El Gobierno aprobó el pasado 5 de abril el Real Decreto que establecía la obligatoriedad de este certificado y, posteriormente, el PP introdujo vía enmienda en el proyecto de Ley de reforma de la rehabilitación –en trámite parlamentario en el Senado– un listado de sanciones que van desde los 300 euros a los 600 euros en el caso de las infracciones leves, de los 601 a los 1.000 euros en el de las graves y de los 1.001 a los 6.000 euros para las muy graves.

Así, se entenderá por falta leve el no mencionar el certificado en la oferta de la vivienda o incumplir la normativa relativa a su renovación; será grave cuando no se presente el certificado ante la comunidad autónoma para que quede registrado o cuando no se entregue al comprador o al inquilino; y, finalmente, se considerará muy grave no contar con el certificado o haber falseado información para obtenerlo.

No obstante, la enmienda contempla también sanciones superiores a los 6.000 euros «en los casos en que el beneficio que el infractor haya obtenido por la comisión de la infracción fuese superior al importe de las sanciones en cada caso señaladas», en cuyo caso «la sanción se impondrá por un importe equivalente al del beneficio así obtenido».

Este certificado, además de la calificación energética del edificio, deberá incluir información objetiva sobre las características energéticas de los edificios, y, en el caso de edificios existentes, un documento de recomendaciones para la mejora de los niveles óptimos o rentables de la eficiencia energética del edificio o de una parte de éste, de forma que se pueda valorar y comparar la eficiencia energética de los edificios.

Como herramienta para facilitar la obtención de estos certificados, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) elaboró los programas informáticos CE3 y CE3X, ambos publicados como documentos reconocidos a disposición de los técnicos certificadores.

Además, el IDEA se encargó de llevar a cabo un plan de formación para formar a los técnicos responsables de certificar energéticamente los edificios y de aquellos otros encargados de su control e inspección sobre las herramientas reconocidas CE3 y CE3X.

La norma forma parte de un paquete de medidas aprobadas a comienzos de abril por el Gobierno relativas al apoyo a la vivienda y a la rehabilitación, y tiene como objeto trasponer a la legislación española la directiva comunitaria acerca del procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios.

El 60% de las construcciones no siguen ninguna ley de eficiencia

El 60% de los edificios españoles se construyó «sin tener en cuenta ninguna normativa mínima de eficiencia energética», según advirtió la consultora Lowendalmasaï, en relación a la entrada en vigor del nuevo certificado energético.

Asimismo, destacó que el 90% de los españoles desconoce «el alcance real» del nuevo certificado. Por ello, la consultora anunció la puesta en marcha de un servicio «pionero» de asesoramiento en esta materia, con el objetivo de «ayudar con el cumplimiento de la nueva normativa a las empresas».

De esta forma, explicó que facilitará el «know-how» o conocimiento del equipo de consultores, para que las compañías españolas «adquieran la certificación energética de forma ágil y sencilla».

Por otro lado, indicó que el certificado de eficiencia «obligará a propietarios de edificios, viviendas o locales que alquilen o vendan a disponer de este certificado». Además, apuntó que el documento, que tendrá una validez de 10 años, se condensará mediante una etiqueta energética, la cual ha de figurar en cualquier publicidad que se haga del inmueble y debe ser registrado en el órgano competente de cada comunidad autónoma.

Lowendalmasaï especificó también que en la metodología de cálculo de la calificación de eficiencia energética se tendrán en cuenta aquellos factores que más incidencia tienen en el consumo energético, así como las condiciones técnicas y administrativas para las certificaciones de eficiencia energética de los edificios.