Los hombres de negro de la energía

Y, con motivo de la entrada en la recta final de la siguiente (o mejor dicho, de la primera) batería de medidas para atacar el déficit tarifario aparecen los hombres de negro del sector eléctrico español a desvirtuar el problema y las soluciones, sembrando la cizaña en las autoridades energéticas españolas tanto a efectos de diagnóstico como a efectos de las propuestas a integrar en una supuesta política energética que recuerda más el pasado que el futuro.

Estos hombres de negro, fúnebres, representantes del pasado, del tardofranquismo y de la intervención en los sectores económicos, de la retribución regulada y asignada por mecanismos políticos, de la discrecionalidad y de la dádiva selectiva, en algún momento tenían que entrar en el escenario y qué mejor momento para ello que el último o, mejor dicho, el penúltimo.

En realidad, los hombres de negro son los representantes del colectivo retroprogresivo español del sector eléctrico, auspiciados por la plataforma Economistas frente a la Crisis (respuesta farsante a Fedea), al frente de la cual está el inefable Jorge Fabra, ex consejero de la Comisión Nacional de Energía. Plataforma que en lo macroeconómico no tiene la sofisticación intelectual de Paul Krugman, al que abominan por comprender los mercados y sus dinámicas y reclama los elementos de intervención más chuscos asociados tradicionalmente al keynesianismo mal entendido.

En ese cuadro, es en el que situar el artículo de Martín Gallego Málaga en el diario El País de ayer «Política energética en tiempos de crisis» , que reitera los argumentos falaces que viene esgrimiendo este colectivo. En todo caso, hay que reconocer que su oportunidad es indiscutible a la hora de procurar condicionar las actuaciones del actual Ejecutivo para resolver el grave problema del déficit tarifario, cuyo origen estriba en la fijación de una tarifa eléctrica que no es capaz de acometer el coste del suministro en su integridad (por otra parte, un coste del suministro incrementado exponencialmente por el crecimiento de los costes regulados).

Así, de forma muy particular, Gallego Málaga desplazaba el problema del déficit tarifario al coste de la energía negociado en el mercado de la electricidad, para disimular y ocultar el espectacular crecimiento de los ingresos regulados (decididos enteramente por mecanismos políticos y administrativos) de los últimos años que pasan y se multiplican por siete, al igual que su techo tarifario.

De hecho, las estimaciones efectuadas, manteniendo los costes regulados en un peso semejante al de 2005 sobre el coste del suministro, hubieran determinado la no existencia de tal déficit con subidas tarifarias equivalentes a la inflación. Por otra parte, en el artículo no aparece ningún análisis con respecto a los costes que soporta la factura que se pueden considerar impropios o ajenos al suministro eléctrico. Al mismo tiempo, situaba en umbrales temporales inexactos el problema del déficit tarifario (2005), cuando en realidad empezó en 2002.

Y, posteriormente, Gallego se centra en el eje de la teoría retroprogresiva del sector eléctrico español: ir contra los mercados. Dice lo siguiente: determinadas tecnologías (que van a mercado) tienen «beneficios extrarregulatorios o sobrecostes» (ya han eliminado prudentemente la expresión windfall profits, dada su inexactitud) derivado de que, aseveran, primero, sólo tienen costes variables y, segundo, omiten la existencia de contabilidad financiera que lo contradice.

Simplificada la ecuación y con esos beneficios calculados «académicamente» por los «antimercado» e integristas de la contabilidad de costes intencional, se puede decidir una retribución a cada tecnología con un beneficio determinado políticamente y «cargarse» los mercados y la dinámica de eficiencia de los precios medios del mismo.

Otro ejemplo de aseveraciones intencionales es la reivindicación de los Costes de Transición a la competencia, efectuada por los exconsejeros Jorge Fabra y Jaime González, cuya inviabilidad jurídica devino en que el recuerdo por parte de los representantes de este colectivo no se amortice, de forma que una visión ideológica personal pase a ser una supuesta posición institucional de la Comisión Nacional de Energía. Algo que, más que falaz, es intrínsecamente falso, dado que el organismo cuando descubrió jurídicamente la tostada obvió pronunciarse por la prudencia de la entonces presidenta Maite Costa.

Con semejante construcción teórica en la que vienen operando desde tiempo inmemorial desde que se extinguió el Marco Legal Estable, los retroprogresivos proponen una teoría redistributiva: que el precio de mercado de estas tecnologías (uno de los más bajos de Europa) se expropie a favor de otras tecnologías primadas, con el fin de otorgar más subvenciones reguladas y crear más capacidad instalada en sectores subvencionados, aunque multipliquen su coste dentro de la factura por cuatro o por cinco respecto al mercado. Y de ahí, que las soluciones que promueve Gallego Málaga (abstraído el exceso de capacidad de generación existente), incluyan ¡más inversiones en generación renovable!, y con «apoyo». Como lo leen. Por tanto, se trata de una falsa solución a un falso problema.

Habría que preguntarse cuál es el valor económico de esta aportación tan oportunista en el tiempo. Porque sorprende lo escaso y vacuo, por frívolo, del tratamiento del mayor problema del sector energético español, el del déficit tarifario, con una construcción que es una especie de profesión de fe en las argumentaciones de los sobrecostes y en posiciones no oficiales transformadas en institucionales por su mera expresión por escrito o referencia en posiciones ideológicas vicarias.

Si esta es la metodología de los Economistas frente a la crisis, habría que poner bajo observación todo lo que aparezca con su marchamo: sin rigor a la hora de explicar el problema del déficit tarifario y su origen, sin valorar los impactos que ha tenido la regulación de tarifas y precios, desligada del coste del suministro por motivos puramente políticos, sin atisbo de crítica sobre el crecimiento de los costes regulados, demediando la contabilidad financiera o la construcción jurídica, la estabilidad regulatoria, la articulación institucional, financiera o de mercado, se desautorizan solos al hacer propuestas espurias sobre una supuesta política energética que no es más que la vieja receta de las inversiones en un sector que hoy no requiere nueva capacidad sino abordar un problema urgente, grave y voluminoso. Probablemente sería preferible que aportaciones así se comprendieran exclusivamente como simples expresiones ideológicas, desvalorizadas, más que un análisis económico constructivo. Más que un artículo, o un análisis económico, es un libelo.