La organización resaltó que, «tal y como expresó el propio presidente del Gobierno, la seguridad jurídica ha de ser un valor compartido y respetado, ya que es el nutriente que genera la inversión y, a su vez, el crecimiento y el empleo».

Por ello, Anpier reclamó que se «restituya» la seguridad jurídica en el sector español de las energías renovables, que a su juicio fue «quebrantada por los cambios retroactivos que introdujeron tanto el Real Decreto 1565/2010 de 19 de noviembre de 2010, como el Real Decreto Ley 14/2010 de 23 de diciembre de 2010, y que colocaron fuera del umbral de rentabilidad a más de 55.000 familias españolas, al recortarles en un 30% la remuneración pactada por la producción de energía renovable».

Esta exigencia parte también de los fondos de inversión internacionales, que, como recordó Anpier, llevaron a España a los tribunales de arbitraje por esta cuestión y cuyas sentencias se conocerán a mediados de 2013, «y podrían suponerles una indemnización por el daño causado por el Gobierno español al cambiar las reglas de juego».

Según la asociación, esta «anómala» situación condujo a que los propios representantes diplomáticos de los países más afectados por las inversiones realizadas por sus conciudadanos hayan tomado cartas en el asunto, «tal y como hizo Estados Unidos».