Los fotovoltaicos piden a Industria hasta enero de 2013 para adaptar sus plantas a las caídas de tensión

Según confirmaron fuentes del sector, debido a los retrasos administrativos el plazo fijado por Industria es difícil de alcanzar y su incumplimiento conlleva que las plantas fotovoltaicas mayores de dos megavatios (MW), a las que afecta la medida y que representan más del 70% del parque fotovoltaico español, se queden sin tarifa.

A la espera de que se resuelva esta situación, tanto la Asociación Solar de la Industria Fotovoltaica (ASIF) y la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF) solicitaron por separado al Tribunal Supremo que suspenda cautelarmente el cumplimiento de este objetivo.

El sector solar, recordó también, que el plazo previsto para las plantas fotovoltaicas es más corto que el que se estableció para las instalaciones eólicas, que también se tuvieron que adaptar para soportar los huecos de tensión, y a las que se les compensó además por el coste sobrevenido.

La adaptación técnica contempla, por un lado, cambiar o adaptar los inversores de las instalaciones o dejarlos como están e instalar otros equipos. Una operación que supone un coste aproximado de entre 16.000 a 47.000 euros por MW nominal y que incluso puede alcanzar los 237.000 euros.

Por problemas burocráticos, que retrasaron las negociaciones entre los productores de energía y los distribuidores, los trabajos no han comenzado a desarrollarse hasta el mes de abril, seis meses antes de la fecha límite.

Una situación que dificulta el cumplimiento de los plazos y que para el sector representa una nueva inseguridad jurídica, tras la reducción de las tarifas en un 45% para las instalaciones de suelo, un 25% para tejados de gran superficie y un 5% para los pequeños.

Asimismo, consideraron que este plazo puede crear una burbuja económica así como prácticas especulativas en los precios y un encarecimiento de los bienes de equipo y de los procesos.

Durante los últimos meses, el sector fotovoltaico estuvo trabajando con Red Eléctrica de España (REE) en un grupo de trabajo para llevar a cabo estos cambios en condiciones normales y sin problemas de certificación, al tiempo que elaboró un anexo al procedimiento de verificación, que se envió a Industria y que éste devolvió con su aceptación tácita. Actualmente, indicaron, el documento se encuentra en manos de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).

Por ello, el sector consideró que el plazo debería extenderse tres meses más, hasta principios de 2013, una fecha en la que añadieron, las condiciones económicas también serán mejores.

Además, y en otro orden de cosas, ASIF consideró que este la energía fotovoltaica debe contar con una estabilidad regulatoria que simplifique los procedimientos administrativos y agilice la tramitación de las instalaciones.

El Gobierno y las Comunidades Autónomas deben mostrar un «apoyo decidido» a este tipo de energía, dijo en Valladolid Juan Guerrero, presidente del Cluster de Castilla y León, y Tomás Díez, director de Comunicación y Relaciones Externas de ASIF.

En una reunión informativa para detallar las claves de la industria fotovoltaica en Castilla y León, los representantes de ASIF manifestaron que esta región es la primera de España por número de fábricas solares.

La estabilidad normativa de dicho sector industrial permitiría desarrollar el autoconsumo y fijar unas «reglas de juego claras», insistieron los dirigentes de ASIF.

Además, pronosticaron que en 2020 se duplicará en España el mercado de esta energía y que cuatro años antes, en 2016, la fotovoltaica competirá con otras energías.

En su opinión, las tarifas de la energía fotovoltaica «están bajando» a escala nacional y señalaron que ahora hay 12.000 empleos relacionados con ella.

En 2010 dicha industria produjo en Castilla y León 615 GWh, energía suficiente para satisfacer las necesidades de más de 150.000 hogares y evitar la emisión de más de medio millón de toneladas de CO2 si esa misma electricidad se hubiera generado con carbón, de acuerdo con la misma asociación.