Los ministros de Energía de la UE preven cerrar un acuerdo sobre las reservas de petróleo

La Comisión Europea presentó el pasado noviembre una propuesta llamada a mejorar la seguridad del abastecimiento energético, en la que proponía, entre otras cosas, obligar a los operadores comerciales de reservas de petróleo a informar sobre sus actividades de manera semanal como medida para luchar contra el incremento de los precios.

Después de un primer debate de orientación a escala ministerial en febrero y de la aprobación de un informe parlamentario al respecto en abril, los Veintisiete aspiran a reunir la unanimidad necesaria para dar el siguiente impulso al texto.

Sin embargo, las modificaciones que han sugerido los países de la UE a la propuesta original despiertan ciertas reservas en el Ejecutivo comunitario.

Bruselas no se muestra satisfecha con el empeño de los estados miembros en que la obligación de transmisión y publicación de las reservas comerciales sea mensual en lugar de semanal.

La Comisión Europea tampoco apoya el procedimiento que defienden las delegaciones nacionales para casos de emergencia en los que sea necesario movilizar reservas, e insiste en poder «requerir» a todos los países de la UE que liberen sus reservas en función de los términos acordados con la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Los países, sin embargo, apelan a su derecho a decidir si movilizan sus reservas para cumplir con las obligaciones derivadas de su condición de miembros de la AIE.

A pesar de las diferencias entre instituciones, todo apunta a que la reunión permitirá llegar a un acuerdo, según adelantaron fuentes diplomáticas.

Para España la aprobación de esta normativa no supone grandes cambios puesto que ya es miembro de la AIE y cuenta con un organismo centralizado -la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores)- que controla sus reservas estratégicas.

El objetivo último de la Comisión Europea es coordinar el sistema comunitario con el de la AIE, de la que forman parte la mayoría de los estados miembros de la Unión, para evitar retrasos innecesarios en casos de emergencia relacionadas con las reservas de petróleo.