Los partidos catalanes renuevan su rechazo al almacén nuclear (ATC)

De este modo, los cuatro grupos parlamentarios reafirmaron la negativa a acoger el silo nuclear que ya votaron durante un pleno de la cámara catalana en marzo de 2010, mientras que el PP votó de nuevo en sentido diferente, según confirmaron fuentes parlamentarias.

El Parlament de Catalunya ya realizó una votación similar de rechazo en 2008, por lo que el posicionamiento actual es el tercero que se produce en la misma línea, y hace coincidir al Govern de CiU con el anterior tripartito.

Greenpeace, por su parte, felicitó a los partidos políticos por renovar su compromiso «contra el cementerio nuclear», y también subrayó que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, se queda «sin el más mínimo espacio político» para continuar con el proceso de elección del candidato.

Según los ecologistas, Sebastián confiaba en que con la victoria de CiU en las elecciones autonómicas catalanas se pudiera desencallar la instalación del ATC en Ascó (Tarragona), pero la nueva votación «ha hecho añicos esta posibilidad».

Greenpeace instóde nuevo en supeditar la instalación del silo nuclear al establecimiento de un calendario de cierre de las nucleares, e insistió en que el proyecto no tiene los informes técnicos ni de seguridad necesarios.

Asimismo, Greenpeace presentó un informe del que se desprende que la actividad de refrigeración de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) produce contaminación térmica en el río Ebro, por lo que la organización reclamó al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) que «revoque y paralice» la autorización de vertido de aguas de refrigeración de la central «que no cumple los criterios».

El responsable de la campaña de energía nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, recordó que, en 2009, un informe del MARM ya advertía de los problemas de refrigeración de Garoña, motivo por el que la central tuvo que parar su actividad por la subida de temperatura de las aguas cuyo umbral máximo es de tres grados centígrados, según especifica la autorización de 18 de octubre de 2007 de vertido de aguas otorgada a Nuclenor -titular de la central- por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) -organismo dependiente del Ministerio-.

De este modo, Greenpeace encargó a entidades homologadas por la Administración un estudio para la recogida y análisis de muestras termométricas que, según apunta Bravo, se llevaron a cabo el pasado mes de febrero, entre la localidad de Frías y la presa de Sobrón, siendo éste último el embalse donde se produce tanto la toma de agua como el vertido de la misma.

El informe concluyó que la actividad de refrigeración de la central produce una notable contaminación térmica en el río Ebro que se trasmite incluso aguas arriba de la propia central. Así, según las conclusiones del estudio «la temperatura del río Ebro el día del muestreo (soleado y sin precipitaciones) era de 6,5 grados centígrados y en ausencia de la actividad de la central lo esperable habría sido encontrar a lo largo del río temperaturas de ese orden y desde luego inferiores a los 10 grados centígrados».

Sin embargo, la temperatura de las aguas del embalse del Sobrón, tras la zona de dispersión térmica, se situó entre 17 y 21 grados centígrados, un incremento que, según Bravo, supera «con creces los tres grados centígrados permitidos por la autorización del vertido».

Además, Bravo denunció que los datos de temperatura del agua que toma Nuclenor «no se ajustan a la realidad y están orientados a ocultar la enorme contaminación térmica que provoca su actividad» y para ello, «cuenta con la connivencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro».

«La Confederación Hidrográfica del Ebro está haciendo la vista gorda», subrayó Bravo tras señalar que el organismo reconoce a Greenpeace en un escrito que no realiza controles termométricos propios en el entorno de la central «ya que se consideran suficientes los que realiza el Nuclenor».

Por otro lado, Bravo aseguró que Greenpeace emprenderá acciones legales «para exigir al Ministerio de Medio Ambiente que tome cartas en el asunto» y estudia denunciar a la Confederación Hidrográfica del Ebro por «permitir la manipulación de los datos por parte de Nuclenor».

Asimismo, Bravo señaló que la organización se dirigió por escrito al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba; a la ministra de Defensa, Carme Chacón, a la responsable de Medio Ambiente, Rosa Aguilar y al titular de Industria, Miguel Sebastián para exigirles la realización urgente de los test de estrés obligatorios para todas las centrales nucleares y el cierre inmediato de las que no los superen.

Para Greenpeace, estas pruebas, además de frente a terremotos e inundaciones, deben realizarse para probar la resistencia y el grado de vulnerabilidad de las instalaciones nucleares frente a posibles ataques terroristas y sabotajes; ciberataques; ante el impacto de aeronaves o misiles (por accidente o ataque terrorista); y ante situaciones de emergencia como las vividas en la central de Fukushima, en Japón.

Por su parte, la directora ejecutiva de Greenpeace España, Miren Gutiérrez, reclamó al Gobierno que en la nueva ley, en trámite parlamentario, se tenga en cuenta la responsabilidad de las eléctricas en caso de accidente nuclear y que no se limite a 1.200 millones de euros la cantidad que tienen que asumir por los daños sufridos, momento en el que recordó que en el caso de Fukushima el coste de los daños se ha cifrado en 96.000 millones de euros.

La Confederación Hidrográfica del Ebro señaló también que analizará los datos del informe presentado por Greenpeace en el que se denuncia que el agua del Ebro en el entorno de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) se está calentando y afirmó que, en su función de vigilar el cumplimiento de la autorización de vertido de la central nuclear de Garoña, dispone de distintas redes de control de datos «cualitativos y cuantitativos» que tiene dispuestas por la cuenca hidrográfica y aguas abajo de la planta burgalesa, con el objetivo de cumplir con el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Así, subrayó que además de los controles exigidos por el citado reglamento, exige al titular de la central, Nuclenor, un Informe Anual limnológico para efectuar un «mayor control» de los efectos del vertido en el embalse de Sobrón. El citado informe incluye datos hidrológicos; físico-químicos del agua y de los sedimentos; de plancton y de los peces que permite un análisis global de la situación del embalse como masa de agua.

Asimismo, Nuclenor defendió que la temperatura del agua en el embalse de Sobrón, situado en las inmediaciones de la instalación nuclear, se mantuvo en el año 2009 dentro de los límites fijados por el reglamento de Dominio Público Hidráulico.

Según señalaron fuentes de la entidad en un informe, con datos de 2009, en respuesta a Greenpeace se señala que la temperatura en el embalse de Sobrón, situado en el cauce del Ebro, se mantuvo entre 5,96 y 21,15 grados a lo largo de todo el año. Unos registros compatibles para aguas habitadas por ciprínidos o por salmónidos, según lo fijado por el Real Decreto de 1988 que señalaba el reglamento de Dominio Público Hidráulico.

Además, añadió que a lo largo de 2009 se cumplió el condicionado referente a las aguas de refrigeración de la Autorización de Vertido de Aguas Residuales de la central nuclear excepto en cuatro circunstancias excepcionales en las que «se habría producido una situación semejante incluso sin la presencia de la central».

Estas circunstancias se deben a «enfriamientos súbitos del agua de la toma» motivados por cambios en el tiempo atmosférico o por incrementos del caudal y que no estén acompañados por otro en la presa «debido a la inercia de la masa del agua».

Así, en las cuatro circunstancias excepcionales mencionadas, las temperaturas tanto en la central de Garoña como en el embalse de Sobrón fueron «muy bajas» por lo que este incremento «carece de significado ecológico en el contexto regional donde se encuentra el embalse y, consecuentemente, no afecta al embalse».