Según explicaron fuentes del sector, representantes de varias asociaciones de renovables se reunieron en la Audiencia Nacional con el equipo legal de Industria y el del propio tribunal, con el objetivo de determinar en qué momento podrían empezar a presentarse recursos contra la normativa.

En diciembre de 2010, el Gobierno aprobó una reducción de las ayudas a la energía solar fotovoltaica mediante una limitación de las horas que cada planta podría cobrar con subvención cada año, de manera que, una vez superada esa barrera, las plantas tendrían que vender la energía a precios de mercado.

Esta normativa contó desde el principio con el rechazo del sector, que mostró su intención de recurrir las liquidaciones elaboradas por la Comisión Nacional de Energía (CNE), en las que se determina la producción y la retribución de cada central.

Sin embargo, el sector tenía dudas sobre el momento en el que debían presentarse esos recursos, algo que pretendía resolver la Audiencia Nacional.

Finalmente, de acuerdo con la doctrina de la propia Audiencia, se confirmó que los recursos deben presentarse una vez que la CNE cuente con las liquidaciones definitivas del año y no con cada liquidación provisional.

El primer año en el que se aprecia el recorte de primas es 2011, pero todavía no se puede recurrir porque no está disponible la liquidación definitiva y, previsiblemente, no lo estará hasta mediados de 2013.

Según estas mismas fuentes, la Audiencia también pidió a las asociaciones que los recursos se presenten «lo más agrupados posible» para «evitar colapsar» los juzgados.

ANPIER ve justa la tasa del 6% si se deroga el decreto de primas

Por otra parte, la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (ANPIER) se mostró de acuerdo con la aplicación de la tasa del 6% a la generación de energía eléctrica, ya que afecta a todos los productores por igual, pero exigió, a cambio, la derogación del Real Decreto que suspende la concesión de primas.

Así lo manifestó el director de ANPIER, Lluis Calatayud i Pla, al inicio de la reunión informativa que mantuvo en la Cámara de Comercio de Cáceres con socios de la asociación y productores extremeños de energía fotovoltaica.

Calatayud explicó que están de acuerdo con la tasa del 6%, cuyo objetivo es paliar el déficit tarifario, pero ha señalado que a ese porcentaje hay que sumarle en el sector fotovoltaico un recorte de entre el 20% y el 40%, con lo que la cifra se situaría en un 36% de media.

Ese 30% de media corresponde al porcentaje que las fotovoltaicas dejaron de percibir con la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 14/2010, que limita la recepción de primas a las 1.250 horas anuales para las instalaciones fijas y las 2.367 para las instalaciones con seguimiento a dos ejes, precisó.

Esta limitación hizo que la práctica totalidad de las instalaciones fotovoltaicas hayan alcanzado en el mes de septiembre ese tope para recibir las primas cuando, indicó, los productores incluyen en sus cuentas los meses restantes para poder hacer frente al pago de los préstamos bancarios.

Por ello, pidió a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados que durante la tramitación de la tasa del 6%, que entraría en vigor el 1 de enero de 2013, enmienden la disposición adicional primera y transitoria segunda del citado Real Decreto.

El presidente de ANPIER, que aglutina a unos 3.800 socios, reivindicó que se corrija esta «situación anómala» fruto del «incumplimiento del Gobierno» y que llevó a «muchos productores a recurrir a sus familias para pagar la deuda con el banco».

Además, recordó que la Ley de Economía Sostenible contemplaba la apertura de una línea ICO específica para resolver el problema de las primas, una cuestión que, aseveró, no resolvieron ni PSOE ni PP.