Los fotovoltaicos recurrirán ante el Supremo la limitación del cobro de primas a 25 años

La Plataforma Legal Fotovoltaica (PLF) solicitará ante el alto tribunal la nulidad de dicha disposición por considerar que es retroactiva, puesto que «atenta contra el principio de seguridad jurídica y vulnera el principio de confianza legítima».

En concreto, la PLF recurrirá la disposición del artículo 1 apartado 10 de la propuesta, que incluye una disposición legal de carácter retroactivo que suprime la tarifa fotovoltaica a partir del año vigésimo sexto de todos los huertos fotovoltaicos acogidos al Real Decreto 661/2007.

Dicha limitación está incluida en el Real Decreto 1565/2010, que publica el Boletín Oficial del Estado y que fue aprobado el viernes por el Consejo de Ministros, por el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.

Las asociaciones empresariales fotovoltaicas ASIF y AEF también estudian recurrir esta disposición, según informaron el pasado viernes.

En un comunicado, la plataforma, constituida recientemente, explicó que está agrupando a todos los productores afectados (los acogidos al Real Decreto 661/2007) para presentar lo antes posible un recurso contencioso-administrativo colectivo ante el Supremo.

La plataforma confía en ser el «paraguas» que agrupe a los cerca de 50.000 productores a los que les afectará la citada medida «retroactiva».

El equipo jurídico de la recién creada asociación está integrado por los despachos de abogados Cuatrecasas, Conçalves Pereira, Dopico,Tizón y Quiros y Promein Abogados.

Por otra parte, el real decreto recorta las tarifas para las plantas fotovoltaicas en techo entre un 5 y un 25%, mientras que las primas para las instaladas en suelo bajan un 45%. Con estos recortes, el Ministerio de Industria prevé ahorrar unos 607 millones de euros entre 2011 y 2013.

Estos recortes se aplicarán a partir de la primera convocatoria del registro trimestral de preasignación a partir de la entrada en vigor del Real Decreto, esto es, a partir de la cuarta convocatoria de 2010.