Los sabios plantean unir en uno solo los impuestos de producción eléctrica
La producción de energía eléctrica está sujeta, al menos, a tres tributos distintos: el impuesto sobre la electricidad, el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica y el canon por utilización de aguas continentales.
Respecto al impuesto sobre la electricidad, el documento propuso sustituir la actual base imponible, que prácticamente coincide con el importe de la contraprestación, por el número de kilovatios/hora consumidos, con el fin de incentivar «la eficiencia y el ahorro energético» y que se adapte el impuesto a la propuesta de la directiva europea sobre la fiscalidad energética.
Ese impuesto aportará a las arcas públicas 1.681 millones de euros en 2014, de acuerdo con los presupuestos generales del Estado para el presente ejercicio.
Al mismo tiempo, el comité de sabios se mostró partidario de eliminar el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, que tiene como objetivo contribuir a financiar el déficit tarifario haciéndolo recaer sobre los productores de energía eléctrica con independencia de que la fuente de producción sea más o menos contaminante.
Este impuesto «no responde a ningún criterio medioambiental», añadió, «es un instrumento meramente recaudatorio que termina incidiendo sobre el consumidor final» de energía eléctrica, por lo que debe plantearse su desaparición en un marco de impuestos que pretendan salvaguardar el medio ambiente.
La pérdida de recaudación que conllevaría esta medida, que en el ejercicio 2014 está previsto recaudar 1.270,1 millones de euros, sería compensada con un incremento del tipo del impuesto sobre la electricidad.
No obstante, para asegurar que esa recaudación adicional iría a parar a las arcas del Estado, sería necesario modificar el impuesto en la parte que establece la actual cesión del 100% de la recaudación líquida a las comunidades autónomas, para que no tuviera carácter de tributación cedida.
Al mismo tiempo, los expertos son partidarios de integrar en el impuesto sobre la electricidad el canon por utilización de las aguas continentales para la producción de la energía eléctrica, una figura que en 2013 recaudó 298 millones de euros y que consideran que sólo es una medida más para reducir el déficit tarifario.
El documento apoyó esta medida en que, pese a que este canon se vincula formalmente a la concesión del dominio público hidráulico, en realidad se trata de un gravamen sobre la cifra de negocios de las centrales hidroeléctricas que se suma al impuesto sobre el valor de la producción.
Por otra parte, en cuanto a la imposición sobre hidrocarburos, la comisión de expertos propuso en su documento equiparar el tipo del gasóleo al de la gasolina «en el período que se estime adecuado por el Gobierno» y utilizar la recaudación adicional para reducir las cargas estatales sobre el factor trabajo.
A su parecer, el Gobierno debería diversificar el impuesto en un gravamen sobre la energía y otro sobre el dióxido de carbono de acuerdo con los criterios de la propuesta de directiva sobre la fiscalidad energética de la Unión Europea.
De igual forma, aconsejó suprimir las exenciones que «hoy impiden una aplicación más extensa» del Impuesto sobre el Carbón, aproximando su estructura a la propuesta para el Impuesto sobre Hidrocarburos.
Entre sus propuestas se encontraron también una reforma conjunta del impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica, y del impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos.




Se elije a lo más granado de los economistas neoliberales o de los asesores a sueldo de los grandes bancos para estudiar seriamente la reforma de las pensiones o para que asesore de forma «independiente» sobre la reforma del sistema tributario. ¿Les desvelo el informe final, porque para ello no hay que ser adivino? Estos prestigiosos economistas mayoritariamente concluirán que los impuestos en España deberán ser contrapesados (vamos que deberán bajar los específicos de las rentas del capital y los que gravan a las grandes fortunas, pero que sin embargo los impuestos indirectos y los aplicados a los trabajadores deberán ser inexcusablemente aumentados para poder seguir manteniendo a la estructura del estado) y que las pensiones actuales son inviables y deben ser «reformadas» (recortadas en la neolengua orwelliana de Rajoy) y por supuesto que se deberá incentivar los planes de pensiones privados (esos que casualmente comercializa la banca con las abusivas comisiones por todos conocidas). Y ya está, otra nueva vuelta de tuerca a derechos de la ciudadanía, destruyendo el estado del bienestar y empobreciendo la propia democracia. Pero eso sí, siempre bajo el profesional paraguas de las recomendaciones de esos maravillosos e inteligentes «expertos independientes». http://diario-de-un-ateo.blogspot.com.es/2013/06/como-destruir-la-democracia-en-espana.html