El primero, por ser el más evidente, es el plazo fijado por la Comisión Europea, impuesto para finales de este año, para que el Gobierno español encuentre una solución al déficit tarifario, tanto acumulado como el que se genera cada mes.

El segundo tiene más que ver con la litigiosidad nacional e internacional que se puede avecinar para el Gobierno español. Industria, que es un ministerio muy escarmentado por los escarnios jurídicos derivados de las chapuzas en las revisiones tarifarias, tiene un considerable terror a una catarata de procesos judiciales, a la vez que reniega de las decisiones políticas en materia energética del pasado.

El tercero, relacionado con el anterior, tiene que ver con los aspectos empresariales y financieros a nivel internacional. Versiones de esto son los pleitos que se adivinan, incluso los que ya se han iniciado, como en el caso de Nextera en el estado de Nueva York, implicando de hoz y coz al propio sistema financiero español. La multiplicación de problemas en la Corte Arbitral Internacional para nuestro país puede ser un fuerte varapalo continuado e inquietante para las autoridades energéticas españolas. Malas noticias para la autarquía solipsista.

En cuarto lugar, y también relacionado, está la propia reacción internacional en el plano de la diplomacia económica. Hemos podido comprobar cómo Estados Unidos, cuya actuación ha sido pública, ha hecho evidente su malestar a través del Embajador y del Gobierno federal. Pero también acaban de emerger las quejas de los países árabes que han manifestado sus posiciones y temores a través de sus monarquías y de la Casa Real.

El quinto tiene que ver con Red Eléctrica de España, verdadera garganta profunda y gran hermano del sistema eléctrico español, enrocada en su afán de mantener integrado al operador de transporte y sistema y, si puede, hacerse con el mercado y con parte de la generación, volviendo a un modelo venezolano. Vete tú a decirles que les reduces la retribución de forma sustancial, con el entreguismo que cultiva el equipo de José Manuel Soria y Alberto Nadal a las huestes de Luis Atienza, José Folgado y Andrés Seco.

El sexto es el propio lugar desde donde nace el enfoque político del problema en términos de imagen pública para el Gobierno, como eje principal y casi exclusivo. Si el Ministerio de Industria amenaza con subidas del 17% de la factura, en el caso de liberalizar de verdad la factura eléctrica, lo que evidencia es que su mayor problema es cómo financiar este desfase con origen político, sin que el consumidor lo note huyendo de los costes en términos de imagen. El aplazamiento del problema y su tratamiento por la vía mediática puede acarrear severos problemas económicos, financieros y judiciales.

Teniendo en cuenta que el margen teórico de rebaja retributiva estaba en el transporte y en ciertas tecnologías renovables, pero su apalancamiento e impacto en el sistema financiero lo complica por todo lo anterior, quiere decirse que buscan una justificación mediática apocalíptica al posible estropicio que puedan causar las medidas que tienen entre manos. El estrecho margen de los Presupuestos Generales del Estado es otro límite, con el engrosamiento de la deuda pública de tomarse la opción de trasladar las primas a las renovables en su integridad a las cuentas públicas. Por tanto, y por eliminación de todo lo anterior, se puede señalar que la solución teórica más fácil es volver a castigar el mercado, al régimen general y a las empresas españolas como posiblemente afectadas del desmadre político-energético de los últimos años.

El séptimo proviene de los propios comportamientos con los que se están elaborando las reformas. Nulo diálogo con los sectores y empresas, secretismo, falta de negociación, fuerte recelo ante lo empresarial y hacia el modelo de liberalización. Urgencias sobrevenidas del aplazamiento y la procrastinación política.

Y, desde luego, también la presencia de esa pretensión del intervencionismo conservador de determinar las rentas de forma discrecional, incluyendo en la ronda, el pago de supuestas deudas pendientes, incluso de índole político.