Estas propuestas, «que fueron rechazadas por Industria», formaron parte de un paquete de soluciones, en el que también se incluía la lucha contra el fraude y la limitación a la repotenciación de las plantas (aumento de la potencia instalada), apuntó Juan Laso.

La financiación del déficit de tarifa (diferencia entre los costes y los ingresos del sistema eléctrico) por parte de los empresarios fotovoltaicos sería voluntaria y a través de los beneficios que obtienen de sus plantas.

Esta financiación se realizaría a tres años, en los que el problema del déficit se reduciría, aunque el importe de la contribución tendría que ser devuelta a los inversores pasado ese plazo.

Por lo que respecta a la renuncia a las primas, Laso explicó que la normativa actual garantiza a las instalaciones fotovoltaicas una determinada retribución para los primeros 25 años y otra, más reducida, desde el año 26 en adelante.

El presidente de la AEF reconoció que este sistema «no tiene sentido» porque las plantas recuperan la inversión a los 25 años, por lo que no sería necesario cobrar subvenciones a partir de esa fecha.

Entre las propuestas también figuraba la limitación a la repotenciación de las plantas, permitida por la normativa actual, de manera que los empresarios que decidieran ampliar sus instalaciones cobraran las primas actuales y no las de las primeras placas, mucho más elevadas.

En cuanto a las consecuencias de la falta de consenso en el proceso negociador con el ministerio, Laso las calificó de «gravísimas», puesto que este sector, con 23.000 millones de euros de inversión acumulada, más de 51.000 instalaciones, más de 35.000 pequeños inversores y también grandes inversores nacionales e internacionales, lleva ya más de cuatro meses bajo la amenaza de la seguridad de sus inversiones y esto provoca una paralización absoluta del sector».

También apuntó que «de nada vale legislar a futuro si no hay seguridad sobre la estabilidad jurídica de nuestras inversiones. Además se lesiona cada vez más el prestigio y la imagen de nuestro país ante la inversión, y sobre todo ante la tan necesaria inversión extranjera, y se dificulta la proyección de nuestras empresas en el exterior, sobre todo por la incertidumbre».

El presidente de AEF criticó la postura de Industria en las negociaciones para la revisión de las primas y aseguró que el ministerio no ha planteado ninguna propuesta formal, de manera que «mantiene la incertidumbre» sobre sus objetivos y que no se ha conseguido un consenso porque desde el ministerio «o no quieren o no saben».

Según Laso, «o es falta de voluntad del ministro para cerrar un acuerdo, o es incompetencia para entender la realidad de nuestro sector y la magnitud de las propuestas aportadas«, ya que «hemos trabajado como el que más para aportar fórmulas (muchas en el límite de las posibilidades reales de los inversores) que, respetando la seguridad jurídica y la viabilidad de las inversiones realizadas, contribuyan a reducir el déficit de tarifa».

Entre las propuestas informales figura una reducción de las primas para las futuras instalaciones del 45 por ciento para suelo (que podría alcanzar el 65 por ciento) y una limitación de las horas de producción subvencionadas.

Laso insistió que una limitación horaria sería un recorte retroactivo de la retribución, por lo tanto ilegal, y lamentó la paralización que sufre el sector por la incertidumbre sobre la futura normativa.

Industria había fijado el mes de julio como límite para llegar a un acuerdo con las asociaciones empresariales fotovoltaicas sobre la revisión de las primas, algo que no ha sido posible.

Laso indicó que este año «no tendrán vacaciones» y que la AEF seguirá trabajando durante el mes de agosto.