Los ecologistas critican la «falta de transparencia» ante la posible reapertura de la central de Garoña

Estas organizaciones subrayaron que el CSN debe atender su solicitud en virtud del Convenio de Aarhus y la Directiva Europea de Seguridad Nuclear, que establecen el derecho a la información y participación de la ciudadanía en procesos como el de Garoña. Por ello, explican que el artículo 45 del estatuto del CSN permite al Comité Asesor recabar la información que considere necesaria para mejorar la transparencia del organismo nuclear e incentivar el acceso a la información y la participación ciudadana.

«Como miembros del Comité Asesor del CSN exigimos una reunión extraordinaria para velar por la transparencia en el proceso de reapertura de Garoña», afirmó el portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, que explicó que el Comité Asesor «tiene como función fundamental orientar al CSN en tareas de comunicación y transparencia, y qué mejor ocasión que la del estudio de las exigencias a Garoña, que genera enorme expectación social».

La solicitud de la titular Nuclenor, participada conjuntamente al 50% por Endesa e Iberdrola, para ampliar la vida útil de Garoña hasta el 2 de marzo de 2031 significaría, a juicio de Castejón, conceder 20 años más de vida útil a una central «diseñada para una explotación comercial de 40 años ya cumplida en 2011». Así, las organizaciones ecologistas recuerdan que la decisión de reapertura implicaría una extensión de las actividades que puede tener graves efectos sobre el medio ambiente.

Por ello, Greenpeace y Ecologistas en Acción solicitan al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la información relativa al trámite de información pública, así como un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental para la prolongación de la vida útil de Garoña. «El proceso de Evaluación de Impacto Ambiental exige, entre otras cosas, que se comparen alternativas. Garoña no podrá demostrar que es una alternativa limpia, segura y más barata que las energías renovables», concluyó Raquel Montón responsable de la campaña nuclear de Greenpeace.

Finalmente, Raquel Montón aseguró que esta planta atómica, ubicada en la localidad burgalesa de Valle de Tobalina, operando desde 1971, es la más antigua de la Unión Europea y que los riesgos que conlleva su «reapertura» suponen riesgos de gran envergadura que «bien merecen ser conocidos por la ciudadanía antes de que los organismos oficiales decidan prolongar su vida útil.