Los propietarios de terrenos en los que se realicen explotaciones de hidrocarburos recibirán un 1% del valor de la producción de cada año

En la norma se establece que para los propietarios de los subsuelos de aquellos terrenos donde tiene lugar la explotación de hidrocarburos recibirán una retribución equivalente a un 1% del valor de producción anual mientras dure la autorización de la actividad.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, explicó que de esta manera los propietarios ya no recibirán sólo un valor de expropiación y se le va retribuir con ese 1% del valor de la producción.

En la parte de tributos, se creó un impuesto que grava la exploración y explotación de petróleo y gas en España, que tendrá como hecho imponible el valor de lo que se extraiga, de manera que las rentas económicas derivadas de estos yacimientos reviertan en el conjunto de la sociedad

que servirá para compensar a las comunidades autónomas, ayuntamientos y titulares de los suelos donde se produzcan los hallazgos.

En este sentido, se incluyen «mecanismos para que una parte de esos recursos» obtenidos por la vía fiscal reviertan en las «comunidades y entidades locales donde tenga lugar esa extracción», cuando sea terrestre, o «la comunidad autónoma más próxima», cuando sea en mar. De esta manera, la eventual carga fiscal proveniente de las prospecciones petrolíferas que Repsol desarrolla en aguas cercanas a Canarias revertirían en esta comunidad.

Junto a esto, se actualiza al alza el canon de ocupación de terrenos que ya pagan los operadores con autorizaciones para hacer prospecciones o explotaciones, al tiempo que se crean nuevos cánones por realizar sondeos y sísmicas.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló que el objetivo de este cambio normativo es que la carga tributaria «pueda repartirse para dotaciones entre comunidades autónomas, ayuntamientos y titulares de los suelos» donde se produzcan los hallazgos.

Según indicaron fuentes del Ministerio de Industria el pasado mes de noviembre, una de las razones que justifican este cambio normativo es cambiar la distribución de los beneficios económicos derivados de los yacimientos petrolíferos para acercarlos más al territorio, con el objetivo de suavizar el rechazo que la concesión de permisos de exploración levantó en algunas zonas.

No se descarta adoptar nuevas medidas sobre carburantes

Soria señaló que la disminución del precio del barril de Brent en los últimos cinco meses fue del 25% y el de la cotización internacional de la gasolina el 24%, mientras que el precio de la gasolina en ese periodo bajó tan sólo un 9,7%, aunque subrayó que esa diferencia se debe a que sólo un 35% del precio está relacionado con el coste del barril, mientras que el resto son impuestos (52%) y margen bruto de explotación (13%) que «no tienen nada que ver con la cotización internacional».

Así, afirmó que en España los precios de la gasolina son inferiores a la media de Europa, ya que existen unos niveles impositivos inferiores, y apuntó que «la diferencia está en el margen bruto de distribución» de los operadores, margen que incluye más conceptos que en otros países.

En este sentido, recordó que el Ejecutivo ya adoptó en esta legislatura reformas en la Ley General de Hidrocarburos para introducir más competencia, como el límite a los grandes operadores para que no puedan tener más de 30% del total de las estaciones de servicios en una misma provincia.

«Parece que sí se está notando y han tenido efectos estas medidas. Desde febrero de 2013 hasta ahora mismo hay 317 nuevas estaciones de servicio independientes, lo que está favoreciendo la competencia, principalmente en las grandes ciudades, donde se ven diferencias de hasta seis céntimos en el precio del litro«, dijo.

No obstante, Soria aseguró que siempre se puede hacer más para introducir más competencia en el sector y que el Gobierno está «muy, muy vigilante» con el diferencial entre el margen que obtienen los operadores petroleros en la venta de gasolina y gasóleo en la Unión Europea y en España, no descartando tomar medidas adicionales e indicó que la reforma en la ley de Hidrocarburos, aprobada este viernes por el Consejo de Ministros para modificar aspectos del mercado del gas y las prospecciones, sería un buen marco para hacerlo mediante nuevas enmiendas.

Por último, Soria avanzó iniciativas para «disminuir el fraude en cuanto a la distribución a gasolineras», mediante la exigencia de un depósito como garantía para todos los operadores al por mayor, que podrá ser ejecutada en caso de incumplimiento o fraude.

Las comunidades se beneficiarán de la modificación

El diputado por Las Palmas y portavoz de Energía del Grupo Popular, Guillermo Mariscal, destacó que las comunidades se beneficiarán de la explotación de hidrocarburos gracias a la reforma del Proyecto de Ley que modifica la Ley del Sector de Hidrocarburos y apuntó que se trata de «una gran Ley con la que se va a hacer partícipe a los territorios cercanos a las explotaciones de hidrocarburos del beneficio que estas puedan dar».

«Lo que el Gobierno de Mariano Rajoy quiere con esto es que las dificultades que puedan derivarse de la explotación petrolífera o de gas se traduzcan después directamente en beneficios de la misma para la sociedad y el territorio o comunidad autónoma que más afecta, que es aquel en el que se produce la explotación», dijo.

En este sentido, Mariscal recordó que «hay que conocer cuáles son nuestros recursos naturales, entre ellos los posibles yacimientos de hidrocarburos y, una vez conocidos, poner en marcha los mecanismos que, con las debidas garantías medioambientales, permitan su aprovechamiento».

Por ello, alabó el trabajo del Gobierno y del Ministerio de Industria, «que saben que la búsqueda, descubrimiento e investigación de nuevos recursos es una obligación para reducir la dependencia energética, los costes de la energía y convertir esos recursos en una palanca de crecimiento para la industria y la economía, que luego repercuta en los ciudadanos».

El Gobierno «no incentiva el fracking»

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina aseguró que el anteproyecto «no incentiva el fracking» sino que, a su juicio «hace todo lo contrario».

La ministra señaló que el Gobierno «ha hecho obligatoria la declaración de impacto ambiental, no sólo para una eventualidad de fracking, sino para la prospección y la búsqueda», por lo que insistió en que «no comparte» la afirmación de que el anteproyecto de ley supone «incentivar el fracking».

De hecho, ha asegurado que, a su juicio, el retorno de los beneficios a las autoridades locales y a los propietarios son «un reconocimiento a la propiedad privada» de los terrenos donde se realizan extracciones.

Por su parte, el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) consideró «positivas» las medidas del Gobierno para incentivar la exploración de hidrocarburos en España. En este sentido, señaló que España es el país menos explorado en Europa para este tipo de recursos y ha añadido al respecto, que las medidas aprobadas facilitarán revertir esta situación.

Además, indicó que a través de estas propuestas se podrá descubrir el potencial español de yacimientos de hidrocarburos no convencionales (HNC). También valoró positivamente que los municipios y comunidades autónomas en cuyo territorio se lleve a cabo exploración se beneficien a través de impuestos.

Aún así, pidió a los poderes públicos que se cumpla «de forma estricta» la legislación europea, estatal y autonómica y, en concreto, las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) en las tres fases que conducen al aprovechamiento de hidrocarburos no convencionales en la roca madre como son la exploración, investigación y explotación, señaló.