Desde AMAC indicaron que estos municipios son partidarios de que «continúe operando» cualquier central nuclear «mientras se cumplan las condiciones de seguridad nuclear y protección radiológica».

A su juicio, la «constante indefinición acerca del futuro de Garoña es muy negativa» así como que la situación en torno a la central da la sensación de que «cada uno defiende sus propios intereses sin tener en consideración a nuestros vecinos, nuestros pueblos y nuestros puestos de trabajo».

Para AMAC, esta «misma indefinición» provoca que «nadie asume ninguna responsabilidad respecto al futuro económico de la zona».

Denunciaron que, tras años reclamando un desarrollo económico «alternativo a la central», todo apunta a que «desgraciadamente» la zona quedará «abandonada a su suerte, como ya ocurrió con los municipios del área de la central nuclear José Cabrera, tras su cierre en 2006″.

Greenpeace amplía su denuncia por el «caso Garoña»

Por su parte, la organización ecologista Greenpeace presentó ante la Audiencia Nacional una petición de ampliación del recurso que la organización ecologista mantiene contra la orden de reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), dictada por el Gobierno en junio de 2012 para anular la de cierre aprobada por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero en 2009.

Según Greenpeace, esa petición de ampliación consiste en la inclusión de la orden de cese definitivo aprobada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo el pasado viernes. Ante este hecho, la organización anunció que tomará las acciones legales oportunas para que no prospere ninguna medida que pretenda evitar el cierre de la central nuclear.

«Se ha vulnerado total y absolutamente la seguridad jurídica y la participación pública, en materia nuclear y medioambiental», declaró Raquel Montón, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace. «Además, el Ministerio de Industria va a ser reincidente porque está tramitando de manera anormal una directiva europea en materia de seguridad nuclear«.

Asimismo, Greenpeace recibió la solicitud de comentarios para una «segunda vuelta» en la adaptación a la normativa española de la Directiva 2011/70/Euratom. Según afirmó, en esta normativa de proyecto de real decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y otros residuos radiactivos, se incluye desde el pasado viernes un párrafo específico que podría permitir la renovación de la licencia de Garoña.

La organización ecologista ya está trabajando en la elaboración de las alegaciones a este proyecto y pedirá la nulidad de pleno de derecho de la reapertura de la central. «En la orden de cierre de la accidentada nuclear de Vandellós I, el Ministerio de Industria justifica el cierre definitivo por motivos económicos, y 23 años después, el mismo Ministerio justifica la reapertura de la nuclear de Garoña por motivos económicos», concluyó Montón.

Ecologistas iniciará acciones legales contra el «escandaloso» el cambio legal para reiniciar la planta

La organización Ecologistas en Acción iniciará acciones legales contra el «escandaloso» cambio legal a la medida para permitir reabrir la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) que está plantea el nuevo Real Decreto sobre gestión del combustible gastado y de los residuos radiactivos, que acaba de abrir su plazo de audiencia pública.

Para el portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, a través de este Real Decreto se pretende «nada menos que modificar» el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR), pieza «clave» de la legislación de seguridad española, para permitir la reapertura de Garoña. Ecologistas en Acción lo considera un verdadero «escándalo político que pone en peligro la seguridad nuclear».

Castejón advierte de que en el nuevo borrador aparecen varios párrafos escritos ex profeso para facilitar una hipotética reapertura de la central burgalesa ya que modifica el reglamento. Según el texto del borrador del Real Decreto, «la declaración de cese de actividad supone una autorización de explotación en la que se establecen las condiciones a las que han ajustarse las actividades a realizar en la instalación hasta disponer de la autorización de desmantelamiento, introduciendo la posibilidad de su renovación tras dicho cese, cuando éste haya obedecido a razones ajenas a las de seguridad nuclear o protección radiológica. Este real decreto ha sido informado por el Consejo de Seguridad Nuclear».

Por ello, Ecologistas en Acción denuncia el hecho «escandaloso» porque se pretende aprobar el RINR con un Real Decreto que se pretende aprobar sin más que el trámite de audiencia de las partes interesadas, sin trámite parlamentario.

Además, el tiempo que el CSN tiene para evaluar las consecuencias de este nuevo RD sobre la seguridad de las instalaciones nucleares y radiactivas es «sencillamente ridículo», sobre todo teniendo en cuenta que el Organismo Regulador tardó cuatro meses en evaluar el anterior RD que el Ministerio le sometió a estudio. «Esta peligrosa reducción de plazos pone en peligro la seguridad nuclear en general y contraviene los dictámenes del OIEA que recomienda periodos de 3 a 6 meses para evaluar el impacto de este tipo de decisiones», ha advertido.

En tercer lugar denuncia que el departamento que dirige José Manuel Soria, está legislando «a la medida de los intereses de una empresa privada, pasando por encima del interés general y del resto de las empresas generadoras de electricidad».

A su juicio, resulta «inaudito» que el Gobierno del PP tuerza la ley para favorecer a Nuclenor y para intentar cumplir sus promesas a la industria nuclear de mantener Garoña en funcionamiento. «Estos esfuerzos por cumplir el programa electoral chocan con la dejadez en el cumplimiento en otros asuntos de interés social y cultural», ha insistido.

Asimismo, recuerda que el tiempo previsto hoy en día desde el cierre de explotación a la presentación del plan de desmantelamiento está concebido para que los explotadores preparen la central para su desmantelamiento. Si se quiere dar al propietario de la central una nueva oportunidad, este debería pedir un nuevo permiso de explotación. Y esto puede realizarse en el tiempo que estime conveniente. Este artículo claramente viene a presionar a Nuclenor en las negociaciones que está sosteniendo con el Minetur para intentar favorecer unas condiciones favorables para Garoña en la reforma del Sector eléctrico.

Para Ecologistas en Acción, estas acciones del Gobierno dañan de forma grave la cultura de seguridad nuclear. Se trata de un hecho sin precedentes que Castejón asegura que van a estudiar para denunciar ante los tribunales.