Protermosolar aseguró que «la regulación del sistema eléctrico deja sin derecho a recurrir a las empresas afectadas» y consideró que, al ser aprobada mediante decreto ley.

La norma «ha sorprendido a las empresas eléctricas por utilizar el mecanismo del decreto ley para regular materias propias de un reglamento», y la decisión de recurrir a este rango «tiene como consecuencia la privación del derecho a recurrir por parte de los afectados».

Protermosolar concluyó que, de esta forma, «se quiebra el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y el derecho a un recurso efectivo consagrado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos».