Los ecologistas quieren que se anule la ratificación del informe que estima el lucro cesante del cierre de Garoña

Así, el portavoz nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, ha explicado que se ha presentado un recurso de súplica para que no se admitiera la ratificación pericial de dicho informe, puesto que en un principio estaba citado Hernández pero finalmente ha acudido el otro autor del documento elaborado por Nera Econonomic Consulting, Óscar Arnedillo.

La citada sala de la Audiencia Nacional autorizó la semana pasada que Hernández no acudiera a la cita en los tribunales, pero a juicio de Greenpeace esto se ha permitido por el nuevo puesto de Hernández. De este modo, Bravo considera que el hecho de que haya excusado su presencia «con el pretexto» de ser secretario de Estado de Energía, «prueba la vulnerabilidad de su ejercicio».

Además, ha asegurado que la jueza «ha decidido que se le tomara la declaración y resolver el recurso con posterioridad», por lo que prevé que esta ratificación pericial será «anulada», un «asunto» que espera será resuelto «antes de final de mes», según los plazos previstos.

En este contexto, Bravo ha reiterado que Greenpeace exige al Gobierno el cese del nuevo secretario de Estado de Energía, Fabrizio Hernández, al considerarle «inhabilitado» para ejercer su cargo dentro del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y por su «trayectoria contra las renovables», después de realizar el informe económico sobre el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).

En este sentido, ha agregado que, de mantener en su cargo al nuevo secretario de Estado, la ONG «impugnará ante los tribunales cualquier decisión que él tome en materia de energía» por considerar «incongruente» que el representante de esta secretaría haya participado en contra de decisiones ministeriales del Gobierno.

El nuevo secretario de Estado es coautor del informe pericial elaborado a petición del titular de la central nuclear de Santa María de Garoña, Nuclenor, para cuantificar el lucro cesante derivado de la orden ministerial que fija el cierre de la planta el 6 de julio de 2013. El documento valora que el perjuicio económico de esta decisión asciende a 951,4 millones de euros que ahora reclamara al Estado.

«Es evidente que no puede seguir en el puesto por lo que pedimos que el Gobierno le cese«, ha apostillado Bravo, quien ha calificado de «inadmisible, sorprendente, rocambolesco y surrealista» que el perito pedido por Nuclenor fuera citado «expresamente» por la Audiencia Nacional para ratificar el documento que reclama al estado casi 1.000 millones de euros, sea ahora el secretario de Estado de Energía, que debe defender la orden ministerial del cierre de la planta burgalesa.

En ese sentido, manifiesta que «esta persona está completamente inhabilitada, por su trayectoria, para decidir cualquier cosa sobre Iberdrola y Endesa», que son propietarias al 50 por ciento de Garoña.

Bravo incide en que el nuevo encargado de Energía «no es imparcial» porque «ha mantenido una postura muy concreta contra las energías renovables» y porque ve «evidencias de que no va a ser imparcial». «No puede seguir en el puesto porque dudamos que sea compatible», ha reiterado.

Finalmente, ha manifestado que Hernández es ahora «juez y parte implicada por parte de Nuclenor» en el contencioso sobre el cierre de Santa María de Garoña.