Los ecologistas exigen que se derogue el decreto al carbón y que no se ralentice el crecimiento de las renovables

En este sentido, ha pedido a José Luis Rodríguez Zapatero que aproveche «los reparos formulados» por la Audiencia Nacional y el Tribunal de Luxemburgo para derogar el decreto, y establezca un calendario para el cierre de las térmicas. A su juicio, la sustitución del carbón «debería ser una prioridad de las políticas energéticas».

«Prolongar indefinidamente, con ayudas públicas directas e indirectas, la vida de las térmicas de carbón, centrales eléctricas muy ineficientes e intensivas en emisiones de dióxido de carbono, resulta irresponsable en el contexto de una crisis ecológico-energética», ha criticado la asociación ecologista.

De este modo, la asociación resalta que «los costes de renunciar al carbón son muy inferiores a los costes de usarlo», al tiempo que han resaltado los beneficios económicos y socioambientales que conllevaría sustituirlo.

Por su parte, Greenpeace ha celebrado el bloqueo temporal promovido por la Audiencia Nacional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al desarrollo del «dañino» real decreto que incentiva la quema de carbón nacional en centrales eléctricas.

Para la organización ecologista, se trata de una decisión judicial positiva, al entender que la medida de ayudas al carbón hasta 2014 perjudica el medio ambiente, es un gasto «innecesario» y retrasa la reconversión del sector minero.

Además, la organización reitera la «total incompatibilidad» de esta normativa con el futuro régimen europeo de ayudas al carbón y con la estrategia europea a 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

Según Greenpeace, se trata de una medida «exclusivamente destinada a beneficiar al empresariado minero que retrasa la necesaria reconversión del sector y, por lo tanto, no garantiza un futuro a sus trabajadores».

«La aceptación de las medidas cautelares solicitadas por las partes en un proceso es el primer indicio de que la autoridad judicial considera razonables sus argumentos y dañina la aplicación de la normativa impugnada por las eléctricas» explicó la responsable de la campaña cambio climático y energía de Greenpeace, Aida Vila.