Los fotovoltaicos de Anpier pedirán a Industria y la CNE una auditoría de los costes del sistema eléctrico

La asociación indicó que durante estas reuniones exigirá al Gobierno y al regulador la realización de la citada auditoría y «un ejercicio de transparencia frente al ciudadano», con el objetivo de que los ciudadanos conozcan «la imagen real» del sector y cómo se les cargan sus costes.

Anpier consideró que, en la coyuntura de crisis y pobreza energética que sufre la ciudadanía, «es una obligación del Estado realizar este ejercicio serio y riguroso», para que se expliquen los costes reales que supone cada modalidad de generación, así como los impactos positivos y negativos para la sociedad y el medio ambiente de cada tecnología.

Asimismo, denunció que España es el país de la Unión Europea en el que los ciudadanos pagan la energía más cara y el único en el que se generó déficit de tarifa, cuyo volumen en términos acumulados alcanza los 30.000 millones de euros.

Esta cifra supone que cada español debe 638 euros por la energía consumida en los últimos diez años. Al mismo tiempo, el país tiene un índice de pobreza energética «alarmante», ya que cerca del 14% de la población, unos 6 millones de personas, son incapaces de mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud y que el número de muertes por este motivo supera al de la siniestralidad en las carretera españolas.

«Esta realidad contrasta fuertemente con elevadas cifras de facturación que acumulan en cada ejercicio las grandes compañías eléctricas, lo que les ha permitido alcanzar un alto grado de internacionalización y ofrecer millonarias retribuciones tanto a sus directivos como a sus consejeros externos, que en muchos casos fueron altos cargos de la Administración que influyeron de manera decisiva en la configuración de nuestro actual sistema energético», afirmó Anpier.

La asociación denunció además que en 2013 cada español abonará 80 euros al sistema eléctrico en concepto de costes a los que considera «ficticios», al margen de la deuda correspondiente al déficit de tarifa.

Estos costes a los que aludió Anpier incluyen desde la moratoria nuclear hasta el servicio de interrumpibilidad, y especialmente los llamados «windfall profit», que consiste en una sobrerretribución de nuclear e hidráulica provocada por el diseño del mercado mayorista de electricidad.