Los propietarios de gasolineras afirman que la red actual es «más que suficiente» y muestran su «preocupación» por la nueva ley

La CEEES señaló que, en una reunión mantenida con la Administración, se fijó una mesa de seguimiento de la normativa que modifica el sector de distribución de carburantes para afrontar «los problemas detectados».

La Confederación mostró su «preocupación» por estos cambios, entre los que se incluye la simplificación de los permisos para facilitar la entrada de nuevos operadores -especialmente en centros comerciales y polígonos industriales-, la prohibición de la recomendación de precios o la limitación de las aperturas para los grupos dominantes.

En este sentido, advirtió sobre «los riesgos de algunas decisiones» porque pueden acercar el modelo español al francés, con numerosas gasolineras en supermercados, y que terminó por tener «graves problemas de suministro en la red, deterioro de la misma y, finalmente, precios más caros». O el italiano, con precios desorbitados, estaciones en su mayoría desatendidas (pérdida de puestos de trabajo y, en un proceso de cierre continuado de instalaciones».

La CEEES alertó de que las medidas podrían generar un «efecto llamada» para el desarrollo de nuevas instalaciones, cuando «todas las partes afectadas coincidimos en que la red existente es más que suficiente, y perfectamente adecuada a normativa, para atender las necesidades del consumidor».

A pesar de esto, mostró su «disposición al diálogo con la Administración para subsanar cualquier extremo» que se demuestre negativo para el mercado y para llegar a acuerdos en la adopción de medidas que afectan a un sector que mantiene 100.000 puestos de trabajo.

Por ello, pidió al Gobierno que busque soluciones «que posibiliten una mejora en los precios pero que no pongan en peligro ni los puestos de trabajo» ni al «propio tejido empresarial», así como a «la calidad de los productos y servicios comercializados».

Por último, desde la CEEES insistieron en que «dos graves problemas, ya antiguos» siguen «sin resolver» como el caso del «efecto frontera» que genera el céntimo sanitario, solicitando de la Administración que se trabaje urgentemente en una armonización fiscal; y la «reivindicación relativa a las Cooperativas para que se les exija que compitan con el mismo nivel de cumplimiento al que están sometidas» el resto de instalaciones.