOO subrayó que estos problemas pasan, fundamentalmente, por la retribución de la energía generada «muy por encima de su coste real, garantizando así importantes beneficios para las grandes empresas que dominan el sector, junto con la elevada fiscalidad o el incremento del término fijo del recibo, que penaliza a las familias con menor consumo y renta».

Además, afirmó que se suma la complejidad del nuevo sistema, en el que las familias se verán obligadas a optar entre cuatro opciones, de las cuales, según su opinión, «ninguna garantiza los derechos» de los consumidores.

Asimismo, señaló que el hecho de que los usuarios no puedan conocer de antemano las tarifas vulnera la legislación española y el derecho esencial de los ciudadanos a conocer el precio de un servicio antes de su contratación.

Finalmente, CCOO subrayó que con la metodología establecida «se aumenta la opacidad de la determinación de tarifas, facilitando las subidas injustificadas, dificultando la posibilidad de verificar irregularidades y aumentando la indefensión y las reclamaciones».

Se seguirá pagando la luz por encima de su coste real

También la organización de consumidores CEACCU advirtió de que la aprobación del decreto que fija la nueva metodología de cálculo de los precios de la energía para el pequeño consumidor no resuelve el precio de la energía «que se seguirá pagando por encima de su coste real».

CEACCU subrayó que el fin de la subasta eléctrica solo evita «los mecanismos especulativos» que tendían a incrementar aún más la factura pero «no entra al fondo de la cuestión: la necesidad de una auditoría de todos los costes del sistema y un nuevo cálculo de los mismos a partir de cero y con total transparencia».

CEACCU también alertó de que «se está ocultando lo esencial, es decir, la subida del término de potencia en un 92% y el encarecimiento del recibo para los consumidores más vulnerables».

A juicio de la confederación de consumidores, «lo que se busca es mantener unos ingresos constantes para las grandes eléctricas, precisamente cuando cae el consumo».

La organización de consumidores explicó que el precio de la luz tiene dos componentes: la energía, que fija la subasta, y los peajes, que fija el Gobierno.

CEACUU consideró que, en relación a la subasta, el Gobierno debería aclarar si hubo manipulación y en referencia a los peajes, le insta a variar la regulación para adaptarlos a la situación económica, de modo que puedan bajar y no solo subir o quedar a cero.

OPA espera que el nuevo sistema no perjudique a los autónomos

Finalmente, la Federación de Organizaciones de Profesionales, Autónomos y Emprendedores (OPA) espera que el nuevo sistema de facturación eléctrica no perjudique a los autónomos y permita abaratar el precio de la luz, circunstancia «clave» para el mantenimiento de «muchos negocios».

El presidente de OPA, Camilo Abiétar, recordó que la mayoría de los autónomos aún no disponen de contadores digitales inteligentes, por lo que muchos «no van a poder conocer la cantidad de luz que están gastando cada hora».

De esta forma, Abiétar señaló que quedarán expuestos a la media de los precios del mercado y a la aplicación del promedio diario de facturación, por lo que lamentó que «tendrán que convivir con la incertidumbre de los precios de la luz».

No obstante, valoró que el nuevo sistema de facturación eléctrica permitirá eliminar el anterior sistema de subastas que «tanto han encarecido el recibo de la luz en los últimos meses».

Así, dijo esperar que el abaratamiento del precio de la luz «sea una realidad», ya que de lo contrario, si se produce un incremento, los autónomos tendrán que asumirlo en su «maltrecha economía» y verán reducidos sus ingresos de «forma notoria».