Los fotovoltaicos denuncian «un robo superior al de las preferentes» en las inversiones de pequeños empresarios

El tesorero de Anpier y delegado de la asociación en la Comunitat Valenciana, Lluís Calatayud, manifestó que el sector se encuentra en una situación «crítica» como consecuencia «del robo del Gobierno del PP» en la reducción en el pago de las primas.

Con las plantas puestas en marcha y los patrimonios de los inversores, en su mayoría pequeños empresarios, hipotecados, se derogó el sistema de ayudas que en la práctica supone «recortes de hasta el 50%» de los retornos que garantizaba el Estado, y así la mayor parte de las instalaciones es inviable, según la entidad.

Calatayud explicó que hoy por hoy no se sabe cuál es el derecho de los productores, cuando era una inversión «garantizada por el Estado».

«Es un robo superior a las preferentes, porque esto era un contrato escrito que la gente no leyó y los bancos se aprovecharon, pero lo de las fotovoltaicas estaba muy bien leído y escrito en el BOE», criticó.

En la Comunitat Valenciana unas 6.000 familias producen energía solar fotovoltaica, y aportan 350 MW en 5.000 instalaciones.

Según Calatayud, muchos empresarios invirtieron «como un plan de pensiones, o pensando en sus hijos para tener una renta añadida», y ahora están utilizando sus ahorros para pagar la inversión porque avalaron el préstamo con su patrimonio personal.

El portavoz de Anpier lamentó que quien gobierna en España en el ámbito de la energía son las grandes empresas eléctricas de Unesa.

Anpier convocó una concentración el 21 de junio ante el Ministerio de Industria para mostrar su «malestar y enfado» con la forma de gobernar del ministro José Manuel Soria, que a su juicio está «robando a los españoles».

Los representantes de la entidad explicaron en Valencia la situación en que han quedado los productores de energía fotovoltaica tras los cambios en la regulación.

España pasó de ser líder en fotovoltaicas a nivel mundial a «ser líder en conflictos judiciales y el país con más reclamaciones judiciales en el exterior» en el ámbito de la energía, lamentó Calatayud.