Los fotovoltaicos inician la denuncia del contrato del Gobierno con las consultoras de energías renovables

Según fuentes de la asociación, la denuncia se presentará si, conforme a los plazos sobre publicación de contratos públicos, el Gobierno no da a conocer los detalles de la licitación antes de este martes, 22 de octubre, como es probable que ocurra. Además, indicaron que este trámite permitirá denunciar la adjudicación del contrato ante los tribunales.

Como paso previo a la denuncia judicial, Anpier se presentará con un notario a las 13 horas de este martes en la sede del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE) para certificar el supuesto incumplimiento de la normativa sobre contratación.

Además, aportará al instituto dependiente del Ministerio de Industria otros 1.000 expedientes de pequeños productores de energía fotovoltaica, que se suman a una cantidad similar de casos ya presentados hace apenas dos semanas.

La asociación denunció que el proceso de selección de las consultoras que deben calcular antes de fin de año la nueva retribución de las renovables se realizó de forma irregular y sin que por el momento exista ningún documento oficial de conocimiento público con sus nombres, a pesar de que se difundieron a la prensa que las elegidas son Roland Berger y Boston Consulting.

Anpier explicó que el traslado de expedientes fotovoltaicos al IDAE se realiza para evitar que el Gobierno pueda alegar desconocimiento de los datos de las plantas durante el proceso de fijación de la nueva remuneración.

Además, consideró que la denuncia del proceso de licitación de los contratos a las consultoras puede ayudar a invalidar la adjudicación y por tanto pondría en entredicho la entrada en funcionamiento en enero del nuevo cálculo de retribución a las renovables.

Por otro lado, Anpier celebró reuniones con las comunidades autónomas para animarlas a presentar recursos ante el Tribunal Constitucional en contra del nuevo esquema de retribución a las renovables, en el que detectan aspectos retroactivos. Todas las autonomías les recibieron, salvo Castilla-La Mancha.

La asociación ya consiguió que Navarra y Murcia presenten recursos de inconstitucionalidad contra la norma, y consideró que otras cuatro comunidades podrían sumarse, entre ellas Euskadi, Cataluña y Valencia, aunque esta última de forma más improbable.

La sexta comunidades sería Extremadura, con cuyo recurso cuentan los fotovoltaicos. Esta comunidad ya solicitó al Constitucional una comisión bilateral entre la Junta y el Gobierno, lo que le da un plazo adicional de seis meses para decidir si recurre o no.